Fiscal general Carlo Díaz remite denuncias de “tortura” de dos narcos extraditados y el ministro de Justicia lo destroza

San José, 14 de agosto de 2026. El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, volvió a protagonizar una fuerte polémica institucional luego de documentar y remitir oficialmente denuncias de presuntos actos de tortura formuladas por dos de los narcotraficantes de más alto perfil extraditados a Estados Unidos: Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”.

Los hechos ocurrieron el 13 de agosto, minutos antes de que ambos fueran entregados a agentes de la DEA. Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, los dos requeridos por el Distrito Sur de Nueva York denunciaron haber sufrido torturas durante su permanencia en prisión en Costa Rica. De inmediato, Díaz ordenó enviar la documentación a la Defensoría de los Habitantes, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a las fiscalías competentes “para que sean conocidas y valoradas por las instancias correspondientes”.

La reacción del Poder Ejecutivo no se hizo esperar. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuestionó de forma directa y pública la actuación del fiscal general. En una publicación, Aguilar reprochó que la “gran preocupación” y la “noticia del día” de Carlo Díaz fuera el “pobrecito don Gilbert” y los supuestos hechos de tortura, a los que el jerarca del Ministerio Público calificó de “sumamente graves”.

El ministro dejó claro que considera una mala decisión del fiscal poner el foco mediático e institucional en las quejas de dos personas vinculadas al Clan del Golfo y requeridas por tráfico internacional de drogas, en un momento en que el país enfrenta una crisis de seguridad y cuestionamientos constantes a la eficacia del sistema de justicia.

Hasta la fecha, no existe ningún informe oficial, peritaje médico, resolución judicial ni constatación independiente que confirme la veracidad de las denuncias de tortura. Se trata únicamente de las declaraciones de los propios extraditados, formuladas en el preciso instante en que eran entregados a las autoridades estadounidenses. Este timing ha generado fuertes sospechas entre sectores del oficialismo y analistas, quienes señalan que este tipo de denuncias suelen utilizarse como estrategia de defensa o para generar presión mediática en el momento de la extradición.

La actuación de Carlo Díaz se enmarca en un contexto de permanente enfrentamiento con el Ejecutivo. Durante los últimos dos años, el fiscal general ha sido blanco de críticas por parte del expresidente Rodrigo Chaves, de la actual presidenta Laura Fernández y de varios jerarcas de gobierno, quienes lo acusan de priorizar investigaciones políticas, de falta de resultados concretos contra el crimen organizado y de utilizar su cargo con fines que van más allá de la función técnica del Ministerio Público.

El caso de “Macho Coca” y “Compadre” se suma a una lista de polémicas recientes. Entre ellas destacan los recortes presupuestarios que el Gobierno ha impulsado al Poder Judicial y a la Fiscalía, la disputa por las audiencias virtuales desde las cárceles, la captura de alias “Diablo” y las constantes acusaciones cruzadas sobre independencia judicial versus politización de la justicia.

Para el ministro Aguilar y sectores del oficialismo, la decisión de Díaz de dar trámite formal y público a las denuncias de tortura de dos narcotraficantes de alto nivel constituye una mala acción institucional. Argumentan que un fiscal general debería concentrar sus esfuerzos en perseguir el crimen y no en amplificar las quejas de quienes han sido señalados como responsables de redes de narcotráfico internacional.

Por su parte, desde el Ministerio Público se defiende que la Fiscalía está obligada por ley a investigar cualquier denuncia de posibles violaciones a los derechos humanos, independientemente de la persona que la formule. Sin embargo, críticos señalan que el manejo mediático y la celeridad con la que Díaz actuó en este caso contrastan con la lentitud que, según ellos, muestra la institución en otros expedientes de alto impacto.

Hasta el momento, ni la Defensoría de los Habitantes ni el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han emitido pronunciamientos públicos sobre el contenido de las denuncias. Tampoco se ha informado si se ordenaron exámenes médicos o peritajes independientes antes de la extradición.