Prohibición de encomiendas de alimentos marca giro en la política penitenciaria para cerrar la ruta de ingreso de ilícitos a las cárceles

Se frena “la alcahueteria”

La decisión elimina un beneficio vigente desde 2015 y redefine la operación diaria del sistema penitenciario costarricense. El Ministerio de Justicia sostiene que la medida permitirá concentrar recursos en seguridad y reducir vulnerabilidades utilizadas por estructuras criminales.

El sistema penitenciario costarricense inició este lunes una de las transformaciones operativas más profundas de la última década tras la entrada en vigor de una orden emitida por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, que prohíbe el ingreso de alimentos para personas privadas de libertad y limita de forma significativa la cantidad de ropa y artículos personales que pueden mantenerse dentro de los centros penales.

La disposición representa un cambio de rumbo respecto al modelo aplicado desde 2015, cuando se permitió el ingreso cotidiano de alimentos enviados por familiares. A partir de ahora, los privados de libertad deberán consumir exclusivamente la alimentación suministrada por la administración penitenciaria.

Según explicó el Ministerio de Justicia, la medida responde a razones de seguridad institucional y a la necesidad de cerrar mecanismos que, con el paso de los años, fueron aprovechados para el ingreso de teléfonos celulares, drogas y otros objetos prohibidos dentro de las cárceles.

La decisión también establece límites estrictos sobre la ropa que puede conservar cada interno. Las autoridades definieron un máximo de cinco mudadas de ropa y un par de zapatos por persona, con el objetivo de reducir el volumen de artículos que ingresan a los establecimientos penitenciarios y simplificar los procesos de inspección.

El anuncio refleja una visión más amplia impulsada por la actual administración en materia de seguridad. Más allá de una modificación logística, el Gobierno busca enviar una señal política sobre el endurecimiento de los controles en los centros penales y la eliminación de prácticas consideradas incompatibles con los objetivos de seguridad pública.

Las cifras presentadas por el Ministerio explican la magnitud del problema. Al 1 de mayo, las autoridades contabilizaban aproximadamente 158.000 encomiendas ingresadas al sistema penitenciario. La revisión de esos paquetes demandaba el trabajo de cerca de 2.300 policías penitenciarios, además de miles de horas de inspección que, según el Gobierno, terminaban restándose a otras tareas prioritarias de vigilancia y control.

Desde la perspectiva institucional, el principal argumento detrás de la medida es la optimización de recursos. La administración sostiene que una parte importante del personal penitenciario permanecía dedicada a revisar paquetes, alimentos, ropa y otros artículos, en lugar de concentrarse en labores relacionadas con la prevención del crimen organizado dentro de los centros de reclusión.

La decisión también abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y condiciones de vida en prisión. Organizaciones defensoras de derechos humanos han sostenido históricamente que los vínculos familiares son un elemento importante en los procesos de reinserción social. No obstante, las autoridades consideran que la alimentación institucional cumple con los estándares establecidos y que la eliminación de las encomiendas no afecta derechos fundamentales de la población privada de libertad.

En términos políticos, la medida fortalece el discurso gubernamental orientado a mostrar una postura de mayor firmeza frente a las organizaciones criminales. La administración considera que la lucha contra el narcotráfico y las estructuras delictivas requiere intervenir no solo las calles, sino también los mecanismos mediante los cuales estos grupos mantienen capacidad operativa desde los centros penales.

El cambio coincide además con una creciente presión sobre el sistema penitenciario para mejorar los controles internos y reducir la incidencia de delitos coordinados desde prisión. Durante los últimos años, diversas investigaciones judiciales han evidenciado que organizaciones criminales continúan utilizando teléfonos celulares y otros medios de comunicación obtenidos ilícitamente para dirigir actividades fuera de los centros penales.

La prohibición de encomiendas alimentarias y las nuevas restricciones sobre artículos personales constituyen, por tanto, una decisión que trasciende el ámbito administrativo. Se trata de una apuesta política e institucional por reforzar la seguridad penitenciaria mediante la reducción de riesgos operativos y la reasignación de recursos humanos hacia funciones consideradas estratégicas.

Con la medida ya en vigor, el principal desafío será determinar si la reducción del flujo de paquetes logra traducirse en menores niveles de ingreso de objetos prohibidos y en una mejora efectiva de la capacidad de control dentro de las cárceles costarricenses.

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social y Dirección de la Policía Penitenciaria.