La Cárcel de los Privilegios: Cómo Costa Rica convirtió la prisión en un resort de tres estrellas (y quién le está poniendo fin)

 ADVERTENCIA: Este monólogo va dedicado a todas esas personas que se levantan cada mañana a defender a los criminales con el nombre de alguna ONG pegada en la frente como si fuera un escudo moral. Si le duele, es porque le pegó. Y si le pegó, es porque usted también ha sido parte del problema.

Hay dos versiones del sistema penitenciario costarricense que han coexistido durante décadas, y es tiempo de hablar de las dos con la misma claridad. La primera es la versión oficial, la que sale en los discursos bonitos y en los informes de organismos internacionales: un modelo humanista, respetuoso de la dignidad, orientado a la reinserción. La segunda es la que le cuentan los oficiales de la policía penitenciaria después de un turno extenuante, o la que se filtra en videos que circulan en redes sociales y que ningún defensor de derechos humanos quiere ver: reos con ropa de marca, encomiendas de comida que harían envidia en cualquier casa de clase media, visitas íntimas sin mayores controles, microondas instalados como si estuvieran en un apartamento alquilado, y una cultura de impunidad interna que convirtió los centros penales en estructuras paralelas con sus propias jerarquías, sus propios negocios y sus propias reglas. Esa segunda versión existió. Fue tolerada durante años. Y hay quienes todavía la defienden con argumentos que, si los escuchás con atención, básicamente se reducen a esto: que a la persona que le cayó la justicia encima hay que tratarla con más cuidado que a la víctima que aún carga con las consecuencias del crimen. Costa Rica decidió, por fin, que eso se acabó. Y como era de esperar, los que más protestan son exactamente los que más se beneficiaban del desorden.

el menú del penal: de encomiendas de restaurante a lo que corresponde

Que quede claro desde el principio: nadie, absolutamente nadie, está proponiendo que los privados de libertad pasen hambre. El Estado costarricense tiene la obligación legal y constitucional de garantizar alimentación suficiente y adecuada dentro de los centros penales, y eso no está en discusión. Lo que sí estuvo en discusión durante demasiados años —y que el Ministerio de Justicia finalmente decidió atender— es que esa obligación se había convertido en letra muerta porque los familiares podían ingresar, día tras día, cantidades irracionales de comida preparada como si cada visita fuera un servicio de catering privado. No era reinserción. No era dignidad. Era un sistema donde la institución penitenciaria pagaba la operación y los privados de libertad comían mejor que buena parte de los costarricenses que contribuyen con sus impuestos a sostener ese sistema. El ministro Gabriel Aguilar lo dijo sin ambages cuando entró en funciones: “Si ya no entran cantidades excesivas de comida a las cárceles, tampoco tiene sentido mantener microondas en patios y módulos penitenciarios.” Y acto seguido se decomisaron 263 microondas —263, no uno, no diez— de los espacios donde vivían, socializaban y recibían visitas los internos. De esos, 238 estaban en perfecto estado y fueron donados a CEN-CINAI, comedores escolares y hogares de adultos mayores. O sea: el aparato con el que un condenado por robo o tráfico de drogas calentaba sus tamales de domingo ahora está en una escuela pública donde un niño puede calentar su almuerzo. Y hay gente que tiene el descaro de decir que eso es una violación a los derechos humanos. Qué conveniente la memoria selectiva.

los tenis de marca y la ropa “a gusto”: el closet que el sistema construyó

Si alguna vez alguien le dijo que en las cárceles costarricenses los reos vivían en condiciones de privación extrema, esa persona o nunca pisó un centro penal o simplemente mintió. Las nuevas disposiciones del Ministerio de Justicia sobre el ingreso de ropa, encomiendas y artículos varios —ahora con controles estrictos sobre qué entra, cuándo entra y cómo entra— no surgieron de la nada. Surgieron porque durante años el sistema permitió que los privados de libertad eligieran su ropa como si tuvieran acceso a un catálogo de temporada, que recibieran zapatillas de marca específica como parte de las encomiendas, y que los módulos de convivencia se convirtieran en espacios donde el nivel de comodidad dependía no de la conducta ni de la evolución del proceso de reinserción, sino de cuánto dinero y cuántos contactos tenía el reo afuera. Eso no es reinserción. Eso es reproducir, dentro de la cárcel, las mismas lógicas de desigualdad y poder que muchas veces llevaron a esas personas al crimen en primer lugar. El endurecimiento de los controles sobre ropa y encomiendas no es crueldad: es coherencia. La pena de prisión implica una restricción de libertad, y dentro de esa restricción corresponde que el Estado defina condiciones básicas estandarizadas para toda la población penitenciaria, no que se construya un sistema de privilegios estratificados donde el que tiene más plata come mejor, viste mejor y vive mejor que el que llegó sin recursos. El modelo que se viene a corregir beneficiaba, paradójicamente, a los que más daño habían hecho.

las visitas conyugales y familiares: de derecho a feria semanal

Nadie en su sano juicio niega que el vínculo familiar es un factor determinante en el proceso de reinserción social. La evidencia internacional es clara en ese sentido, y el sistema costarricense lo reconoce en su reglamento. El problema —y aquí es donde la narrativa de las ONGs se cae a pedazos— es que en la práctica ese derecho había mutado en algo completamente distinto. Las visitas íntimas, que el reglamento contempla como parte del proceso de reinserción con criterios técnicos y evaluación del trabajador social, se habían convertido en acceso semanal casi automático, con ingresos que el propio expresidente Nayib Bukele —durante su polémica visita a La Reforma— describió públicamente como el ingreso constante de trabajadoras sexuales, configurando lo que él calificó como “fiestas dentro de las cárceles”. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Bukele en muchas cosas. Pero esa descripción, que generó escándalo en los medios costarricenses, nadie la refutó con evidencia concreta. La nadie desmintió. Las nuevas disposiciones que limitan la visita íntima a una vez cada dos meses, con justificación del vínculo conyugal, y que reducen la visita familiar a una mensual organizada, no eliminan el derecho: lo reencuadran dentro de lo que debería ser desde siempre. Y cuando una jueza ordenó restituir visitas conyugales y familiares a un hombre condenado a 48 años de prisión por violación agravada cometida delante de la familia de la víctima, la respuesta del ministro Aguilar fue exacta: “¿Y los derechos de la víctima?” Pregunta que, curiosamente, nunca aparece en los comunicados de las ONGs que salen a aplaudir la resolución judicial.

