Operativo militar contra el Comando Vermelho, Río de Janeiro, Brasil.Silvia Izquierdo / AP

Brasilia, 29 de mayo de 2026 – La decisión de la administración de Donald Trump de designar al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas ha generado un fuerte nerviosismo en Brasil. Un día después del anuncio, el debate ya no se limita al crimen organizado: surge la pregunta de si esta medida podría justificar eventuales acciones unilaterales de Estados Unidos en territorio brasileño.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la designación argumentando que estas facciones tienen una influencia que “se extiende mucho más allá de las fronteras de Brasil”, incluyendo redes en territorio estadounidense. La medida entrará plenamente en vigor el 5 de julio (tras una designación preliminar como “Specially Designated Global Terrorists”). Con ella, CV y PCC se suman a grupos como el Cártel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha, el Clan del Golfo y otros calificados previamente como terroristas por Washington.

Temores de “acción militar secreta”

Uno de los principales críticos ha sido el fiscal Lincoln Gakiya, del Grupo de Acción Especial de Represión al Crimen Organizado del Ministerio Público de São Paulo. En declaraciones recogidas por G1, Gakiya advirtió: “No tengo ninguna duda: causará problemas de todo tipo en Brasil y no veo ningún beneficio práctico. Creo que existe un gran riesgo de que EE.UU. quiera hacer algún tipo de acción militar secreta aquí dentro de Brasil, como lo hizo en México y como también lo hizo en Venezuela”.

Según el fiscal, la clasificación como organización terrorista permite que la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses intervengan de forma más directa, con información clasificada como secreta o ultrasecreta. Esto podría reducir el intercambio de inteligencia con autoridades brasileñas y abrir la puerta a operativos encubiertos sin plena coordinación con Brasilia.

Especialistas en seguridad coinciden en que la designación tiene implicancias financieras graves: bancos, fintechs y fondos de inversión brasileños podrían enfrentar sanciones unilaterales si se detecta cualquier flujo de dinero vinculado a estas bandas. Esto afectaría significativamente el sistema financiero del país.

Tensiones diplomáticas y contexto político

La decisión llega en medio de crecientes fricciones entre la administración Trump y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Recientemente se produjo la expulsión recíproca de agregados militares: Brasil expulsó a un funcionario estadounidense tras la detención en Miami de Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y precandidato presidencial, ha emergido como figura clave. Se reunió recientemente con Marco Rubio y agradeció públicamente la designación, posicionándola como un triunfo contra el crimen. Esto ha sido interpretado por analistas como un impulso a su campaña electoral de cara a las presidenciales de octubre, donde aparece como principal contendiente de Lula.

Lula, por su parte, ha endurecido su discurso en defensa de la soberanía. “Brasil no será tratado como un país bananero”, declaró, advirtiendo contra cualquier forma de intervencionismo. El gobierno brasileño teme que la medida sea utilizada políticamente para favorecer a la oposición bolsonarista.

La “Doctrina Donroe” y precedentes regionales

La prensa brasileña y analistas internacionales vinculan esta estrategia a la renovada Doctrina Monroe (o “Donroe”, en referencia a Trump), que busca mantener el dominio comercial y militar de Estados Unidos en su “patio trasero”. Ejemplos recientes incluyen la operación unilateral en Venezuela que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro y acusaciones de acciones encubiertas de la CIA en México, donde agentes estadounidenses operaron sin plena autorización del gobierno de Claudia Sheinbaum.

En México, la muerte de funcionarios estadounidenses en un accidente durante operativos antidrogas reveló la presencia de agentes de inteligencia actuando de forma independiente, lo que generó una crisis diplomática. Trump incluso solicitó la extradición de varios políticos mexicanos cercanos a Sheinbaum.

¿Podría repetirse algo similar en Brasil? Aunque analistas como Robert Muggah, de Americas Quarterly, señalan que la designación es principalmente una herramienta para cortar financiamiento y presionar políticamente, no descartan que sirva como base legal para operaciones selectivas si se argumenta una amenaza directa a la seguridad estadounidense.

Implicaciones para la seguridad y la soberanía

Brasil enfrenta un grave problema de crimen organizado. El PCC y el CV controlan rutas de narcotráfico hacia Europa, África y Estados Unidos, operan desde cárceles y favelas, y han sido responsables de ataques brutales contra policías y civiles. Sin embargo, el gobierno de Lula argumenta que la lucha contra estas bandas debe ser liderada por instituciones brasileñas, sin injerencia externa.

La designación podría tener efectos contraproducentes: endurecer la respuesta de las bandas, generar tensiones internas en las fuerzas de seguridad brasileñas y complicar la cooperación bilateral en inteligencia.

Desde el punto de vista militar, una “incursión” abierta parece poco probable debido a la escala de Brasil y las consecuencias diplomáticas. No obstante, expertos no descartan operaciones puntuales de fuerzas especiales o drones, similares a las realizadas en otros países contra objetivos de alto valor del narco.

¿Qué sigue?

La Casa Blanca ha insistido en que la medida busca proteger a ciudadanos estadounidenses del flujo de drogas y violencia. Rubio afirmó: “Usaremos todas las herramientas disponibles para mantener las drogas fuera de nuestras calles y cortar los fondos a narco-terroristas”.

En Brasil, el gobierno de Lula prepara una respuesta diplomática que incluye diálogo directo con Trump y un reforzamiento del discurso soberano. Mientras tanto, Flávio Bolsonaro capitaliza el apoyo estadounidense para posicionarse como el candidato “duro” contra el crimen.

La designación marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Brasilia. Aunque por ahora se trata de sanciones financieras e inteligencia, el precedente regional genera legítima preocupación sobre posibles escaladas. Brasil, con su tamaño, recursos y complejidad interna, no sería un objetivo fácil, pero la presión ya es palpable.

Analistas coinciden en que el éxito o fracaso de esta estrategia dependerá de cómo responda Brasil: si fortalece su propia lucha contra el crimen o si las divisiones políticas internas terminan invitando mayor intervención externa.

La ciudadanía brasileña observa con atención. La inseguridad es una de las principales preocupaciones del electorado, y cualquier percepción de debilidad o, por el contrario, de soberanía amenazada, podría definir las elecciones de octubre.

Fuestes: DW, Folha de S.Paulo y comunicados oficiales del Departamento de Estado de EE.UU

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