Dieciocho magistraturas suplentes en el limbo: el primer gran pulso institucional entre el oficialismo y el Poder Judicial

La nueva Asamblea Legislativa hereda un conflicto sin resolver: 18 magistraturas suplentes pendientes de designación en tres salas de la Corte Suprema. La disputa no es sobre los nombres de los candidatos, sino sobre quién define las reglas del proceso, y el oficialismo no da señales de ceder. ElDiarioCR analiza lo que está en juego para el equilibrio institucional del país.

Costa Rica estrenó el período legislativo 2026-2030 con una deuda institucional sin saldar: al cierre del cuatrienio anterior, la Asamblea Legislativa dejó pendiente el nombramiento de 18 magistraturas suplentes, distribuidas entre la Sala Constitucional, la Sala de Casación Penal y la Sala Primera. El motivo no fue falta de candidatos, sino una disputa de fondo sobre el proceso mismo de selección.

La bancada del entonces oficialismo, junto con sus aliados circunstanciales, bloqueó las votaciones argumentando que el mecanismo por el cual el Poder Judicial elabora y envía la nómina de candidatos a la Asamblea Legislativa no garantiza criterios objetivos y transparentes. En su lugar, reclamaron que el Congreso debería tener mayor injerencia en la etapa de preselección de los postulantes.

La postura no desapareció con el cambio de gobierno. Nogui Acosta, líder de la nueva fracción del Partido Pueblo Soberano en la Asamblea, reiteró esta posición al ser consultado sobre el tema, según reportes del periodo del 12 y 13 de mayo de 2026. La disputa, por tanto, no es un rezago del gobierno saliente: es una línea política que el oficialismo entrante mantiene vigente.

Qué dice la Constitución y cuál es el problema

El artículo 164 de la Constitución Política establece que para las magistraturas suplentes, la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de remitir a la Asamblea Legislativa una nómina con postulantes. Esto implica que el proceso preliminar de concurso se lleva a cabo en la sede judicial, antes de que los diputados tomen la decisión final.

Esta arquitectura constitucional es precisamente la que el oficialismo cuestiona: considera que el Poder Judicial tiene demasiada influencia sobre quiénes llegan a ser considerados por los legisladores. La oposición, en cambio, advierte que alterar esa estructura sin reforma constitucional equivale a un avance sobre la independencia judicial.

El problema práctico es real: la Sala Constitucional acumuló expedientes sin poder resolverlos por falta de quórum pleno, mientras que la Sala Penal y la Sala Primera enfrentan situaciones similares. Cada magistratura suplente vacante es una potencial silla vacía en los momentos más críticos de deliberación.

Lo que exige la oposición

Las cuatro fracciones opositoras que firmaron el pacto legislativo del 1° de mayo de 2026 —Liberación Nacional, Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana— dejaron claro que no avalarán reformas que debiliten la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto incluye cambios en los procesos de nombramiento que alteren el equilibrio entre poderes.

El oficialismo, por su parte, tiene los 31 votos necesarios para una mayoría simple, pero para designar magistraturas suplentes necesita 38 votos, lo que convierte este tema en uno de los primeros escenarios donde el gobierno de Laura Fernández deberá negociar genuinamente con al menos una bancada opositora.

Para ElDiarioCR, este es el primer gran termómetro de la nueva dinámica legislativa: si el oficialismo logra imponer nuevas reglas de preselección, habrá redefinido en la práctica la relación entre la Asamblea y el Poder Judicial. Si no lo logra, el expediente de las 18 magistraturas suplentes seguirá en el limbo, con consecuencias directas para la administración de justicia en el país.