La retórica de la necropolítica no puede ser el argumento de Vianey Mora

La diputada del Frente Amplio, Vianey Mora, volvió a apostar por la descalificación antes que por el argumento. En su reciente arremetida contra la fracción de Pueblo Soberano, a propósito de la devolución de la nómina de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, la legisladora los acusó de ser “buitres de la necropolítica”, de actuar con “soberbia” y “autoritarismo”, y auguró que ese comportamiento “va a llegar a su fin en cualquier momento”. El problema no es que Mora discrepe del manejo que la Asamblea Legislativa le dio a ese proceso; el problema es cómo decidió discrepar.

Acusar a un grupo de diputados de practicar “necropolítica” no es una crítica política: es una acusación que evoca literalmente el manejo de la muerte como instrumento de poder, un concepto que en el debate académico se reserva para regímenes que administran la vida y la muerte de poblaciones enteras. Usarlo para calificar un desacuerdo procedimental sobre una nómina de magistrados suplentes vacía de contenido una categoría seria y la convierte en un insulto de ocasión. Ese tipo de hipérbole no ilumina el debate público; lo degrada.

Hay, además, una contradicción evidente en el discurso de Mora. La diputada denuncia “soberbia” y “autoritarismo” en sus adversarios, pero responde con el mismo tono descalificador que dice combatir. Señalar que la fracción de Pueblo Soberano no fundamentó adecuadamente su decisión sobre la nómina es un reclamo legítimo y fiscalizable; convertir ese reclamo en un exabrupto sobre “buitres” que quieren “hundir al pueblo” es otra cosa. Es retórica de trinchera, no fiscalización parlamentaria.

Costa Rica tiene un problema real de deterioro institucional y de tensiones entre poderes del Estado, y ese problema merece diputados capaces de nombrarlo con precisión, no de convertirlo en material para la indignación de redes sociales. Cuando una legisladora con curul y con acceso a los mecanismos formales de control político —interpelaciones, mociones, denuncias ante la Sala Constitucional— opta en cambio por el insulto genérico, no está defendiendo a “los ticos que no tienen corona”; está renunciando a la herramienta que su cargo le da para defenderlos.

La crítica al oficialismo por el manejo de la nómina de magistrados suplentes puede y debe hacerse. Pero hacerla bien exige explicar, con nombres, fechas y argumentos jurídicos, por qué el procedimiento fue deficiente. Lo que no exige, y lo que el debate público costarricense no necesita, es otra ronda de adjetivos cargados que polarizan sin aportar una sola razón verificable.

Maximiliano Ovares.
Search Intelligence & AI Strategy Architect