Condenan a exjueza que utilizó su cargo para beneficiar a sospechoso de narcotráfico

San José. Un tribunal penal dictó una condena de 14 años de prisión contra la exjueza limonense Rosa Elena Gamboa, tras determinar que utilizó la influencia derivada de su cargo para favorecer a un hombre investigado por un importante caso de narcotráfico, en un proceso que durante varios años puso bajo la lupa la posible infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia costarricense.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, cuyos jueces concluyeron de forma unánime que la exfuncionaria incurrió en los delitos de tráfico de influencias e infracción a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas con las que sostuvo que Gamboa aprovechó la autoridad que le confería su cargo dentro del Poder Judicial para intervenir en beneficio del ciudadano hondureño Raduán Zamora Valerio, quien había sido detenido tras un operativo antidrogas en el Caribe costarricense, en el que las autoridades decomisaron más de una tonelada de marihuana.

De acuerdo con los hechos que el tribunal tuvo por acreditados, la intervención de la entonces jueza permitió modificar las medidas cautelares impuestas al sospechoso. Esa decisión abrió la posibilidad de que abandonara el país antes de enfrentar el juicio correspondiente, situación que finalmente derivó en su fuga y en la imposibilidad de continuar el proceso penal en su contra dentro del territorio nacional.

La investigación que dio origen a este caso fue desarrollada por el Ministerio Público con apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), instituciones que durante varios años recopilaron evidencia documental, pericial y testimonial sobre la presunta participación de la exfuncionaria en actuaciones dirigidas a favorecer a personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas.

Como parte de las diligencias judiciales, agentes del OIJ realizaron allanamientos en la residencia de Gamboa y decomisaron evidencia que posteriormente fue incorporada al expediente penal y analizada durante el debate.

El proceso judicial atravesó varias etapas antes de llegar a esta resolución. En una oportunidad anterior, la exjueza había sido absuelta; sin embargo, la Sala de Casación Penal anuló esa sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio al considerar que existían elementos probatorios que debían ser nuevamente valorados por otro tribunal. Ese nuevo debate concluyó ahora con un fallo condenatorio.

Los jueces consideraron acreditado que la conducta de la exfuncionaria excedió cualquier actuación propia de sus funciones y que utilizó la influencia derivada de su posición para favorecer intereses ajenos a la correcta administración de justicia, comprometiendo la imparcialidad que debe caracterizar el ejercicio de la función jurisdiccional.

Tras conocerse la sentencia, la defensa de Rosa Elena Gamboa anunció que recurrirá el fallo mediante los mecanismos que contempla la legislación costarricense, por lo que la condena aún deberá superar las etapas de impugnación antes de quedar en firme.

Más allá de las consecuencias penales para la exjueza, el caso ha sido considerado uno de los procesos más relevantes en la lucha contra la corrupción institucional relacionada con el narcotráfico. La resolución envía un mensaje sobre la responsabilidad que recae sobre los funcionarios públicos encargados de impartir justicia y reafirma que ningún cargo está exento de investigación cuando existen indicios de posibles actos ilícitos.

La provincia de Limón continúa siendo uno de los principales puntos estratégicos para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas debido a su ubicación geográfica y a la actividad portuaria del Caribe costarricense. Esa realidad ha obligado a las autoridades a fortalecer los mecanismos de investigación y control para enfrentar tanto a las estructuras criminales como a quienes, desde el aparato estatal, puedan facilitar sus operaciones.

El Ministerio Público ha sostenido que el combate al crimen organizado requiere perseguir no solo a quienes participan directamente en el transporte, almacenamiento o comercialización de drogas, sino también a quienes utilizan cargos públicos para favorecer esas actividades, pues la corrupción institucional representa uno de los mayores riesgos para la efectividad del sistema de justicia.

Con esta condena, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José marca un precedente importante en materia de responsabilidad penal de funcionarios judiciales y reafirma la obligación del Estado de investigar y sancionar cualquier acto de corrupción que fortalezca las operaciones de organizaciones criminales, independientemente del cargo o jerarquía de las personas involucradas.

Fuente: Información oficial del Poder Judicial de Costa Rica y del Ministerio Público.