Preparan marcha hoy frente al Poder Judicial en rechazo a cuestionada resolución de la Sala Cuarta

Este lunes 3 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., costarricense molestos con el actuar de la Sala IV se concentrarán frente a las instalaciones del Poder Judicial para acompañar a la presidenta de la República, Laura Fernández, y a los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La convocatoria, difundida ampliamente en redes sociales invita a los asistentes a llegar con anticipación y portar la bandera de Costa Rica. El acto se enmarca en el creciente rechazo a una resolución de la Sala Constitucional que ha generado fuertes cuestionamientos por su legalidad y por lo que muchos consideran un actuar cada vez más turbio de la Corte.

Una decisión altamente cuestionada

El conflicto se agudizó el pasado jueves 30 de julio, cuando la Sala IV resolvió, por mayoría de cuatro votos, anular la devolución de la nómina de candidatos a magistrados suplentes que había ordenado la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y prorrogó de forma temporal los nombramientos de los 12 suplentes cuyo periodo venció el 16 de diciembre de 2025.

Los magistrados que conformaron la mayoría fueron Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess. Tres magistrados salvaron su voto.

La decisión se produjo luego de que la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista desde mayo, se negara durante más de siete meses a elegir a los reemplazos propuestos por la Corte Suprema. Aunque la Sala argumentó que la prórroga era necesaria para evitar la paralización del tribunal —que ya acumula más de 100 expedientes sin resolver—, la medida ha sido duramente cuestionada por considerarse una extralimitación de funciones y una intromisión en atribuciones exclusivas del Poder Legislativo.

Reacción del Gobierno

La presidenta Laura Fernández calificó la resolución de “ilegal e inconstitucional” y la denunció como un “golpe de Estado” de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, único órgano constitucionalmente facultado para nombrar y destituir magistrados.

“No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes”, afirmó Fernández, rodeada de diputados del PPSO. Además, calificó de “golpistas” a los cuatro magistrados que respaldaron la sentencia.

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció que presentará una querella por prevaricato contra esos jueces. Por su parte, el jefe de bancada oficialista, Nogui Acosta, adelantó que el oficialismo no acatará fallos de la Sala Constitucional que considere ilegítimos.

Un actuar cada vez más turbio

Esta no es la primera vez que la Sala Cuarta enfrenta críticas por decisiones que, según el oficialismo y amplios sectores ciudadanos, revelan un comportamiento cada vez más opaco y cuestionable. A lo largo de los últimos años, el tribunal ha sido acusado de fallos selectivos, de defender privilegios y de extralimitarse en sus competencias, lo que ha deteriorado la confianza en su imparcialidad.

El choque actual forma parte de un conflicto más amplio entre el Gobierno de Fernández —respaldado por el expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves— y el Poder Judicial. En las últimas semanas, el Ejecutivo ordenó recortes presupuestarios que, según los magistrados, llegan hasta un 42 % del gasto operativo. Mientras el Gobierno los presenta como medidas de austeridad, desde el Judicial se habla de “asfixia política”.

La concentración de este lunes se presenta como un acto de respaldo a la postura del Gobierno y de los diputados oficialistas frente a lo que consideran una decisión espuria y un comportamiento cada vez más turbio de la Sala Constitucional.