FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por movimientos millonarios de dinero en Estados Unidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es objeto de una investigación por parte de autoridades estadounidenses, luego de que agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaran diligencias para esclarecer el manejo de importantes recursos financieros que habrían pasado por el sistema bancario de ese país.

La pesquisa busca determinar si algunas de las operaciones realizadas por la AFA podrían haber violado la legislación federal estadounidense, incluyendo presuntos delitos como lavado de dinero o fraude financiero.

Testimonios en marcha

Las investigaciones avanzan de forma paralela al Mundial de 2026, que se disputa en territorio estadounidense. Fiscales federales habrían comenzado a entrevistar a personas con conocimiento sobre la estructura financiera utilizada por la federación argentina para administrar contratos comerciales internacionales.

Uno de los testimonios que trascendió es el del empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo una reunión virtual de aproximadamente tres horas con investigadores del FBI y fiscales federales de Washington D. C. y Miami. El empresario no confirmó oficialmente el encuentro, aunque diversas versiones indican que las autoridades buscan reconstruir la administración de importantes sumas de dinero durante la gestión encabezada por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Cabe señalar que, hasta el momento, no existe una acusación formal contra la AFA ni contra sus dirigentes, por lo que las diligencias corresponden a una etapa preliminar de investigación.

Fondos bajo revisión

Uno de los ejes centrales del análisis es la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para gestionar contratos internacionales de patrocinio y derechos comerciales de la AFA. De acuerdo con documentación que circuló públicamente, a través de esa sociedad se habrían movilizado al menos 260 millones de dólares mediante cuentas en entidades bancarias estadounidenses como Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank y Synovus.

Los investigadores buscan establecer si esos recursos tuvieron un destino debidamente justificado o si parte del dinero fue transferido a sociedades y personas sin una contraprestación económica claramente documentada. El análisis también incluye movimientos por aproximadamente 57 millones de dólares cuya justificación continúa bajo revisión.

Parte de la documentación conocida señala que ciertos recursos habrían sido enviados a sociedades comerciales y beneficiarios vinculados a dirigentes o personas cercanas al entorno de la AFA, entre ellas empresas relacionadas con Pablo Toviggino y familiares. Estas vinculaciones forman parte del análisis financiero en curso y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.

Investigación reactivada

El caso es dirigido por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes cuentan con experiencia en investigaciones sobre delitos financieros y lavado de activos. Las diligencias iniciaron en 2025 y permanecen en etapa preliminar.

El interés de las autoridades estadounidenses había surgido inicialmente en 2024, cuando se compartió información sobre operaciones financieras de la AFA; en ese momento el FBI concluyó que no existían elementos suficientes para abrir una causa penal. Posteriormente, nuevas investigaciones periodísticas sobre el manejo de contratos internacionales y el movimiento de recursos a través de empresas radicadas en Florida llevaron al Departamento de Justicia a reactivar el análisis.

Presunción de inocencia

Representantes de la Asociación del Fútbol Argentino participaron en un foro realizado en Miami, donde señalaron que debe respetarse la presunción de inocencia. Los voceros indicaron que la existencia de diligencias e investigaciones abiertas no implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna.

Actualmente, la documentación financiera reunida forma parte del expediente que permitirá a las autoridades estadounidenses determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal formal bajo jurisdicción federal.