Ministro de Justicia denuncia al Fiscal General Carlo Díaz Sánchez por Incumplimiento Grave de Deberes

Esta denuncia penal interpuesta por el Ministro de Justicia y Paz contra el Fiscal General Carlo Díaz y decenas de fiscales resalta tensiones institucionales profundas en el manejo de la seguridad penitenciaria, poniendo en evidencia desafíos en la coordinación entre poderes del Estado que podrían definir el rumbo de la política de justicia en los próximos meses.

Esta acción marca un precedente en las relaciones interinstitucionales y obliga a una reflexión sobre la efectividad del sistema de persecución penal ante el crimen organizado que opera desde los centros de privación de libertad.

En un hecho sin precedentes que sacude las instituciones costarricenses, el Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, interpuso una denuncia penal en contra del Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, acusándolo de una mala gestión que ha permitido la impunidad del crimen organizado dentro de las cárceles del país.

La denuncia, presentada ante el Ministerio Público, señala directamente a Díaz y a decenas de fiscales bajo su mando por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y omisión de funciones. Según el documento, la inacción sistemática de la Fiscalía ha convertido las prisiones en verdaderos centros de mando para bandas criminales.

La grave crisis penitenciaria que nadie quiere enfrentar

Aguilar Vargas, responsable de la seguridad en los centros penales, denunció que a pesar de las múltiples capturas en flagrancia por intento de introducir teléfonos celulares a las cárceles, la Fiscalía ha desestimado más de 90 casos en los últimos meses. Esta situación ocurre pese a la reforma legal aprobada en abril de 2025 que endurece las sanciones por este tipo de delitos.

“La mala gestión del Fiscal General Carlo Díaz es evidente y está poniendo en riesgo la seguridad de todos los costarricenses”, afirma el ministro en la denuncia. “Mientras las autoridades penitenciarias arriesgan su vida para detener a quienes intentan meter celulares, la Fiscalía archiva los casos como si se tratara de simples infracciones menores”.

Una gestión ineficiente

Según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, la administración de Carlo Díaz Sánchez —quien asumió el cargo en octubre de 2022— se ha caracterizado por la falta de coordinación con otras instituciones, la desestimación masiva de investigaciones clave y una aparente debilidad frente al crimen organizado.

Expertos consultados por este medio coinciden en que esta es una de las gestiones más cuestionadas en la historia reciente del Ministerio Público. La ausencia de una persecución penal efectiva ha permitido que reclusos dirijan extorsiones, narcotráfico y amenazas desde dentro de las prisiones, afectando gravemente a miles de familias costarricenses que reciben llamadas de chantaje a diario.

“Esto no son errores aislados. Es un patrón claro de omisión que debilita todo el sistema de justicia”, señala la denuncia presentada por Aguilar. La falta de colaboración entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y las fuerzas policiales ha generado un vacío que los delincuentes han sabido aprovechar.

Detalles de la denuncia

En el documento, el Ministro Aguilar detalla cómo:

• Se han ignorado evidencias contundentes en detenciones por ingreso de dispositivos de comunicación.
• Existe nula articulación interinstitucional para combatir el problema.
• La desestimación sistemática de casos envía un mensaje de impunidad a las organizaciones criminales.
• La ciudadanía paga las consecuencias con mayor violencia e inseguridad.

La acción legal también solicita investigar responsabilidades administrativas y disciplinarias ante la Corte Suprema de Justicia, incluyendo la posible remoción del Fiscal General si se comprueban faltas graves.

Este caso pone de manifiesto la profunda crisis que vive el sistema penitenciario costarricense y la urgente necesidad de una reforma real en el Ministerio Público. La mala gestión del Fiscal General Carlo Díaz, según el Ministro Aguilar, no solo afecta la credibilidad de las instituciones, sino que representa un peligro concreto para la paz social del país.