LA JUSTICIA TIENE PRECIO, Y EL PRECIO ES EL APELLIDO

 ADVERTENCIA: Lo que vas a leer no es análisis político de salón. Es un llamado a la indignación honesta. Si esperás suavidad, diplomacia o eufemismos, equivocaste la pantalla.

LA JUSTICIA TIENE PRECIO, Y EL PRECIO ES EL APELLIDO

Una mujer de pueblo lleva tres años siendo perseguida por hablar en tico.
Una abogada pidió un francotirador para el presidente y el sistema bostezó.
Bienvenidos a la democracia costarricense.

Hay dos noticias que definen mejor que cualquier informe académico el estado real de la justicia en Costa Rica. La primera: Yendry Quirós, conocida como La Colocha, activista y ciudadana de a pie, enfrenta su segundo juicio penal en 2026, casi tres años después de agarrar un megáfono en una protesta y gritarle al diputado Ariel Robles que “se hiciera un churchill con el sirope que le iban a sacar de la nariz”. La segunda: Jimena Rueda Ledezma, abogada e hija del magistrado constitucional Paul Rueda, publicó en 2024 que la situación del presidente “ameritaba un francotirador”. Dos años después, el caso sigue “en investigación”. Sin juicio. Sin acusación. Sin nada.

No hace falta ser jurista para notar el problema. Hace falta solamente tener ojos y un mínimo de honestidad intelectual. Que por cierto, en este país, también escasea.

 
YENDRY QUIRÓS: EL CRIMEN DE HABLAR EN TICO
 

El 22 de junio del 2023, en una protesta frente a la Asamblea Legislativa, Yendry Quirós tomó un megáfono y le gritó al diputado Ariel Robles que “se hiciera un churchill con el sirope que le iban a sacar de la nariz”. También lo llamó “chuchinga”. Fin de los hechos.

No había armas. No había planes. No había amenazas reales. Había megáfono, enojo y el vocabulario cotidiano de cualquier barrio de Costa Rica.

¿Y qué pasó? Que el aparato judicial costarricense, ese mismo que siempre dice estar saturado, encontró de repente velocidad olímpica. Denuncia. Fiscalía. Acusación formal. Conciliaciones. Audiencias. Todo el menú completo.

Incluso le pidieron a Yendry grabar un video disculpándose públicamente y aceptar restricciones a su libertad de expresión. Como si hubiera organizado un golpe de Estado y no soltado una chuchada de protesta callejera.

Ella dijo que no.

Llegaron a juicio. La jueza revisó los hechos y absolvió a Yendry porque, sorpresa, hablar como habla media Costa Rica no constituye automáticamente una amenaza penal.

Caso cerrado.

¿O no?

No. Porque la Fiscalía apeló. Y el Tribunal de Apelación anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio. Tres años después de una frase dicha con megáfono, Yendry Quirós vuelve a sentarse frente al sistema judicial.

Tres años.
Dos juicios.
Una frase de barrio.

¿Alguien puede explicar con cara seria que eso es proporcional?

 
ARIEL ROBLES: REVOLUCIÓN HASTA QUE LE TOCA A ÉL
 

Hay que hablar de Ariel Robles. Sin anestesia.

Este es un diputado del Frente Amplio, partido que vive hablando de protesta social, libertad de expresión y persecución política. Pero cuando el megáfono apuntó hacia él, no respondió con tolerancia democrática. Respondió con Fiscalía.

Fue a poner una denuncia penal contra una ciudadana de a pie y luego construyó toda una narrativa de víctima pública alrededor del caso.

Porque en Costa Rica ya descubrimos una nueva emergencia nacional: el diputado afectado por folclor tico.

Parece que decirle una animalada a un político en una protesta ahora es prácticamente terrorismo verbal, siempre y cuando el político tenga cámaras, entrevistas y suficiente ego para convertir una chuchada en tragedia institucional.

Y ahí se cae toda la pose antisistema.

Porque jugar de revolucionario mientras usás el sistema penal para disciplinar a alguien que te gritó feo es como ponerse una camisa del Che Guevara para ir a Recursos Humanos a denunciar bullying.

Mucha resistencia simbólica… hasta que el megáfono apunta hacia vos.

Y lo más revelador es que nunca retiró la denuncia. Ni después de la absolución.

La vergüenza no es de Yendry.
La vergüenza es de él.

 
JIMENA RUEDA: EL CASO QUE EL SISTEMA PUSO A HIBERNAR
 

En mayo del 2024, Jimena Rueda Ledezma, abogada e hija de un magistrado constitucional, publicó una foto del presidente Rodrigo Chaves y escribió que la situación “ameritaba un francotirador”.

Un francotirador.

No una frase de cancha. No una chuchada. Un francotirador.

Y aquí viene lo fascinante del sistema costarricense: decir “sirope” activó más velocidad judicial que mencionar literalmente a un asesino de larga distancia.

Macondo se quedó corto.

La Fiscalía abrió una investigación. Dos años después, el expediente sigue flotando en algún limbo burocrático sin juicio, sin acusación y sin consecuencias reales.

Porque el Poder Judicial costarricense tiene un talento extraordinario: convertir casos incómodos en fósiles administrativos.

Uno se imagina el expediente debajo de una montaña de papeles mientras alguien dice: “dejémoslo enfriar”.

Y vaya que lo enfriaron.

LAS DOS VARAS: EL ANÁLISIS QUE NADIE QUIERE HACER
 

La comparación no admite maquillaje:

— Una mujer grita una frase de barrio con megáfono → tres años de proceso, juicio completo, absolución anulada y segundo juicio.

— Una abogada publica que el presidente merece un francotirador → dos años de silencio institucional.

Misma ley.
Mismo país.
Respuesta completamente distinta.

¿Por qué?

La respuesta corta la sabe todo el mundo aunque pocos la digan: el apellido.

No hace falta una conspiración de película ni magistrados reuniéndose en un cuarto oscuro. Basta con que todos sepan quién es hija de quién, quién comparte pasillos y quién podría incomodar mañana.

El sistema aprende solo.
Como moho institucional.

Y ahí está el verdadero problema: una justicia que corre cuando el acusado es ciudadano común y bosteza cuando el expediente toca círculos de poder.

 CIERRE: JUSTICIA SELECTIVA SIGUE SIENDO INJUSTICIA

Yendry Quirós va a un segundo juicio por hablar como habla media Costa Rica en una protesta.

Mientras tanto, el caso del “francotirador” duerme el sueño eterno de los expedientes incómodos.

Y después se preguntan por qué la gente perdió la fe en las instituciones.

No fue por discursos antisistema.
Fue viendo al sistema actuar distinto según el apellido que aparece en el expediente.

Porque aquí el mensaje quedó clarísimo:

Si sos ciudadano común, el Estado te encuentra rapidísimo.

Si tenés conexiones, apellido pesado o pedigree institucional, el Estado entra en modo ahorro de energía.

Y la vergüenza también es política.

Porque el Frente Amplio habla muchísimo de libertad de expresión… hasta que alguien les grita a ellos.

La libertad de expresión no sirve solamente cuando el megáfono apunta hacia el gobierno.
O es para todos o es pura utilería ideológica.

Y la pregunta sigue viva:

¿El apellido funciona como escudo ante la ley?

Porque si la respuesta es sí, entonces esto no es igualdad ante la justicia.

Es selectividad.
Con toga, escritorio y sello oficial.

Basta de ley para unos y carpeta para otros.
Libertad de expresión para todos o para nadie.
Justicia igual o no llamemos a esto democracia.