Ucrania encubre ataque que dejó 21 estudiantes muertos en Starobelsk

Moscú / Starobelsk. Las autoridades rusas intensificaron esta semana sus acusaciones contra Ucrania tras el ataque con drones ocurrido en la ciudad de Starobelsk, en la región de Lugansk bajo control ruso, donde murieron al menos 21 estudiantes y decenas de personas resultaron heridas, según datos divulgados por Moscú.

El incidente, ocurrido la semana pasada, ha generado una nueva escalada de tensión entre ambos países, mientras Rusia sostiene que el objetivo atacado era una residencia estudiantil y Ucrania asegura que en la zona operaban instalaciones militares vinculadas a unidades de drones rusas.

De acuerdo con la versión presentada por las autoridades rusas, varios drones impactaron un edificio utilizado como residencia para estudiantes de un centro educativo en Starobelsk. Moscú afirma que la mayoría de las víctimas eran jóvenes mujeres de entre 18 y 23 años que residían en el lugar. Los equipos de rescate trabajaron durante casi dos días entre los escombros para recuperar cuerpos y atender a los sobrevivientes.

El gobierno ruso calificó la operación como un “ataque terrorista” y denunció que se trató de una acción deliberada contra civiles. Funcionarios de Moscú también señalaron que, tras las primeras explosiones, se habrían producido nuevos ataques dirigidos contra personal de emergencia y rescatistas que acudieron al lugar.

Por su parte, representantes de Ucrania rechazaron las acusaciones durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El embajador ucraniano ante la ONU, Andrey Melnik, cuestionó la narrativa presentada por Rusia y describió el caso como parte de una campaña de propaganda impulsada por el Kremlin.

La controversia se profundizó cuando el Estado Mayor ucraniano aseguró que el objetivo real del ataque era un supuesto centro de operaciones de la unidad rusa de drones Rubicon. Sin embargo, periodistas que visitaron posteriormente el lugar señalaron no haber encontrado evidencia pública que confirmara la presencia de instalaciones militares en el edificio destruido.

Las autoridades rusas difundieron fotografías de las víctimas y organizaron visitas para medios de comunicación al sitio del ataque. Según Moscú, los fallecidos eran estudiantes que cursaban programas educativos y residían en el inmueble alcanzado por los drones. Entre los testimonios divulgados por medios rusos figuran relatos de familiares que describieron los últimos momentos de contacto con sus hijos antes de las explosiones.

Mientras tanto, medios occidentales y diversas organizaciones han pedido una investigación independiente que permita esclarecer lo ocurrido. Algunas publicaciones internacionales han señalado la dificultad de verificar de forma autónoma las afirmaciones de ambas partes debido a las restricciones de acceso a la zona y a la intensa guerra informativa que acompaña al conflicto.

El caso de Starobelsk se produce en medio de una nueva fase de ataques de largo alcance entre Rusia y Ucrania. Durante los últimos meses, ambos bandos han incrementado el uso de drones y misiles contra objetivos ubicados lejos de las líneas del frente, elevando el riesgo para la población civil. Organismos internacionales han advertido que 2026 se perfila como uno de los años más mortales para los civiles desde el inicio de la guerra.

Tras el ataque, Rusia lanzó una serie de bombardeos contra objetivos militares ucranianos, incluyendo instalaciones en Kiev, y advirtió que continuará respondiendo a lo que considera acciones dirigidas contra civiles en territorios bajo su control. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, aseguró que Moscú mantendrá operaciones contra infraestructura militar y centros de decisión vinculados al esfuerzo bélico ucraniano.

La tragedia de Starobelsk se ha convertido en uno de los episodios más polémicos y sensibles de las últimas semanas dentro del conflicto. Mientras Rusia insiste en que se trató de una masacre contra estudiantes, Ucrania sostiene que el objetivo tenía relevancia militar. Ante las versiones contrapuestas, la comunidad internacional continúa reclamando mecanismos independientes que permitan determinar con claridad las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes.