Polígrafo vuelve al centro del debate tras negativa de magistrados a participar en pruebas impulsadas por el Gobierno

Mientras la administración de Laura Fernández promueve el uso del detector de mentiras como mecanismo adicional de control y confianza institucional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazan someterse a la herramienta alegando razones de imparcialidad judicial

an José, 22 de junio de 2026 (ElDiarioCR).- La decisión de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de descartar la aplicación de pruebas de polígrafo solicitadas por el Gobierno reavivó una discusión que durante años ha generado posiciones encontradas en Costa Rica: ¿debe el llamado “detector de mentiras” formar parte de los mecanismos de control para funcionarios públicos vinculados a temas sensibles de seguridad y combate al crimen organizado?

La controversia surgió luego de que la presidenta Laura Fernández invitara a representantes de distintas instituciones a participar en las reuniones de la denominada Fuerza Élite, una instancia de coordinación interinstitucional creada para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Como parte de los requisitos establecidos por el Ejecutivo, los participantes deben someterse a pruebas de polígrafo.

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, comunicaron que no participarán en dichas pruebas. Según explicaron mediante una respuesta institucional, los magistrados podrían eventualmente conocer recursos o procesos judiciales relacionados con el uso del polígrafo, por lo que consideran necesario mantener distancia de cualquier actividad que pueda comprometer su objetividad o generar cuestionamientos sobre su imparcialidad.

La posición del Poder Judicial no cuestiona directamente la iniciativa del Ejecutivo, pero sí establece una diferencia de criterio respecto al papel que deben desempeñar los jueces dentro de este tipo de mecanismos.

“El Poder Judicial respeta la iniciativa del Poder Ejecutivo”, indicaron las autoridades judiciales, aunque subrayaron que la naturaleza de sus funciones exige preservar independencia frente a herramientas que podrían llegar a ser objeto de discusión en los tribunales.

La situación ha provocado reacciones dentro y fuera de la esfera política. Sectores afines al Gobierno sostienen que el polígrafo constituye una herramienta complementaria de verificación que ya ha sido utilizada por diversos funcionarios públicos y cuerpos especializados de seguridad sin mayores inconvenientes. Desde esa perspectiva, consideran que los controles adicionales fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de combatir el crimen.

De hecho, durante los últimos años distintos funcionarios vinculados a labores de seguridad, inteligencia y control han participado voluntariamente en procesos de verificación similares como parte de protocolos internos destinados a reducir riesgos de infiltración criminal.

Quienes respaldan la medida argumentan que, en momentos en que el país enfrenta una creciente amenaza del narcotráfico y de organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, los estándares de control sobre quienes manejan información sensible deberían ser más rigurosos.

La frase popular “quien nada debe, nada teme” ha sido utilizada ampliamente por defensores de la iniciativa para justificar la conveniencia de someterse a este tipo de evaluaciones. Sin embargo, especialistas en derecho y garantías constitucionales recuerdan que el debate no gira únicamente alrededor de la confianza personal, sino también sobre el alcance legal y científico de la herramienta.

Precisamente por ello, las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia han conocido durante las últimas dos décadas diversos procesos relacionados con el uso del polígrafo en materias constitucionales, laborales y penales. Algunas resoluciones han abordado aspectos vinculados con su validez como elemento probatorio, mientras que otras han analizado derechos laborales o cuestionamientos sobre su aplicación en determinados contextos.

La existencia de esos antecedentes judiciales explica en buena medida la cautela mostrada por los magistrados frente a la invitación del Ejecutivo.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su apuesta por incorporar mayores mecanismos de control dentro de la estrategia nacional de seguridad. La administración Fernández ha insistido en que la lucha contra el crimen organizado exige fortalecer la confianza entre las instituciones y blindar los espacios de coordinación frente a posibles infiltraciones.

La discusión probablemente continuará durante las próximas semanas. Más allá del debate técnico sobre el polígrafo, el episodio refleja una realidad cada vez más evidente: la seguridad nacional se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda política costarricense, obligando a las instituciones a encontrar un delicado equilibrio entre transparencia, controles internos, independencia de poderes y respeto al Estado de Derecho.