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El Concejo Municipal de San José celebró el pasado 17 de marzo su Sesión Ordinaria N°098-2026, una de las más cargadas en materia social y normativa del primer trimestre del año. En ella confluyeron tres temas de fondo que merecen atención ciudadana incluyendo un informe actualizado sobre violencia contra las mujeres en el cantón durante 2025.

Violencia contra las mujeres en San José: el Concejo recibe y distribuye el informe 2025

Uno de los puntos más sensibles de la sesión fue el ingreso formal de un informe actualizado sobre los casos de violencia contra las mujeres registrados en el cantón de San José durante el año 2025. El documento fue remitido a raíz de lo acordado en la Sesión Ordinaria N°096, celebrada apenas dos semanas antes, el 3 de marzo de 2026, cuando el Concejo instruyó a que se presentara una actualización sobre esta problemática.

El informe fue recibido formalmente y trasladado a las regidoras y regidoras suplentes con competencia en el tema: las regidoras Zúñiga Pérez, Fallas Vargas, Alfaro Guerrero y Córdoba Moya, así como las regidoras suplentes Mesén Salazar, Rudín Montes de Oca y Pineda León. El traslado a estas figuras no es un trámite burocrático vacío: son quienes deberán analizar los datos, proponer acciones concretas y eventualmente traer mociones o dictámenes ante el pleno.

Este movimiento en el Concejo josefino ocurre en un contexto de creciente atención institucional al problema de la violencia de género. La Municipalidad de San José cuenta desde 2023 con un Reglamento para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política municipal, que establece mecanismos internos para proteger a 

funcionarias y regidoras. El informe ahora en manos de las regidoras amplía esa mirada hacia el cantón en su conjunto: cuántos casos hubo en 2025, en qué distritos se concentraron, qué tipo de violencia predominó y qué capacidad de respuesta institucional existe.

Lo que haga el Concejo con ese informe en las próximas sesiones será determinante. ¿Se traducirá en programas concretos? ¿En presupuesto? ¿En coordinación con el INAMU, el Poder Judicial o el Ministerio de Seguridad? La ciudadanía josefina tiene derecho a seguir de cerca esa respuesta.

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