Partido Pueblo Soberano respalda la participación de líderes religiosos en la política costarricense

San José, 19 de junio de 2026. El Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha expresado su respaldo al derecho de todos los costarricenses, incluidos pastores y líderes religiosos, a participar de manera plena en la vida democrática del país sin distinciones por sus creencias. Esta posición ha cobrado relevancia tras el reciente fallo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que declaró con lugar recursos de amparo contra el pastor Reinaldo Salazar y el propio partido por material electoral dirigido a cristianos evangélicos durante la campaña de 2026.

En una conferencia de prensa, diputados de la fracción oficialista, como Nogui Acosta, acompañados de líderes evangélicos, manifestaron su desacuerdo con la resolución 3787-E1-2026 del TSE. Según el partido, la decisión afecta tanto a la comunidad cristiana como al PPSO, y abre un debate necesario sobre los límites de la participación de grupos religiosos en la política. “Los cristianos, al igual que cualquier otro ciudadano, tienen derecho a participar en la construcción de una mejor Costa Rica, sin tener que renunciar a sus creencias”, ha señalado la agrupación.

El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió contra la distribución de folletos titulados “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?”, considerando que constituía propaganda electoral con contenido religioso. La medida ordena abstenerse de acciones similares en el futuro. El TSE ha aplicado disposiciones del Código Electoral que regulan el uso de motivos religiosos en campañas, buscando garantizar la neutralidad en el proceso electoral.

Desde el PPSO se argumenta que esta interpretación restringe la libertad de expresión y religiosa de miles de costarricenses. Diputados como Nogui Acosta y Katia Mora han defendido que los líderes de fe actúan como ciudadanos comunes y que sus opiniones políticas forman parte del debate democrático legítimo. El partido ha anunciado acciones legales para aclarar el alcance de la resolución y ha cerrado filas con sectores evangélicos.

Libertad religiosa y esfera privada

El Partido Pueblo Soberano ha enfatizado que su defensa de la participación religiosa no implica intervención del Estado en asuntos privados. Según su postura, el gobierno debe respetar la libertad de conciencia, las decisiones personales de fe y la autonomía de las iglesias. No se busca imponer creencias religiosas a través de políticas públicas, sino reconocer que los valores derivados de la fe forman parte de la identidad de una gran porción de la población costarricense.

Esta visión se enmarca en el principio de que el Estado debe abstenerse de regular excesivamente las expresiones individuales y colectivas de fe fuera de contextos estrictamente electorales. Representantes del partido han señalado que, así como otras influencias ideológicas (académicas, mediáticas o culturales) operan en el espacio público, las convicciones religiosas también merecen un trato equitativo, siempre respetando las normas existentes.

El PPSO, de orientación conservadora y oficialista tras las elecciones de 2026, ha mantenido acuerdos con sectores evangélicos, como el Foro Mi País, que incluyeron la promoción de valores cristianos en su plataforma y la inclusión de candidatos provenientes de comunidades de fe. Estos pactos han sido públicos y presentados como parte de una representación legítima de un electorado significativo.

La fracción legislativa ha destacado que Costa Rica es un país donde la mayoría de la población profesa alguna religión y que excluir a líderes religiosos del debate público podría limitar la diversidad de voces en la democracia. Al mismo tiempo, el partido ha insistido en que su gobierno busca gobernar para todos los costarricenses, promoviendo políticas en áreas como economía, seguridad y familia, sin convertir al Estado en un árbitro de creencias personales.

Este caso ha reavivado discusiones históricas en Costa Rica sobre el equilibrio entre laicidad, libertad religiosa y participación política. Mientras algunos sectores defienden una interpretación más estricta de la separación entre religión y Estado, otros, incluido el PPSO, argumentan por una mayor apertura que no discrimine por convicciones espirituales.