DIPUTADOS DE OPOSICIÓN AHORA NO QUIEREN QUE SE LES DELEGUE LA RESPONSABILIDAD DE VOTAR EL RECORTE A PENSIONES DE LUJO

El 12 de agosto de 2026 la presidenta Laura Fernández presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley expediente 25.703, denominado “Cero Tolerancia a las Pensiones de Lujo de los Expresidentes de la República”.

La iniciativa busca eliminar el régimen especial de pensiones para expresidentes, que actualmente ronda los ₡4 millones mensuales (equivalente al salario de un diputado). Según datos de la Dirección General de Pensiones, el Estado destina aproximadamente ₡37 millones mensuales para cubrir las pensiones de siete expresidentes, además de beneficios por viudez a dos ex primeras damas y a la hija de un expresidente fallecido. De los ocho expresidentes con derecho al beneficio, siete lo reciben; Carlos Alvarado renunció voluntariamente.

El proyecto alcanza a todos los expresidentes del pasado (incluido Rodrigo Chaves), a los futuros y a la propia Fernández al concluir su mandato. El viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, explicó que quienes hayan cotizado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se pensionarían por ese sistema según sus requisitos de edad y cuotas, y no por el régimen especial.

Días antes, entre el 5 y el 10 de agosto de 2026, Fernández había defendido públicamente la pensión especial. Argumentó que el cargo de presidente tiene particularidades distintas a otros puestos públicos y que el beneficio permite a los exmandatarios mantener un nivel de vida sostenible por temas de seguridad y dificultades de reincorporación laboral.

En ese mismo periodo, el 5 de agosto, diputados del oficialismo (Pueblo Soberano) y una legisladora del PLN votaron en contra, en la Comisión de Asuntos Sociales, del informe de un proyecto anterior del Frente Amplio (expediente 24.793) que también pretendía eliminar o limitar esas pensiones.

Tras el anuncio del expediente 25.703, legisladores de oposición reaccionaron de forma crítica. La diputada Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) señaló que la presidenta no debía “delegar” la responsabilidad a la Asamblea Legislativa y le pidió que renunciara públicamente a su futura pensión, argumentando que no necesita una ley para hacerlo.

El Frente Amplio, por su parte, pidió retomar el expediente 24.793, que ya se encontraba en la corriente legislativa, en lugar de iniciar un nuevo trámite.

Mientras el Ejecutivo presenta una propuesta concreta que incluye a la propia mandataria y a todos los expresidentes, parte de la oposición sostiene que la solución no debe pasar por una votación legislativa, sino por una renuncia individual de la presidenta. El proyecto 25.703 queda ahora en manos de la Asamblea Legislativa para su discusión y eventual votación.