“SIROPE” SÍ ES DELITO… “FRANCOTIRADOR” NO La Colocha vuelve a juicio el 2 de agosto por gritarle a un diputado mientras el caso de la hija del magistrado sigue en el limbo

San José. La ciudadana y creadora de contenido Yendry Quirós Conejo, conocida como “La Colocha”, deberá presentarse el próximo 2 de agosto a las 8:30 a.m. ante los tribunales del Poder Judicial en San José para enfrentar un segundo juicio penal derivado de expresiones realizadas durante una protesta en 2023. La información fue confirmada por la propia acusada en un comunicado público en el que afirma enfrentar el proceso “con la frente en alto” y “con la serenidad de mantener mi inocencia intacta”.

El caso se remonta al 22 de junio de 2023. Ese día, en el marco de una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, Quirós tomó un megáfono y se dirigió al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio. Según los hechos que constan en el expediente, le gritó que “se hiciera un churchill con el sirope que le iban a sacar de la nariz” y lo calificó de “chuchinga”. No se registraron armas, amenazas concretas de violencia física ni planes de agresión. Se trató de una expresión verbal de rechazo político formulada en el lenguaje callejero costarricense durante una protesta pública.

A partir de esa frase se activó el aparato judicial. Se presentó denuncia, la Fiscalía formuló acusación y se abrió un proceso penal por eventuales delitos vinculados a amenazas o injurias. En la primera etapa, una jueza revisó los hechos y absolvió a Quirós al considerar que el vocabulario empleado no configuraba, por sí solo, una amenaza penal tipificada. La Fiscalía apeló la decisión. El Tribunal de Apelación anuló la absolución y ordenó la realización de un nuevo juicio. Tres años después de los hechos, la ciudadana vuelve a sentarse ante un tribunal por la misma causa.

En el comunicado difundido, Quirós sostiene que “es imposible no sentir que las cosas se mueven diferente según quién sea la persona procesada”. Señala que “para una mujer de pueblo, madre y creadora de contenido que proviene de sectores humildes, la justicia camina a una velocidad sorprendente”. Agrega que no es hija de ningún magistrado ni cuenta con influencias en la política o en el Poder Judicial, y afirma que “la ley en Costa Rica no debería medir sus tiempos ni sus tratos según el apellido, el origen social o las conexiones”. Declara enfrentar el proceso “con toda la dignidad del mundo” y confiar en que “al final prevalecerán la verdad y la justicia”.

El contrastante manejo de otro expediente ha sido señalado por observadores como muestra de tratamiento diferenciado. En mayo de 2024, la abogada Jimena Rueda Ledezma, hija del magistrado constitucional Paul Rueda, publicó una imagen del presidente Rodrigo Chaves acompañada de un texto en el que afirmaba que la situación “ameritaba un francotirador”. La Fiscalía abrió una investigación. A más de dos años de esa publicación, el expediente permanece sin acusación formal, sin juicio y sin resolución pública conocida. Mientras una frase de protesta callejera generó denuncia, acusación, juicio, absolución, apelación y nuevo juicio en menos de tres años, la mención explícita a un francotirador dirigido al presidente de la República ha permanecido en un limbo procesal prolongado.

Quirós, quien se identifica como “ciudadana, madre y creadora de contenido”, y a quien el pueblo apodó “La Colocha”, sostiene que las mujeres de hogar y las personas comunes “merecemos ser escuchadas y respetadas por igual”. Anuncia que respetará el proceso legal y que se presentará el 2 de agosto “lista para defender mis derechos como la costarricense trabajadora y de bien que siempre he sido”. Agradece el apoyo recibido a través de mensajes, oraciones, llamadas y videos, y afirma que ese respaldo le da “fuerza para seguir adelante”.

El diputado Ariel Robles, quien formuló la denuncia original, no ha retirado la acción penal pese a la absolución de primera instancia. El Frente Amplio, partido al que pertenece el legislador y que habitualmente defiende la libertad de expresión y el derecho a la protesta, no ha emitido pronunciamientos públicos que cuestionen la proporcionalidad del proceso iniciado contra la ciudadana.

El nuevo juicio se realiza en un contexto en el que se discute la igualdad de trato ante la ley. Quirós insiste en que “la justicia tiene precio, y el precio es el apellido”, frase que ha circulado en redes y medios a partir de su caso. El Poder Judicial deberá decidir, una vez más, si las expresiones proferidas con megáfono en una protesta de 2023 constituyen delito o si se trata de un ejercicio de libertad de expresión propio de una democracia. La audiencia está convocada para las 8:30 a.m. del 2 de agosto en los tribunales de San José.