Más de ₡532.000 millones en juego: Villalobos cuestiona el manejo del presupuesto del Poder Judicial

San José. El presupuesto del Poder Judicial volvió a convertirse en uno de los principales puntos de confrontación política en Costa Rica, luego de que el diputado de Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, cuestionara públicamente la gestión financiera de la institución y defendiera la necesidad de revisar cómo se utilizan los recursos públicos destinados a la administración de justicia.

Las declaraciones de Villalobos se produjeron el lunes 10 de agosto de 2026, pocos días después del Plantón por la Democracia realizado el jueves 6 de agosto, actividad convocada en defensa del Poder Judicial y de la división de poderes. La presencia del fiscal general Carlo Díaz en esa manifestación también generó críticas desde el oficialismo.

El enfrentamiento presupuestario, sin embargo, viene desde meses atrás.

El conflicto comenzó con el presupuesto de 2026

El 16 de septiembre de 2025, el Poder Judicial presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa su propuesta presupuestaria para 2026 por ₡532.837 millones.

Según la institución, el monto representaba un incremento de apenas 0,2% respecto a 2025 y equivalía al 4,16% del Presupuesto Nacional. La Corte aseguró que la propuesta había sido elaborada bajo los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda y que no contemplaba creación de nuevas plazas.

La institución también advirtió que con ese presupuesto quedarían sin financiamiento algunas necesidades consideradas prioritarias, entre ellas el fortalecimiento de cuerpos de seguridad, despachos judiciales en zonas alejadas y atención especializada para poblaciones indígenas.

El Gobierno cuestionó el monto

El tema tomó mayor fuerza durante mayo de 2026, cuando la presidenta Laura Fernández planteó públicamente cuestionamientos sobre los recursos destinados al Poder Judicial.

Según declaraciones recogidas en medios, el Gobierno calculó en aproximadamente ₡474.991 millones el monto correspondiente al 6% constitucional y señaló que el Poder Judicial recibía alrededor de ₡57.800 millones adicionales sobre ese piso. El Poder Judicial respondió que esa comparación no reflejaba toda la estructura que debe financiar, incluyendo el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública.

El desacuerdo no quedó limitado al monto global. También se discutió la ejecución y la disponibilidad real de recursos durante el año.

Recortes y ajustes durante 2026

El 1 de julio de 2026, Teletica reportó que la presidenta Laura Fernández reaccionó a los ajustes presupuestarios anunciados por la Corte Suprema y el Tribunal Supremo de Elecciones. Ambas instituciones habían acordado reducciones diferentes a las planteadas inicialmente por Hacienda y descartaron reducir sus presupuestos de 2027.

Posteriormente, durante julio, el Poder Judicial alertó sobre un nuevo ajuste de aproximadamente ₡3.053 millones, advirtiendo que podía afectar o reprogramar juicios y otras actividades judiciales.

El tema llegó a otro punto de tensión cuando se discutió una reducción cercana a ₡13.000 millones. Información difundida sobre las decisiones de la Corte Plena señaló que los magistrados aprobaron un recorte de aproximadamente esa magnitud para 2026.

El cuestionamiento ahora es sobre eficiencia

En medio de esta disputa, Villalobos trasladó el debate hacia la administración de los recursos.

El legislador cuestiona que una institución que maneja cientos de miles de millones de colones de fondos públicos deba responder no solamente por cuánto dinero recibe, sino también por cómo lo administra, qué resultados obtiene y qué margen existe para reducir gastos sin afectar los servicios esenciales de justicia.

La discusión adquiere especial relevancia porque el propio Poder Judicial reconoce que existen áreas de gestión que deben seguir mejorándose.

En su evaluación de ejecución presupuestaria, la institución informó que durante 2025 ejecutó el 96,8% de su presupuesto, frente al 96,4% de 2024 y el 94,7% de 2023. El Poder Judicial calificó el resultado como una mejora sostenida.

Pero esa cifra no elimina el debate sobre eficiencia. La evaluación institucional identifica oportunidades de mejora relacionadas con contratación administrativa, planificación de metas y programación presupuestaria.

Casi ₡1.000 millones mensuales solo en las cuatro Salas

Otro dato incorporado recientemente al debate fue presentado por la diputada oficialista Mayuli Ortega.

El 21 de julio de 2026, Ortega cuestionó el costo de funcionamiento de las cuatro Salas del Poder Judicial. Con base en información suministrada por la Dirección de Gestión Humana de la propia institución, afirmó que durante febrero de 2026 el costo en salarios brutos y cargas patronales de las estructuras vinculadas a las cuatro Salas alcanzó ₡989.941.881 en un solo mes.

La cifra incluye las 22 oficinas de magistraturas, personal asignado a las presidencias y estructuras compartidas de las Salas, según la información citada por la legisladora.

El dato fue utilizado para plantear una pregunta sobre el rendimiento que obtiene el Estado a cambio de ese nivel de gasto.

El Poder Judicial también presenta resultados

El debate, no obstante, enfrenta dos conjuntos de datos.

La propia Corte sostiene que durante los últimos cuatro años redujo en 113.386 expedientes la cantidad de casos activos, una disminución del 14,23%. Además, informó que los expedientes resueltos aumentaron de 537.727 en 2021 a 578.703 en 2024, un crecimiento de 7,43%.

Es decir, la discusión no se reduce a determinar si el Poder Judicial ejecuta o no su presupuesto. Los datos oficiales muestran una ejecución elevada y avances en algunos indicadores de productividad, mientras que sus críticos sostienen que todavía existen problemas de eficiencia, costos y resultados que deben ser revisados.

Un conflicto que ahora pasa por la Asamblea

El enfrentamiento presupuestario llega así a una nueva etapa política.

Desde la presentación del presupuesto de 2026 en septiembre de 2025, pasando por las negociaciones entre el Gobierno y la Corte durante mayo y julio de 2026, hasta los recortes discutidos en las últimas semanas y el enfrentamiento político posterior al plantón del 6 de agosto, el presupuesto judicial se ha convertido en uno de los principales escenarios de choque entre el Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades judiciales.

Ahora, el cuestionamiento planteado por Villalobos coloca el foco en una pregunta concreta: qué nivel de eficiencia y resultados debe exigirse a una institución que administra más de medio billón de colones al año.