Representante estudiantil de la UCR, rechaza renuncia pese a recibir ¢4,5 millones y no soltar beca socioeconómica

San José, 28 de junio de 2026 – El caso de María Paula Fonseca Marín, representante estudiantil ante el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR), ha generado un intenso debate en el ámbito universitario costarricense. La estudiante, quien recibió simultáneamente una beca socioeconómica de la institución y más de ¢4,5 millones en dietas por su labor representativa, decidió no renunciar a su cargo a pesar de la solicitud expresa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

El escándalo salió a la luz pública a mediados de junio de 2026, cuando el diario La Nación reveló que Fonseca mantenía una beca categoría 5 de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) mientras percibía dietas como representante estudiantil. Según el reglamento de la UCR, este tipo de incompatibilidades está expresamente prohibido, ya que las becas socioeconómicas están destinadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, mientras que las dietas representan una compensación por funciones de representación.

Fonseca reconoció públicamente que no reportó dentro del plazo reglamentario el cambio en su situación económica al recibir las dietas. Sin embargo, en un acto de corrección posterior, presentó la renuncia a la beca el 11 de junio de 2026 y procedió a devolver el monto correspondiente a la universidad. A pesar de esta devolución, la FEUCR le solicitó formalmente su renuncia al cargo durante la sesión N.° 7005 del Consejo Universitario, argumentando que el hecho generaba un conflicto ético y una pérdida de credibilidad en la representación estudiantil.

Posición de la estudiante y argumentos de defensa

En declaraciones recientes, María Paula Fonseca Marín comunicó su decisión de mantenerse en el puesto. Argumentó que, si bien se trató de un error al no actualizar oportunamente su información ante la OBAS, no existió dolo ni intención de enriquecimiento ilícito. “No fue un error menor, pero tampoco hubo mala fe. Cumplí con la devolución y estoy dispuesta a asumir las consecuencias administrativas correspondientes”, señaló la representante.

Fonseca, militante del partido Alternativa y electa como representante estudiantil, ha destacado su trayectoria en defensa de los derechos estudiantiles. Durante su gestión, ha impulsado iniciativas relacionadas con el acceso a la educación superior, mejoras en la atención socioeconómica y solidaridad internacional, como propuestas de apoyo a universidades afectadas en la región. Sus defensores argumentan que su renuncia podría sentar un precedente peligroso y que el foco debe estar en fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la asignación de becas y dietas.

Reacciones en la comunidad universitaria

La FEUCR, principal impulsora de la solicitud de renuncia, ha manifestado su preocupación por el impacto en la confianza de la comunidad estudiantil. “La representación debe ser ejemplar. No podemos tolerar incompatibilidades que afecten la credibilidad de quienes defienden los intereses de miles de estudiantes”, indicaron voceros de la federación.

Por su parte, autoridades de la UCR han confirmado que se sigue un proceso administrativo interno para determinar si existieron irregularidades adicionales. La Oficina de Becas enfatizó que el reglamento es estricto precisamente para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan. La beca categoría 5 que recibió Fonseca incluía apoyo económico mensual, exenciones y otros beneficios que, combinados con las dietas (aproximadamente ¢4,5 millones entre periodos de sesiones), generaron el cuestionamiento.

El Consejo Universitario, en su sesión del 25 de junio, tomó nota de la decisión de Fonseca de no renunciar. Hasta el momento, no se ha anunciado una destitución forzosa, lo que mantiene abierta la polémica.

Contexto más amplio: Becas, dietas y transparencia en la UCR

Este caso pone en evidencia tensiones estructurales en la Universidad de Costa Rica respecto a la asignación de recursos estudiantiles. La UCR destina importantes presupuestos a becas socioeconómicas para promover la equidad y el acceso universal a la educación superior, uno de los pilares del modelo costarricense. Paralelamente, las dietas para representantes en órganos colegiados buscan compensar el tiempo y dedicación de estudiantes que participan en la gobernanza universitaria.

Expertos consultados señalan que los reglamentos buscan evitar “doble beneficio”, pero los mecanismos de verificación y actualización automática de datos podrían mejorarse. Casos como este generan cuestionamientos sobre fiscalización, especialmente en un contexto de debates nacionales sobre el financiamiento de la educación pública y la eficiencia del gasto.

María Paula Fonseca Marín no es la primera representante estudiantil en enfrentar escrutinio, pero su caso ha resonado fuertemente por el monto involucrado y el timing político, en un año marcado por elecciones internas y discusiones sobre reformas universitarias.

Implicaciones y próximos pasos

La permanencia de Fonseca en el cargo dependerá en gran medida de la presión de la comunidad universitaria y las conclusiones del proceso administrativo. Mientras tanto, la estudiante ha manifestado su compromiso de continuar trabajando en temas prioritarios como la ampliación de becas, la mejora de infraestructura y la defensa de la autonomía universitaria.

Desde sectores académicos se ha llamado a una reflexión más profunda: ¿cómo equilibrar la compensación justa por representación estudiantil sin que interfiera con los apoyos dirigidos a estudiantes en real necesidad económica? Organizaciones estudiantiles han propuesto revisiones reglamentarias para incluir cruces automáticos de información entre oficinas.

La devolución del monto por parte de Fonseca es vista por algunos como un gesto de responsabilidad, pero otros consideran que no es suficiente sin la renuncia al cargo. La opinión pública, especialmente en redes sociales y foros universitarios, se divide entre quienes exigen accountability estricta y quienes abogan por proporcionalidad y segundas oportunidades.