Casi 1.000 presos en huelga de hambre en cárcel La Reforma 

El Ministerio de Justicia mantiene vigilancia estricta mientras informes penitenciarios revelan que parte de los participantes fue coaccionada para sumarse al movimiento.

Un numeroso grupo de privados de libertad del complejo penitenciario La Reforma, que suma cerca de mil reclusos, mantiene una huelga de hambre para protestar por lo que describen como porciones insuficientes de alimento y la reducción en las raciones diarias. Los internos de los sectores de alta contención aseguran haber perdido peso y señalan también malestar por las restricciones recientes al régimen de visitas de familiares y defensores legales.

La protesta, sin embargo, tiene un elemento que le quita pureza a la narrativa: informes de la Policía Penitenciaria indican que una parte de los participantes no pertenece a los módulos de máxima seguridad, sino que presuntamente fue obligada y amenazada por los internos de alta contención para unirse al movimiento y ejercer mayor presión sobre el sistema.

El contexto que los reclusos prefieren no contar

Las restricciones que hoy motivan la protesta no llegaron de la nada. En abril de 2025, el Ministerio de Justicia y Paz anunció medidas estrictas para los privados de libertad del Circuito de Alta Contención. Las visitas familiares pasaron de semanales a una vez al mes, y las visitas conyugales con vínculo demostrado bajaron de quincenales a una cada dos meses. Las llamadas telefónicas quedaron reducidas a 10 minutos semanales y las encomiendas, antes diarias, se limitaron a una por mes con artículos de primera necesidad únicamente. 

El propio presidente Chaves explicó parte del porqué: durante su visita con el presidente Bukele al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero en noviembre de 2024, describió la existencia de un “negocio de prostitución” con mujeres que rotaban entre los reos que recibían visitas. El ministro Campos Valverde fue más técnico pero igualmente directo al señalar que las medidas buscan ubicar a quienes representan alto riesgo en espacios con mayor contención y control. 

Amparos y el sistema judicial como trinchera

Las nuevas medidas no tardaron en generar reacción. Tras los cambios, se acumularon 72 expedientes con reclamos ante la Sala Constitucional. No es la primera vez que el sistema judicial se convierte en el terreno favorito para revertir restricciones penitenciarias, ni tampoco la última en que los reclusos encuentran aliados institucionales dispuestos a defender condiciones que, vistas desde afuera, resultan difíciles de justificar ante la ciudadanía. 

El largo historial de privilegios que nadie quería tocar

Durante décadas, el sistema penitenciario costarricense operó bajo un marco que, interpretado con generosidad, derivó en visitas semanales, visitas íntimas quincenales, encomiendas diarias y llamadas de libre acceso para reos de alta peligrosidad. Un esquema que, convenientemente, también facilitaba el flujo de información, dinero y contactos con el crimen organizado desde adentro de los penales.

Y cuando alguna administración intentó recortarlo, no faltaban voces políticas y judiciales dispuestas a salir en defensa de los internos. En 2026, legisladoras oficialistas como Pilar Cisneros y Carolina Delgado votaron en contra de un proyecto de ejecución de sanciones penales, calificándolo de “alcahuetería” hacia los privados de libertad. 

Una huelga con preguntas sin respuesta

Las condiciones de alimentación en los centros penales deben ser suficientes, eso no está en discusión. Pero también es legítimo preguntarse qué tipo de “derechos” se defienden cuando los propios informes penitenciarios señalan que parte de los huelguistas fue amenazada para participar. Y recordar que los reclusos de alta contención en La Reforma no están ahí por infracciones menores, sino por ser clasificados técnicamente como de alto riesgo para la seguridad pública.

La reforma al régimen penitenciario no es un capricho: es el reconocimiento tardío de que un sistema carcelario con visitas conyugales, encomiendas diarias y comunicación irrestricta termina siendo, también, una herramienta logística para el crimen organizado. Que eso haya tardado tanto en corregirse es la verdadera historia detrás de esta huelga.

El DiarioCR | Seguridad y Justicia