El Expediente 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, propone una reestructuración importante del sector eléctrico costarricense mediante la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) y la habilitación de un mercado mayorista con mayor participación privada. Sus impulsores sostienen que la iniciativa fortalecerá la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad del sistema eléctrico del país.

San José, 24 de mayo de 2026. La Asamblea Legislativa continúa el análisis del proyecto de ley 23.414, el cual busca actualizar el marco institucional y regulatorio del sistema eléctrico nacional para enfrentar los retos actuales de demanda energética y transición hacia fuentes más diversas.

Según los documentos oficiales del expediente, el proyecto plantea la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una entidad autónoma que asumiría las funciones de planificación, operación y despacho del sistema eléctrico, actualmente concentradas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Esta medida busca separar las funciones de regulación y coordinación del rol de generador y distribuidor, con el objetivo de generar un entorno más transparente y eficiente.

Entre los principales beneficios que promueven los impulsores del proyecto se encuentran:

  • Mayor eficiencia y reducción de costos: Al permitir una mayor competencia en la generación y comercialización de energía, se espera que el mercado mayorista incentive la eficiencia operativa y la innovación tecnológica, lo que podría traducirse en menores costos de generación que eventualmente beneficien al usuario final.
  • Mayor diversificación de la matriz energética: La ley facilitaría la incorporación de nuevos actores privados nacionales en la generación de energía, promoviendo el desarrollo de proyectos renovables y contribuyendo a la meta nacional de descarbonización y sostenibilidad del sistema.
  • Mejor planificación y confiabilidad del suministro: Con un ente coordinador independiente, se busca optimizar el despacho de energía, reducir pérdidas técnicas y mejorar la respuesta ante picos de demanda, garantizando una mayor estabilidad en el servicio eléctrico a nivel nacional.
  • Atracción de inversión y generación de empleo: Los defensores del proyecto indican que un marco regulatorio más abierto podría atraer inversión privada nacional en el sector energético, impulsando el desarrollo de infraestructura y creando oportunidades de empleo en ingeniería, construcción y mantenimiento de proyectos eléctricos.
  • Fortalecimiento de la cobertura rural: Aunque genera preocupación en algunos sectores, los proponentes aseguran que el nuevo modelo mantendría los mecanismos de subsidios y obligaciones de servicio universal, buscando ampliar la cobertura eléctrica en zonas alejadas con mayor eficiencia.

El proyecto también contempla el traslado de la División Operativa del Centro de Control del Sistema Eléctrico (DOCSE) hacia el nuevo ente ECOSEN, con el fin de mantener la experiencia técnica acumulada durante décadas.

Actualmente, el expediente se encuentra en proceso de análisis en la Asamblea Legislativa, donde se discuten mociones y textos sustitutivos. Las autoridades competentes continúan recibiendo criterios técnicos de diferentes instituciones del Estado para asegurar que cualquier cambio beneficie el interés público y preserve la soberanía energética del país.

Sin embargo, a pesar de los beneficios planteados por sus impulsores, el proyecto de ley ha generado fuertes voces de oposición. Diversos sectores, incluyendo sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad, organizaciones ambientalistas y algunos legisladores, han expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que podría representar un debilitamiento del carácter público del servicio eléctrico y abrir la puerta a una eventual privatización encubierta.

Estas agrupaciones han advertido sobre posibles incrementos en las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales y un riesgo en la cobertura del servicio en zonas rurales y de menor rentabilidad. Ante este escenario, varios sindicatos han manifestado su disposición a convocar acciones de protesta, incluyendo posibles huelgas y manifestaciones, si el proyecto avanza sin incorporar las salvaguardas que ellos consideran necesarias para proteger el modelo solidario actual.

Las tensiones políticas y sociales alrededor del Expediente 23.414 continúan latentes, por lo que se espera que las próximas semanas sean clave en la negociación legislativa. Las autoridades del Gobierno y los diputados promotores del texto han llamado al diálogo constructivo entre todas las partes involucradas, con el fin de alcanzar un consenso que garantice tanto la modernización del sistema como la protección del interés público nacional.

Fuente oficial: Documentos y registros del Expediente Nº 23.414 disponibles en el portal oficial de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (asamblea.go.cr)

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