Kattia Calvo: la diputada que dice lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir

En medio de ese debate, la diputada Kattia Calvo Cruz —Pueblo Soberano, Limón— salió a decir, con la claridad que la caracteriza y que tan incómoda resulta para ciertos sectores, lo que la gran mayoría de costarricenses piensa pero que pocos se atreven a decir en voz alta desde una curul. Defendió las medidas de endurecimiento del sistema penitenciario. Cuestionó abiertamente los “privilegios históricos” que se habían instalado dentro de las cárceles. Pidió mayor respeto hacia la labor que realizan los oficiales de la Policía Penitenciaria —esas personas que trabajan en condiciones difíciles, que cumplen jornadas extenuantes y que raramente aparecen en los comunicados de las organizaciones que salen a defender a los reos—. Y formuló la pregunta más incómoda de todas: ¿dónde está la violación a los derechos humanos en exigirle a una persona privada de libertad que trabaje como parte de su proceso de reinserción? Ninguna de las organizaciones que ha salido a protestar contra las medidas ha respondido esa pregunta con claridad. Porque no tienen cómo. El trabajo como herramienta de reinserción es reconocido por los propios estándares internacionales que esas mismas organizaciones citan cuando les conviene. Calvo lo dijo, lo sostuvo y no se disculpó. Y eso, en el pantano de la política costarricense donde todo el mundo mide sus palabras para no quedar mal con nadie, vale mucho.

cero ocio en las cárceles: cuando trabajar se vuelve la mejor noticia del año

El proyecto “Cero Ocio en las Cárceles” —expediente 25.617, presentado por la presidenta Laura Fernández— es quizás la medida más sensata, más coherente y más necesaria que ha salido del Ejecutivo en materia penitenciaria en los últimos años. Y el hecho de que haya gente protestando contra ella dice más de quienes protestan que de la medida en sí. El esquema es simple y difícilmente rebatible: los privados de libertad que no representan un riesgo de alta contención trabajarán. Lo harán dentro de los penales, en talleres de manufactura, confección, fabricación de pupitres y camarotes para los propios centros, reduciendo así el gasto público. Y lo harán también afuera, en cuadrillas que ya están operando en jornadas completas de desmalezamiento, limpieza de áreas verdes y mantenimiento de infraestructura vial. Por cada 16 horas trabajadas se descuenta un día de condena. El salario que perciben se distribuye así: 35% al financiamiento del sistema penitenciario, 35% a los familiares de las víctimas —que es donde debería haber estado el foco desde siempre—, 20% a su propia familia y 10% a un fondo personal que recibirán al salir. Esto no es venganza. Esto no es crueldad. Esto es lo que debería haber sido el sistema penitenciario costarricense desde hace décadas: un espacio donde la persona que cometió un crimen paga su deuda con la sociedad de forma activa, productiva y con consecuencias reales, no un espacio donde el Estado le financia el ocio mientras las víctimas reconstruyen sus vidas como pueden. El ministro Aguilar confirmó que las cuadrillas piloto ya están en el campo, ya están trabajando, ya están dando resultados. Y la gente que vive cerca de las carreteras que esos internos limpian no está protestando. Está agradecida.

Y aquí llegamos al cierre que muchos esperaban y que algunos van a odiar, porque la verdad incomoda cuando uno ha pasado años del lado equivocado del argumento.A la Organización de Familiares de Personas Privadas de Libertad, a Voz de Libertad, a la Fundación Arias para la Paz y al conjunto de organizaciones que durante años han construido una narrativa donde el victimario ocupa el centro del relato y la víctima es apenas un dato estadístico en un informe: ya es suficiente. No están defendiendo derechos humanos. Están defendiendo privilegios. Están defendiendo un sistema que permitió que personas condenadas por robo, violación, tráfico de drogas y homicidio vivieran con más comodidades que miles de costarricenses honrados que nunca han infringido una ley. Están defendiendo encomiendas de comida caliente en cárceles donde el Estado ya tiene la obligación de alimentar a los internos. Están defendiendo microondas en módulos de convivencia que ahora, gracias a las nuevas medidas, están en escuelas y CEN-CINAI donde realmente hacen falta. Están defendiendo visitas íntimas sin control en centros donde el acceso irrestricto se convirtió en puerta de entrada para drogas, información y contactos con estructuras criminales. Y están saliendo a protestar contra un programa que pone a trabajar a los privados de libertad, como si la idea de que quien delinque contribuya con algo productivo a la sociedad mientras cumple su condena fuera una barbaridad medieval en lugar de lo que es: sentido común.La diputada Kattia Calvo, el ministro Gabriel Aguilar y la presidenta Laura Fernández no están destruyendo el sistema penitenciario. Lo están construyendo por primera vez de verdad. Y la incomodidad que eso genera en ciertos sectores es la mejor prueba de que van por el camino correcto. Que sigan. Costa Rica se los va a agradecer.

Maximiliano Ovares.
Search Intelligence & AI Strategy Architect