Oposición recciona de mala gana a anuncio de recortes en gastos presentado por Chavez

San José, 28 de junio de 2026 – El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, anunció un ajuste fiscal que incluye recortes del 5% en el presupuesto de varias instituciones públicas y poderes del Estado para lo que resta del año 2026. La medida, presentada junto a la presidenta Laura Fernández Delgado, busca contener el gasto público, mejorar las finanzas del Estado y combatir problemas como el contrabando.

Chaves detalló que se enviará un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa para implementar las reducciones. Entre las cifras más significativas destacan:

• Aproximadamente ¢27.000 millones al Poder Judicial.
• ¢311 millones a la Defensoría de los Habitantes.
• Cerca de ¢2.300 millones a la Contraloría General de la República.
• Recortes equivalentes también para la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y otras instituciones autónomas.

“En Costa Rica no hay ticos con corona ni poderes con corona. Todos debemos hacer un esfuerzo por ahorrar”, afirmó Chaves durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial. El jerarca justificó la medida como necesaria para fortalecer las finanzas públicas y priorizar recursos en áreas estratégicas, al tiempo que se reforzarán acciones contra evasores de impuestos y contrabando mediante tecnología avanzada.

Reacciones de la oposición y sectores afectados

El anuncio generó inmediatas críticas por parte de la oposición legislativa y representantes de las instituciones afectadas. Diputados de partidos como el Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otras fracciones minoritarias cuestionaron el alcance y la forma de implementación de los recortes, argumentando que podrían afectar el funcionamiento de poderes independientes y servicios esenciales a la ciudadanía.

“Este tipo de recortes unilaterales ponen en riesgo la independencia de poderes y la calidad de la justicia y el control institucional”, señaló un legislador de oposición, quien advirtió que la Asamblea Legislativa analizará con rigor el presupuesto extraordinario antes de aprobarlo. Organizaciones como la Asociación Costarricense de la Judicatura rechazaron especialmente el recorte al Poder Judicial, estimando que ¢27.000 millones podrían impactar en la operatividad de tribunales, atención al público y lucha contra la delincuencia.

La Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República también expresaron preocupación. Representantes de estas entidades indicaron que, aunque reconocen la necesidad de austeridad, reducciones abruptas podrían limitar su capacidad de fiscalizar al propio Gobierno y proteger derechos ciudadanos.

Sectores sindicales y académicos han calificado la medida como “ajuste neoliberal” que prioriza el ahorro por encima de la inversión social. “Mientras se recorta en instituciones clave, persisten problemas de evasión fiscal y gasto ineficiente en otras áreas”, criticaron voceros opositores.

Contexto y justificaciones del Gobierno

Rodrigo Chaves, quien funge como ministro de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández Delgado, ha sido consistente en su discurso de disciplina fiscal. El recorte del 5% se enmarca en una estrategia más amplia que incluye el envío del presupuesto ordinario para 2027 con ajustes adicionales y el fortalecimiento de la Policía de Control Fiscal.

El Ejecutivo argumenta que Costa Rica enfrenta presiones en su deuda pública y necesita generar ahorros para mantener la estabilidad macroeconómica sin recurrir a nuevos impuestos. “El esfuerzo debe ser compartido por todos los poderes del Estado”, insistió Chaves, quien aseguró que la medida respeta la separación de poderes al someterse a aprobación legislativa.

Posibles impactos y próximos pasos

De aprobarse en la Asamblea Legislativa —donde el oficialismo tiene mayoría—, los recortes entrarían en vigencia en el segundo semestre de 2026. Analistas económicos indican que, si bien ayudan a contener el déficit, deben implementarse con cuidado para no afectar servicios públicos esenciales ni la independencia institucional.

La discusión en el Congreso promete ser acalorada, con la oposición buscando modificaciones o compensaciones en otras partidas presupuestarias. Mientras tanto, el Gobierno continuará impulsando medidas complementarias contra el contrabando y la evasión fiscal.

Este anuncio refuerza el estilo austero que ha caracterizado la gestión de Rodrigo Chaves en Hacienda, pero también aviva el debate sobre el equilibrio entre ahorro fiscal y sostenibilidad de las instituciones democráticas en Costa Rica.