Valiente para atacar, cobarde para debatir: Pilar Cisneros reta directamente a José María Villalta

En las últimas semanas, el diputado José María Villalta y el Frente Amplio (FA) han intensificado sus críticas contra el Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Sus advertencias sobre supuestos “apagones” y “tarifazos” han sido constantes. Ante esto, Pilar Cisneros, exdiputada y voz fuerte del oficialismo, lanzó una frase que caló hondo: “Valiente para atacar, cobarde para debatir”, dirigida específicamente a Villalta. El reto es claro: confrontar ideas con argumentos técnicos, datos y evidencia, en lugar de limitarse a declaraciones alarmistas desde las redes y la tribuna. Hasta ahora, el silencio o las respuestas evasivas han predominado, revelando una actitud que debilita el debate democrático necesario para el futuro energético de Costa Rica.

Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos más limpios y con mayor cobertura de América Latina, construido durante décadas bajo el liderazgo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El modelo ha garantizado acceso universal, tarifas solidarias y una matriz mayoritariamente renovable. Sin embargo, el crecimiento de la demanda —impulsado por la industria, el nearshoring, la electromovilidad y el desarrollo tecnológico— exige una modernización urgente. El marco legal actual, fragmentado y obsoleto, dificulta la incorporación eficiente de energías variables como solar y eólica, el almacenamiento de energía y la participación ordenada del sector privado.

Antecedentes del Proyecto de Armonización Eléctrica

El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414) busca actualizar la regulación eléctrica sin destruir el modelo público. Sus antecedentes se remontan a más de dos décadas de intentos por modernizar el sector. Discusiones técnicas en administraciones anteriores, informes de organismos internacionales y la necesidad de alinearse con el Mercado Eléctrico Regional (MER) centroamericano sentaron las bases.

Aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, el proyecto propone una ley marco que organiza de forma coherente la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Mantiene la transmisión como monopolio estatal, preserva el rol central del ICE como generador, distribuidor y respaldo del sistema, y refuerza la rectoría del Estado a través del MINAE. Introduce mecanismos modernos como subastas competitivas para nueva generación, un Operador del Sistema más independiente (similar a ECOSEN) y herramientas de planificación integrada de recursos energéticos. No elimina la obligación de servicio público universal ni los subsidios cruzados.

Beneficios para Costa Rica

Los beneficios de esta armonización son sustanciales y han sido respaldados por análisis técnicos y opiniones de cámaras empresariales, expertos en energía y reguladores:

• Tarifas más bajas y predecibles: Al aumentar la oferta de generación a través de competencia regulada, se reducen los costos marginales. Costa Rica actualmente enfrenta precios relativamente altos que restan competitividad. Mayor inversión en renovables y almacenamiento permitirá optimizar el uso de recursos y disminuir la dependencia de térmicos en épocas secas.
• Mayor seguridad y resiliencia energética: El proyecto facilita la integración de tecnologías modernas (baterías, generación distribuida, respuesta a la demanda). Esto reduce el riesgo de racionamientos ante variabilidad climática o picos de demanda, fortaleciendo la posición de Costa Rica en el mercado regional.
• Impulso económico y generación de empleo: Tarifas competitivas atraen inversión extranjera en sectores electrointensivos, zonas francas y nearshoring. Se generan empleos calificados en construcción, operación y mantenimiento de plantas renovables. Cámaras como la de Industrias, Comercio y Construcción han señalado esta reforma como clave para el crecimiento.
• Sostenibilidad ambiental: Acelera la meta de un sistema 100% renovable con mayor flexibilidad, apoyando los compromisos de descarbonización del país.

Esta no es una privatización salvaje, sino una actualización equilibrada que mantiene el control estatal donde corresponde, similar a las reformas exitosas que ya han beneficiado a los costarricenses en telecomunicaciones y otros sectores regulados.

Las aseveraciones del Frente Amplio y la exigencia de pruebas

José María Villalta y la fracción del Frente Amplio han calificado el proyecto como un ataque al ICE, una amenaza al modelo solidario y un camino seguro hacia apagones y tarifazos que afectarán principalmente a las familias y PYMES. Villalta ha sido particularmente enfático, presentando la iniciativa como un retroceso que prioriza intereses privados sobre el interés público.

Estas afirmaciones son graves porque siembran temor en la población sin presentar evidencia técnica robusta. ¿Qué estudios de modelación eléctrica demuestran que el proyecto generará inevitablemente apagones? ¿Dónde están los análisis independientes que pronostican tarifazos para los hogares? ¿Por qué se ignora que el ICE conserva roles protagónicos y que se mantienen las obligaciones de servicio universal y solidaridad tarifaria?

Pilar Cisneros tiene razón al retar directamente a Villalta: es fácil atacar con consignas ideológicas y generar alarma pública, pero resulta cobarde negarse a un debate técnico abierto donde se confronten datos, proyecciones de la ARESEP, opiniones de expertos y comparaciones internacionales. Costa Rica merece un intercambio serio, no discursos para movilizar bases políticas.

El statu quo ya muestra fisuras: demanda creciente que el Estado solo no puede satisfacer con la rapidez necesaria, limitaciones para incorporar nueva generación renovable y oportunidades de desarrollo perdidas. Modernizar el sistema no es traicionar los principios costarricenses, sino adaptarlos para que sigan siendo sostenibles y equitativos en el siglo XXI.

Esperamos que José María Villalta recoja el guante lanzado por Pilar Cisneros. Que presente argumentos técnicos, modelos y pruebas concretas en lugar de repetir advertencias catastróficas. El país necesita avanzar con un sistema eléctrico moderno, eficiente, confiable y accesible para todos. La cobardía para debatir solo retrasa el progreso que Costa Rica requiere.