Admiten recurso por rechazo del nombramiento de exdiputada en la CCSS

La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo presentado por la Unión Médica Nacional (UMN) contra el Consejo de Gobierno, luego de que este órgano rechazara el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La acción fue interpuesta por Randall Cabrera, vicepresidente de la UMN, quien cuestiona la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de junio. En el recurso, la organización sindical sostiene que la determinación del Ejecutivo vulneró la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones de trabajadores y los derechos fundamentales de la exlegisladora.

Lo que solicita la organización

La UMN pide que se deje sin efecto el acuerdo mediante el cual el Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de Alfaro. Además, solicita que se restituyan los derechos que considera vulnerados, que la autoridad recurrida se abstenga de repetir actuaciones similares y que se condene al pago de costas, daños y perjuicios.

Elección en asamblea sindical

De acuerdo con el recurso presentado ante la Sala Constitucional, la elección de Alfaro se realizó el 9 de junio durante una Asamblea del Movimiento Sindical, celebrada en las instalaciones de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE). Alfaro obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidos y fue electa como representante titular del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la CCSS.

La decisión fue comunicada formalmente al Consejo de Gobierno. Sin embargo, en una sesión ordinaria, ese órgano acordó rechazar el nombramiento al considerar que la exdiputada incumplía requisitos legales para integrar la Junta Directiva.

Argumentos sobre libertad sindical

La UMN sostiene que el acuerdo impugnado no solo afecta a Alfaro, sino que constituye una intervención del Poder Ejecutivo en una decisión adoptada democráticamente por el movimiento sindical. Según el recurso, las organizaciones sindicales tienen derecho a elegir libremente a sus representantes, y las autoridades públicas deben abstenerse de interferir en ese proceso. La organización argumenta que el Consejo de Gobierno sustituyó la voluntad expresada por los sindicatos.

Cuestionamientos a los fundamentos del rechazo

El recurso también objeta los argumentos utilizados para rechazar la designación. La UMN afirma que el Consejo de Gobierno atribuyó a Alfaro falta de honorabilidad, competencia e imparcialidad mediante valoraciones que, a su criterio, carecen de sustento. Sostiene además que la exlegisladora no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, ni pesa sobre ella una sanción administrativa firme o un impedimento legal que le impida asumir la representación sindical.

La organización cuestiona, asimismo, que se utilizara la presunta militancia política activa de Alfaro como parte de los argumentos para rechazar su nombramiento, señalando que esa valoración afectaría la libertad de asociación política. También rechaza la conclusión de que Alfaro carece de conocimientos en materias económico-sociales, argumentando que la normativa aplicable no exige una profesión específica ni limita ese requisito a determinadas disciplinas académicas.

Reclamo por libertad de expresión

Otro de los argumentos planteados en el recurso se relaciona con opiniones públicas emitidas por Alfaro sobre políticas relacionadas con la prestación de servicios de Ebáis por parte de cooperativas. La UMN considera que utilizar esas manifestaciones para descalificarla representa una afectación a la libertad de expresión y al derecho al pensamiento crítico. A su criterio, restringir el acceso a un cargo público por opiniones emitidas sobre asuntos de interés público resulta incompatible con los principios democráticos.

El caso queda ahora en manos de la Sala Constitucional, que deberá resolver sobre el fondo del recurso.