Max Navarro El Instituto Nacional de Criminología (INC) solicitó este miércoles al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela que deje sin efecto una resolución que modifica la pena de uno de los hermanos de los líderes de la organización criminal “Los Lara”. La decisión judicial permitiría que el privado de libertad salga a la calle en los próximos días. Según la información disponible, el hombre estaría relacionado con una alerta de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP) vinculada a amenazas contra la presidenta de la República, Laura Fernández. Ante ese antecedente, el INC pidió revertir la modificación de la pena para evitar su egreso. Noticias Trivisión informó además que el líder de la banda “Los Lara” quedaría libre la próxima semana, en medio de un nuevo capítulo de cuestionamientos al Poder Judicial por el manejo de beneficios y la ejecución de sentencias en casos de crimen organizado. “Los Lara” es una estructura criminal con operaciones concentradas en barrios del sur de San José, especialmente Sagrada Familia, Hatillo y la 25 de Julio. Se le atribuyen narcotráfico (cocaína, marihuana, crack y las llamadas “bombas” de droga), homicidios, tentativas de asesinato, extorsiones y lavado de activos. En juicios anteriores se determinó que los hermanos Lara Villanea dirigían la organización desde prisión a través de familiares. En 2025, un tribunal condenó a 13 integrantes: tres de ellos, incluido uno de los líderes, recibieron penas máximas de 50 años por homicidio y tentativas, mientras otros fueron sentenciados por narcotráfico a entre 9 y 12 años. Solo tres personas acusadas únicamente de delitos menores quedaron realmente en libertad, según aclaró en su momento el Ministerio Público, que desmintió versiones de liberaciones masivas. Alertas de amenazas En junio de 2026, el Ministerio de Justicia emitió una alerta interna que señalaba un presunto plan de atentado contra la presidenta Laura Fernández atribuido a cabecillas de “Los Lara” recluidos en máxima seguridad. Los privados de libertad identificados como Julio César Lara Villanea y Juan José Lara Villanea fueron aislados e incomunicados. La mandataria ha referido públicamente la existencia de múltiples amenazas contra su integridad física. La solicitud del Instituto Nacional de Criminología busca precisamente evitar que una persona vinculada a esas alertas recupere la libertad mediante una modificación de pena. El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela deberá resolver si acoge o no el pedido del INC. El caso se produce en un contexto de críticas recurrentes al sistema judicial por decisiones en materia de ejecución de penas y beneficios penitenciarios en causas de crimen organizado, mientras sectores de oposición defienden la independencia de los jueces frente a presiones políticas. Navegación de entradas Gobierno avanza con estudio para nuevo paso a desnivel que conectará Avenida 10 con San Pedro