Tensiones por cobros de ACAM revelan malestar nacional contra la gestión de derechos musicales

ACAM se presenta como una organización sin fines de lucro, autorizada por el Registro Nacional y regida por leyes nacionales e internacionales. Sin embargo, las críticas acumulan evidencias de intransigencia y debilidades. Muchos artistas nacionales reportan que, pese a los cobros sistemáticos a comercios, el apoyo al músico local es insuficiente.

En medio de un creciente debate sobre los derechos de autor en Costa Rica, el Concejo Municipal de Desamparados aprobó recientemente una medida que elimina la obligatoriedad de presentar comprobantes de pago a la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) para la obtención o renovación de licencias comerciales. La decisión ha provocado fuertes reacciones, incluyendo declaraciones controvertidas de Marcial Flores, dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de ACAM, quien tildó a los comerciantes locales de “vulgaridad de gente”. Este episodio no es aislado: pone en evidencia cuestionamientos más profundos sobre la legitimidad, transparencia y efectividad de ACAM en su rol de gestora de derechos musicales.

La moción municipal, respaldada mayoritariamente tras un dictamen jurídico, se basa en la realidad legal actual: desde la derogación en 2009 del Decreto Ejecutivo 23485-MP, no existe una norma que obligue a las municipalidades a exigir pagos a entidades privadas de gestión colectiva como requisito para operar comercios. Sodas, bares y pequeños establecimientos celebran el alivio, argumentando que estos cobros representan una carga adicional en un contexto económico desafiante, donde la supervivencia ya es complicada.

Las alertas del diputado Villalobos

Este conflicto local resuena con las fuertes críticas expresadas por el diputado José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano, quien ha colocado a ACAM bajo el escrutinio público en la Asamblea Legislativa. Villalobos ha denunciado lo que califica como prácticas opacas y potencialmente ilegítimas, cuestionando un tarifario que la asociación establece de manera unilateral y aplica de forma rígida a diversos negocios, desde restaurantes hasta gimnasios. El legislador ha advertido sobre acciones “oscuras”, falta de fiscalización adecuada y una distribución de recursos que beneficia poco a los músicos nacionales.

“Esta es una molestia nacional”, afirmó Villalobos, comprometiéndose a impulsar revisiones exhaustivas y mayor control sobre la entidad. Sus intervenciones destacan que, aunque el derecho de autor es un principio válido, el modelo actual genera abusos: cobros fijos que no reflejan el uso real de obras musicales, amenazas de sanciones y una opacidad que dificulta verificar cuánto llega realmente a los compositores costarricenses. Estas alertas han generado respuestas defensivas de ACAM, pero también han abierto un debate necesario sobre la sostenibilidad y equidad del sistema.

Problemas estructurales en ACAM

ACAM se presenta como una organización sin fines de lucro, autorizada por el Registro Nacional y regida por leyes nacionales e internacionales. Sin embargo, las críticas acumulan evidencias de intransigencia y debilidades. Muchos artistas nacionales reportan que, pese a los cobros sistemáticos a comercios, el apoyo al músico local es insuficiente. La competencia de plataformas digitales, la piratería y la falta de promoción efectiva dejan a gran parte de los creadores en precariedad, mientras la entidad mantiene un esquema de recaudación que parece priorizar su operación interna.

Expertos y afectados señalan la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas proporcional al uso real. En lugar de auditorías accesibles al público o distribuciones transparentes basadas en reportes detallados, prevalecen tarifas estandarizadas que impactan desproporcionadamente a pequeños empresarios. Esta rigidez ha sido interpretada como intransigencia: en vez de adaptar sus prácticas al contexto económico post-pandemia y digital, ACAM insiste en cobros que muchos perciben como obligatorios e injustificados, amparándose en convenios internacionales pero sin suficiente fiscalización local efectiva.

No se discute la necesidad de proteger la creación artística. Los compositores merecen remuneración por su trabajo intelectual. Pero reconocer que el sistema actual no está “enteramente a derecho” implica aceptar fallas: ¿por qué el impacto en el ecosistema musical nacional es tan limitado? ¿Existen gastos administrativos elevados o inversiones cuestionables que restan recursos a los autores? Villalobos y otros han exigido respuestas concretas, incluyendo posibles comisiones de investigación que esclarezcan el destino de los fondos.

Hacia un modelo más justo

La reacción de Marcial Flores, al atacar directamente a los comerciantes de Desamparados, ilustra la polarización que genera el tema. En lugar de fomentar diálogo, descalificaciones como “vulgaridad de gente” profundizan divisiones y evitan abordar el núcleo: la necesidad de reformas que equilibren derechos de autor con viabilidad económica y apoyo real a la cultura.

Desamparados marca un precedente al priorizar la legalidad municipal y el alivio a los negocios locales. Otras municipalidades podrían seguir este camino, presionando a ACAM hacia mayor flexibilidad, transparencia y resultados medibles en favor de los músicos costarricenses.

El debate trasciende un cantón: cuestiona cómo Costa Rica gestiona la propiedad intelectual en la era digital. Una fiscalización más estricta, tarifas proporcionales y distribución verificable fortalecerían la legitimidad de cualquier entidad gestora. Mientras persista la percepción de opacidad e intransigencia, conflictos como el de Desamparados se multiplicarán.

Los músicos nacionales merecen un sistema que realmente los impulse, no uno que genere rechazo generalizado. La intransigencia solo retrasa soluciones urgentes. Es momento de revisar con seriedad, escuchar todas las voces y construir un marco que proteja la creación sin ahogar la actividad comercial ni defraudar a los creadores.