Costa Rica ante una agenda legislativa histórica: Fernández convoca 62 proyectos y cinco reformas a la Constitución en su primera semana de gobierno

La presidenta Laura Fernández arrancó su mandato con una ofensiva legislativa sin precedentes recientes, poniendo en manos de la Asamblea Legislativa una convocatoria extraordinaria que abarca desde seguridad pública hasta reformas constitucionales. ElDiarioCR le explica todo lo que necesita saber sobre este arranque de gobierno que marcará el rumbo del país los próximos cuatro años.

Con apenas días de haber recibido la banda presidencial en el Estadio Nacional, la presidenta Laura Fernández Delgado no perdió tiempo. El mismo 8 de mayo de 2026, tras juramentarse como la quincuagésima mandataria de Costa Rica y la segunda mujer en ocupar el cargo, firmó tres decretos ejecutivos que marcaron el tono de su administración: orden, seguridad y transformación institucional.

Uno de los decretos más comentados estableció que el año carcelario será de 360 días naturales, eliminando una práctica interpretativa que permitía computar el tiempo de cárcel en períodos menores. La presidenta fue directa en su justificación: el país enfrenta una escalada del crimen organizado y el narcotráfico que exige respuestas firmes y sin ambigüedades legales.

El segundo decreto reorganizó la estructura del Poder Ejecutivo, delimitando con precisión las competencias de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos en los distintos sectores del Estado, desde Ambiente y Educación hasta Seguridad Pública.

Pero el decreto que más peso político tiene en el corto plazo es el tercero: la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, formalizado mediante el decreto MP-DMP-OF-0281-2026, publicado el mismo día de la toma de posesión. Este instrumento constitucional entrega al Poder Ejecutivo el control de la agenda parlamentaria durante un período de tres meses, tanto en el Plenario como en las comisiones.

Una agenda legislativa de 62 proyectos

En los días siguientes al traspaso de poderes, el Gobierno amplió la convocatoria hasta llegar a 62 proyectos de ley. La lista abarca seguridad, economía, infraestructura, reformas constitucionales y modernización del Estado, con especial énfasis en el combate al crimen organizado y delitos vinculados al narcotráfico, una de las principales preocupaciones del país en los últimos años.

Entre los proyectos convocados se encuentran iniciativas para combatir el robo de combustibles, fortalecer la protección marítima, frenar la extracción ilegal de oro, y reformar los esquemas de contratación pública. También aparecen grandes proyectos de infraestructura como la construcción de la Marina de Limón y el proyecto Ciudad Gobierno, además de propuestas para la apertura y armonización del mercado eléctrico nacional.

Cinco reformas a la Constitución Política

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es la inclusión de cinco proyectos de reforma constitucional. Mediante el decreto MP-DMP-OF-0281-2026, la presidenta Fernández y su ministro Rodrigo Chaves incluyeron en la agenda legislativa propuestas para modificar la Carta Magna, todas presentadas durante el período constitucional anterior 2022-2026. Dos de estas iniciativas plantean modificaciones parciales a las atribuciones del Congreso establecidas en el artículo 121 de la Constitución.

Para que cualquiera de estas reformas constitucionales prospere, el oficialismo necesitará reunir al menos 38 votos en el Plenario, cifra que supera los 31 diputados con que cuenta el Partido Pueblo Soberano. Eso obliga a la nueva administración a tender puentes con al menos una de las bancadas de oposición, particularmente con Liberación Nacional, que cuenta con 17 diputados.

Una Asamblea controlada, pero con límites claros

El Partido Pueblo Soberano tendrá a partir de mayo de 2026 condiciones para gobernar que no se veían en Costa Rica desde hace casi medio siglo: además de la Presidencia, controla el 54% de las curules de la Asamblea Legislativa, una concentración de poder que no se registraba desde 1982. Sin embargo, esa mayoría tiene techos precisos. La suspensión de garantías individuales, las reformas constitucionales y los procedimientos de vía rápida requieren 38 votos, por lo que impulsar esas medidas obliga al oficialismo a alcanzar acuerdos con al menos una bancada de la oposición.

Lo que queda claro, a poco más de una semana de iniciado el gobierno Fernández, es que Costa Rica vive uno de sus momentos políticos más dinámicos en décadas: una presidenta con mayoría legislativa propia, una agenda reformista ambiciosa, y una oposición que ya organizó su respuesta. En ElDiarioCR seguiremos de cerca cada votación, cada decreto y cada acuerdo que defina el país en los próximos cuatro años.