Diputado Villalobos cuestiona el modelo de cobro de ACAM y anuncia fiscalización

El diputado José Miguel Villalobos, de la fracción Pueblo Soberano, cuestionó este miércoles en el Plenario Legislativo el modelo de cobro de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), entidad encargada de la gestión colectiva de derechos de autor sobre música en el país.

Durante su intervención, Villalobos señaló que ACAM aplica un tarifario aprobado por la propia organización para cobrar a hoteles, restaurantes, bares, gimnasios, hospitales, clínicas y otros negocios un monto mensual por la reproducción de música en sus instalaciones. El diputado calificó la situación como un asunto que requiere mayor control y transparencia.

Según datos de un expediente legislativo correspondiente a 2021, citados por el legislador, ACAM recaudó ese año 1.300 millones de colones, de los cuales repartió poco más de 900 millones entre los autores y compositores representados. El diputado cuestionó el destino del remanente y lo vinculó con la construcción de un edificio de la organización.

Villalobos anunció que impulsará una comisión investigadora para revisar a fondo el modelo de recaudación y distribución de ACAM, con el respaldo de otros legisladores. El diputado afirmó que dedicará los próximos cuatro años de su gestión legislativa a fiscalizar el funcionamiento de la entidad y a exigir mayor transparencia, proporcionalidad y límites claros en el cobro de las tarifas.

ACAM respondió a través de un comunicado firmado por su presidente, Arnoldo Castillo, en el que rechazó las afirmaciones del diputado y las calificó de falsas. La organización sostuvo que el derecho de autor “no es un privilegio, no es un impuesto y no es una ocurrencia local”, sino un derecho reconocido por la legislación costarricense y por tratados internacionales suscritos por el país.

El comunicado de ACAM precisó que la asociación es una entidad sin fines de lucro, autorizada y sujeta a fiscalización por parte del Registro de Propiedad Intelectual, adscrito al Registro Nacional y al Ministerio de Justicia y Paz. La organización afirmó además que utiliza mecanismos de monitoreo, reportes de uso y reglas de prorrateo para garantizar que los montos recaudados lleguen a los titulares de los derechos correspondientes, y rechazó que exista falta de transparencia en sus procesos.

La discusión sobre el modelo de cobro de ACAM no es nueva. En años anteriores, distintos sectores comerciales y algunos legisladores han planteado iniciativas para modificar el esquema de cobro a negocios que, según argumentan, no dependen de la música para su actividad principal. La Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y su reglamento son la base legal que ampara a ACAM para fijar y ejecutar estos cobros, cuyos montos varían según el tipo y tamaño del negocio.

Por el momento, no se ha definido una fecha para la conformación de la comisión investigadora anunciada por Villalobos.