¡BOMBA! Fernández estalla contra el Poder Judicial y lanza 6 proyectos de “Mano Dura” mientras acusa a Orlando Aguirre de hacer “berrinches”

San José. La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, presentó este lunes 27 de julio de 2026 el segundo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad ante la Asamblea Legislativa. La entrega se realizó en el marco de la sesión semanal del equipo de Fuerza Élite, la estructura de alto nivel creada por el Ejecutivo para definir y ejecutar la estrategia nacional contra el crimen organizado y la inseguridad.

Este nuevo conjunto de iniciativas se suma al primer paquete de seis proyectos enviado hace aproximadamente un mes y medio, el 15 de junio. En total, el Gobierno impulsa una batería de reformas orientadas a agilizar la justicia penal, fortalecer herramientas de control, endurecer sanciones y cerrar espacios que, según el Ejecutivo, han sido aprovechados por organizaciones criminales.

De acuerdo con la información oficial y las presentaciones gráficas difundidas por Casa Presidencial, los proyectos incluidos en este segundo paquete son los siguientes:

1. Reforma al Código Procesal Penal (audiencia previa al juicio) La iniciativa busca agilizar el proceso penal, que actualmente se caracteriza por demoras excesivas. Entre las principales reformas destacan: la supresión de una etapa procesal considerada innecesaria, la eliminación de la duplicidad de control, la concentración de la prueba en una sola audiencia y la celebración de dicha audiencia en el mes siguiente al recibo de la causa. El Gobierno enfatiza que la medida no afecta los derechos del acusado, quien conocerá la acusación y la prueba con un mes de anticipación para preparar su defensa. Además, no genera gasto adicional para el Poder Judicial; por el contrario, produce ahorro al reducir horas de trabajo de jueces y fiscales, disminuye costos de notificación, señalamiento y reprogramación de audiencias, y libera salas y recursos tecnológicos.

2. Reforma al artículo 32 de la Constitución Política Esta propuesta constitucional tiene como objetivo ampliar las causales de extradición para delitos graves. El mensaje del Ejecutivo es claro: “La nacionalidad costarricense es un derecho y un orgullo para millones de ciudadanos honestos; NO un escudo para miembros de organizaciones criminales transnacionales”. Debido a su naturaleza constitucional, la presidenta anunció que esta reforma se presentará formalmente el 3 de agosto.

3. Ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal Plantea sustituir mecanismos tradicionales (como firmas periódicas) por monitoreo electrónico más efectivo para el seguimiento de personas sujetas a medidas penales.

4. Ley de penalización de la explotación minera ilegal Incrementa las penas de prisión por explotación, organización y promoción de actividades mineras ilícitas en parques nacionales, reservas naturales, humedales y áreas silvestres protegidas. También eleva las sanciones por explotación, extracción o procesamiento de recursos minerales sin permiso o concesión, así como para quienes financien, promuevan u obtengan beneficio de estas actividades ilegales. En el caso de la explotación ilegal de cauces y tajos se mantiene la pena actual.

5. Ley de monitoreo electrónico por apremio corporal Crea un marco legal que permite el uso de monitoreo electrónico (tobillera) en personas sujetas a apremio corporal por incumplimiento de pensiones alimentarias. El objetivo es que estas personas puedan continuar desarrollando actividades laborales o económicas, generar recursos para pagar sus obligaciones y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los beneficiarios.

6. Proyecto de rangos policiales Propone modificar la nomenclatura actual de los grados policiales sin alterar sus funciones, con el fin de modernizar la estructura y alinearla con estándares contemporáneos.

Durante la presentación, la mandataria hizo referencia a las tensiones recientes con el Poder Judicial. Señaló que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y otras autoridades judiciales “prefirieron hacer berrinches antes de ponerse a trabajar”, en alusión a la decisión del Poder Judicial de no asistir a una convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad Pública la semana anterior, justificada por el alto tribunal como un ejercicio responsable de sus funciones ante recortes presupuestarios.

Fernández reiteró que el equipo de Fuerza Élite se reúne todos los lunes para evaluar avances y definir acciones concretas. “Esta es una estrategia hecha por el Gobierno para superar los problemas de seguridad que afectan a las familias costarricenses”, subrayó.

La presidenta adelantó que ya se trabaja en un tercer paquete de iniciativas y llamó a los diputados a dar trámite ágil a estos proyectos, recordando que “la bola está del lado” del Poder Legislativo y del Poder Judicial para actualizar las reglas del juego y ofrecer resultados tangibles a la ciudadanía.

Con estas reformas, el Ejecutivo busca combinar mayor eficiencia procesal, herramientas tecnológicas de control, sanciones más severas contra delitos ambientales y económicos vinculados al crimen, y una ampliación de las posibilidades de extradición, como parte de una ofensiva integral contra las estructuras criminales que operan en el país.