Los diputados no lograron alcanzar un consenso para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional-expediente 25.258.

San José, 28 de mayo de 2026. En una jornada marcada por la división política, la Asamblea Legislativa de Costa Rica fracasó nuevamente este miércoles en su intento por elegir a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia. Ninguno de los candidatos propuestos alcanzó los 38 votos requeridos por ley en las rondas de votación realizadas.

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), principal fuerza oficialista con alrededor de 30 diputados, decidió votar en blanco de manera unificada, lo que impidió cualquier posibilidad de alcanzar el umbral necesario. Esta estrategia, según sus representantes, busca presionar para que la Corte Suprema de Justicia envíe una nueva nómina de candidatos.

Contexto de la crisis en la Sala Constitucional

Las vacantes en la Sala IV se arrastran desde mediados de diciembre de 2025, cuando vencieron los periodos de los anteriores magistrados suplentes. Desde entonces, el tribunal constitucional opera únicamente con sus magistrados propietarios, lo que ha generado una acumulación crítica de expedientes. Según reportes del Poder Judicial, más de 70 recursos —principalmente de amparo y acciones de inconstitucionalidad— se encuentran pendientes, afectando el acceso oportuno a la justicia en temas de derechos fundamentales.

La Constitución Política y el reglamento de la Asamblea exigen 38 votos para cada nombramiento. El proceso inició con una nómina enviada por la Corte Suprema, que incluyó a profesionales con amplia trayectoria en derecho constitucional, administrativo y derechos humanos. Estos candidatos pasaron por un proceso de reclutamiento interno en el Poder Judicial. Varios de ellos cuentan con experiencia como jueces, fiscales, profesores universitarios o asesores en materia constitucional.

Posición del Partido Pueblo Soberano

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, fue enfático al finalizar la sesión: “No hay acuerdo sobre ninguno de esos miembros y requerimos una nueva propuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia”. Acosta argumentó que la nómina actual no genera los consensos necesarios y que los diputados tienen la potestad de solicitar una ampliación o renovación de candidatos.

La fracción oficialista entregó en blanco sus papeletas en las tres rondas de votación, sumando alrededor de 270 votos en blanco. Esto dejó a la oposición —conformada principalmente por Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana— con un máximo de aproximadamente 26 votos por candidato, muy por debajo de los 38 requeridos.

Diputados como José Miguel Villalobos, también de Pueblo Soberano, han vinculado esta posición a una agenda más amplia de reforma judicial, incluyendo la prohibición de reelección de magistrados propietarios.

Reacciones de la oposición y el Poder Judicial

Desde la oposición, se criticó duramente la decisión del oficialismo. Legisladores de Liberación Nacional y el Frente Amplio destacaron la trayectoria y preparación de los postulantes, recordando que pasaron filtros rigurosos. Antonio Trejos, del Frente Amplio, señaló: “Son personas capaces, tienen los atestados y pasaron un proceso de reclutamiento interno”.

Antecedentes y posibles próximos pasos

El anterior Congreso (2022-2026) ya había fracasado en seis intentos por elegir estos suplentes. La nueva Asamblea, instalada en mayo de 2026, retomó el expediente 25.258 con la esperanza de resolverlo rápidamente, pero las posiciones políticas lo han complicado.

Según el procedimiento, al no alcanzarse los votos, corresponde solicitar formalmente a la Corte Suprema una nueva lista de postulantes. Esto reiniciaría el proceso completo: evaluación en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, audiencias públicas y votaciones en el Plenario.

Expertos consultados advierten que una demora prolongada podría tener implicaciones no solo operativas, sino también de legitimidad institucional. La Sala IV es el máximo intérprete de la Constitución y guardiana de los derechos fundamentales en Costa Rica.

La Asamblea Legislativa deberá definir en los próximos días los pasos a seguir.