Ministro Cabello militariza La Guaira y retrasa ingreso de rescatistas internacionales tras terremoto en Venezuela

La respuesta internacional al terremoto que devastó el estado La Guaira fue inmediata y de gran escala. El gobierno de Estados Unidos desplegó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) conformado por más de 250 personas, incluyendo tres equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano, y movilizó 150 millones de dólares en ayuda humanitaria. Un general del Comando Sur llegó hasta Caracas para supervisar directamente las operaciones de asistencia.

Sin embargo, en medio de la emergencia, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció la noche del 26 de junio que el acceso al estado La Guaira —el más afectado por el sismo— quedaría restringido a partir de las 8:00 p.m. Según Cabello, la medida tenía como propósito evitar que personas sin tareas asignadas ingresaran a la zona de desastre.

La Guaira amaneció al día siguiente completamente militarizada. El ingreso quedó condicionado a la obtención de un código QR emitido mediante registro previo en el Poliedro de Caracas, un requisito que generó retrasos inmediatos en la llegada del socorro.

Las consecuencias no tardaron en hacerse evidentes. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que un equipo de Bomberos de esa ciudad colombiana, enviado a Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y rescate, fue retenido durante cuatro horas sin autorización para ingresar al país.

Mientras tanto, ciudadanos desesperados denunciaron la ausencia de rescatistas en zonas críticas y la falta de insumos básicos. Una residente de La Guaira fue captada excavando entre los escombros con sus manos en busca de su hijo, señalando que no había ni agua disponible.

El ex director de Protección Civil, Ángel Rangel, calificó de inexplicable la escasa presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las labores de rescate, advirtiendo que la falta de liderazgo y planificación estaba afectando directamente la atención a las víctimas.

Durante las operaciones de rescate también se registró un incidente de censura: un locutor que transmitía en vivo a través de TikTok desde las zonas afectadas de Caracas fue amenazado por un funcionario con ser trasladado al SEBIN —la inteligencia política venezolana— si no detenía la transmisión.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas había documentado, incluso antes del terremoto, el bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web y restricciones contra 39 medios y plataformas informativas en Venezuela. La ONU advirtió además que las restricciones de internet se mantuvieron durante las primeras horas posteriores a los sismos, dificultando que las familias localizaran a sus seres queridos.

Respecto a los señalamientos que circulan en redes sociales sobre un presunto robo de ayuda humanitaria por parte de funcionarios chavistas, no existen hasta el momento reportes periodísticos verificados que los respalden en el contexto específico del terremoto de junio de 2026. Lo que sí está documentado es que ciudadanos denunciaron dificultades para ingresar a las zonas de desastre incluso portando asistencia humanitaria, y que la militarización y el sistema de QR generaron retrasos reales en la llegada del socorro. En crisis anteriores, organismos internacionales sí documentaron desvíos de ayuda humanitaria por parte del gobierno venezolano.

Lo que queda en evidencia es que Cabello, el mismo funcionario que mantiene negociaciones reservadas con Washington y sobre quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares por presuntos vínculos con el narcotráfico, fue el artífice de una decisión que obstaculizó el acceso de rescatistas internacionales —incluidos los desplegados por Estados Unidos— durante las horas más críticas para salvar vidas.