Asamblea Nacional de Nicaragua inicia proceso de reformas para cumplir capricho de Daniel Ortega sobre las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), anunció este martes que comenzó los análisis para elaborar un plan de trabajo orientado a cumplir las orientaciones presidenciales emitidas por Daniel Ortega.

Según el comunicado del Parlamento, se convocarán sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para definir los pasos constitucionales, legales y formales que sustenten las reformas anunciadas por el mandatario.

Ortega hizo estas declaraciones el domingo 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Fe, en Managua, tras 61 días sin apariciones públicas. Afirmó que “aquí no volverán a haber elecciones” para impedir que la oposición “atrape el gobierno”, y señaló que trabajará con la Asamblea Nacional para aprobar leyes que bloqueen cualquier posibilidad de que la oposición en el exilio regrese al poder por la vía electoral.

Una fuente parlamentaria consultada por medios locales indicó que el régimen prepara una reforma constitucional que aboliría la Asamblea Nacional tal como funciona actualmente. De acuerdo con esa información, se elegirían unos 1.500 diputados que actuarían en sus municipios o zonas de origen y se reunirían una sola vez al año en pleno para elegir, cuando corresponda, al presidente por un período de diez años. En paralelo funcionaría un órgano ejecutivo de 20 miembros. La reforma se refrendaría en enero próximo y las elecciones bajo el esquema denominado “Pueblo Presidente” se realizarían en noviembre de 2027.

El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena consideró que la narrativa del régimen busca cerrar cualquier espacio de disputa del poder y garantizar la sucesión, incluso mediante un modelo cuasi monárquico. Señaló que la revisión total del sistema electoral apunta a cambios profundos y que un esquema de asambleas populares similares al cubano, aunque podría parecer exagerado, cobra sentido con los hechos recientes. No obstante, advirtió que Cuba no es un régimen parlamentario, por lo que es más probable que se mantenga el presidencialismo y que las nuevas estructuras sirvan para ratificar decisiones ya tomadas.

El anuncio generó condenas internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria” y afirmó que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus líderes mediante elecciones democráticas. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo que el régimen “ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella”. Costa Rica también expresó su profunda preocupación por el cierre de espacios cívicos y reiteró su respaldo a elecciones libres y plurales.

Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio denunciaron que el Gobierno ha despojado a la sociedad civil de derechos y que el FSLN se ha convertido prácticamente en un partido único.