Ministro de Justicia cancela convenio de audiencias virtuales ante el claro desinterés del Poder Judicial

La decisión del Ministerio de Justicia y Paz de dar por terminado el convenio de cooperación con el Poder Judicial para la realización de audiencias virtuales desde los centros penitenciarios marca un nuevo episodio en las crecientes diferencias entre ambos poderes del Estado sobre la estrategia para enfrentar la delincuencia organizada en Costa Rica.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció la cancelación del acuerdo luego de cuestionar que la herramienta no estaba siendo utilizada en casos de alta peligrosidad, pese a que, según explicó, el Ministerio había recomendado expresamente celebrar de forma virtual la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”.

De acuerdo con Aguilar, trasladar a ambos imputados desde el módulo de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional La Reforma implicaba un riesgo significativo para la seguridad pública, los funcionarios penitenciarios y los cuerpos policiales encargados del operativo. Sin embargo, indicó que el Poder Judicial optó por realizar la audiencia de forma presencial, decisión que calificó como contraria a las recomendaciones de seguridad emitidas por el Ministerio.

“¿De qué sirve mantener un convenio si prácticamente no se utiliza?”, cuestionó el jerarca al anunciar que los recursos económicos destinados a dicho acuerdo serán redireccionados para fortalecer la seguridad penitenciaria, mejorar la infraestructura carcelaria y reforzar las capacidades operativas dentro de los centros penales del país.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial respecto al manejo de casos relacionados con el crimen organizado. Desde el Gobierno se han expresado críticas sobre decisiones judiciales que, a su juicio, dificultan la estrategia nacional contra la delincuencia y aumentan los riesgos para los cuerpos de seguridad.

Las declaraciones del ministro también se producen en medio de un ambiente de fuerte debate público sobre la respuesta institucional frente al aumento de la violencia y la actividad de organizaciones criminales, situacion que no ha sido astendido por el Poder Judicial de la manera mas eficiente según opinion de la mayoría del Congreso y de la Presidencia. Diversos sectores ciudadanos han manifestado preocupación por resoluciones judiciales relacionadas con casos de alto perfi.

Este episodio ha profundizado el debate público sobre la coordinación entre los poderes del Estado para enfrentar la criminalidad organizada. Mientras tantos los sectores respaldan las críticas del Ejecutivo y consideran necesario revisar los procedimientos judiciales en casos de alto riesgo,

La cancelación del convenio representa un cambio importante en la coordinación entre ambas instituciones y evidencia las diferencias existentes sobre la utilización de herramientas tecnológicas para reducir los riesgos asociados al traslado de privados de libertad considerados de alta peligrosidad. A partir de ahora, los recursos que anteriormente respaldaban el sistema de audiencias virtuales serán destinados, según informó el Ministerio de Justicia y Paz, al fortalecimiento de la seguridad penitenciaria como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar el crimen organizado.