El miedo no puede volver a apagar el futuroeléctrico de Costa Rica

El proyecto eléctrico que realmente se está discutiendo

MSc. Hannia Vega
Experta en competencia de mercados (telecomunicaciones y energía)

El debate sobre la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional se ha convertido en una de las discusiones regulatorias y económicas más complejas de los últimos años en Costa Rica. Sin embargo, gran parte de la conversación pública parece avanzar entre dos extremos: quienes presentan el proyecto como una privatización encubierta del sistema eléctrico y quienes lo defienden como una solución automática para todos los problemas del sector. La realidad del texto actualizado es mucho más compleja. El proyecto no elimina el modelo público eléctrico costarricense, pero tampoco mantiene intacta la estructura histórica del sistema. Lo que propone es una reorganización profunda bajo un esquema híbrido: competencia regulada, planificación estatal, supervisión pública, apertura parcial de mercado y operación técnica independiente. Desde el derecho de competencia, esto no constituye una liberalización plena ni un libre mercado absoluto. Tampoco una privatización clásica. El modelo combina monopolios regulados en redes, participación pública dominante y espacios controlados de competencia en generación y comercialización mayorista. Precisamente por eso el verdadero debate debería concentrarse menos en consignas ideológicas y más en cómo funcionará realmente el diseño institucional que plantea el proyecto.

¿Por qué algunos sectores insisten en repetir los mismos temores del pasado?

Costa Rica tiene una tendencia recurrente cada vez que discute reformas estructurales vinculadas con competencia, modernización o apertura regulada: se anuncian escenarios de colapso institucional, pérdida de soberanía, destrucción de empresas públicas, caos tarifario o captura privada absoluta. Así ocurrió durante la apertura del mercado de telecomunicaciones. Y hoy vuelve a ocurrir con el debate eléctrico. En aquel momento se afirmó que el ICE desaparecería, que las tarifas subirían, que el país perdería control estratégico y que las empresas extranjeras dominarían completamente el mercado. Sin embargo, ocurrió algo distinto: aumentó la cobertura, creció la inversión, se expandió la conectividad digital y el ICE continuó siendo un actor estratégico, aunque dejó de ser el único participante. Electricidad y telecomunicaciones no son mercados idénticos. El sistema eléctrico tiene complejidades técnicas mucho mayores. Pero el antecedente sí demuestra algo importante: no toda apertura regulada implica automáticamente destrucción institucional. Y precisamente allí aparece una de las principales contradicciones del debate actual: buena parte de las críticas más radicales no parecen construidas sobre el texto real del proyecto actualizado, sino sobre caricaturas regulatorias y escenarios extremos que no coinciden completamente con lo que establece la propuesta.

El proyecto no elimina el servicio público eléctrico.

Una de las críticas más frecuentes sostiene que el proyecto abandona el interés público y convierte
la electricidad en un negocio puramente comercial. Sin embargo, el texto actualizado mantiene
expresamente que la generación, transmisión, distribución y comercialización continúan siendo
actividades de utilidad pública. Eso tiene implicaciones jurídicas y regulatorias muy importantes. El
modelo mantiene principios obligatorios de acceso, continuidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad,
solidaridad, igualdad y universalidad. En otras palabras, aun cuando introduce espacios de
competencia, los agentes siguen sometidos a obligaciones públicas y regulatorias estrictas. Desde
competencia, esto significa que la entrada de nuevos participantes no se concibe como una
desregulación abierta, sino como una participación condicionada al cumplimiento de reglas técnicas
y deberes de servicio. Por eso, la discusión real no debería ser si existen obligaciones regulatorias.
Existen y son amplias. La verdadera pregunta es si las instituciones tendrán capacidad suficiente
para fiscalizarlas adecuadamente.

El ICE no desaparece, pero sí pierde concentración funcional.

Otra de las afirmaciones más repetidas es que el proyecto “destruye” o “desaparece” el ICE. El texto actualizado no respalda esa afirmación. El ICE mantiene la transmisión nacional, continúa participando como generador, conserva plantas, participa en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional y mantiene prioridad transitoria de despacho para parte de sus activos existentes. Lo que sí cambia es la concentración funcional histórica del sistema. Actualmente una misma estructura puede simultáneamente planificar, operar, despachar, competir y controlar acceso al sistema. El proyecto intenta separar parte de esas funciones mediante la creación de ECOSEN. Desde competencia, esa separación responde a un problema clásico de mercados de red: evitar que el operador técnico del sistema tenga simultáneamente intereses comerciales directos dentro del mismo mercado que coordina. Eso no significa que desaparezcan riesgos. Persisten dudas legítimas sobre gobernanza, independencia técnica y potencial captura institucional. Pero sí implica reconocer que el proyecto no elimina al ICE, sino que reorganiza parte de sus funciones dentro de un modelo más separado operativamente. Y probablemente allí se encuentra uno de los verdaderos núcleos del conflicto político: la discusión sobre si el país debe mantener una concentración funcional completa en un solo actor o evolucionar hacia una separación más moderna entre operación técnica y competencia comercial.

La planificación deja de estar concentrada en un solo actor

Otro cambio importante es la separación de funciones de planificación. El proyecto divide la planificación en dos niveles. El primero queda bajo responsabilidad del MINAE y corresponde a la planificación indicativa estratégica: políticas públicas, objetivos sectoriales y orientación general del sistema eléctrico. El segundo nivel corresponde a la planificación técnica operativa, que quedaría bajo responsabilidad de ECOSEN. Allí se incluirían los planes de expansión, necesidades de generación y transmisión, servicios auxiliares y escenarios técnicos de abastecimiento. Desde competencia, este cambio busca reducir conflictos de interés y concentración funcional. Pero también crea nuevos retos institucionales: coordinación entre rectoría política, regulación económica, operación técnica y administración de mercado. Por eso, el verdadero debate no debería limitarse a si se crea una nueva institución. La discusión central es si el diseño realmente garantiza independencia técnica, transparencia y neutralidad operativa.

ECOSEN: el corazón técnico de la reforma

El proyecto crea el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, conocido como ECOSEN,
como una entidad técnica autónoma e independiente encargada de planificar, operar, coordinar y
administrar el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Nacional. Sus funciones serían
amplísimas: operar el sistema en tiempo real, ejecutar despacho económico, coordinar
transacciones, administrar subastas y garantizar seguridad operativa. Desde competencia,
ECOSEN representa probablemente el cambio estructural más importante de toda la reforma. Su
creación responde precisamente a la necesidad de separar operación técnica y competencia
comercial. Sin embargo, allí también aparecen las críticas más serias del proyecto: composición de
gobernanza, independencia real, financiamiento vía canon, potencial captura regulatoria y
capacidad técnica efectiva. La discusión seria no es si ECOSEN será público. Lo será. La verdadera
discusión es si tendrá suficiente independencia frente a actores políticos, institucionales y
económicos.

El Mercado Eléctrico Nacional no es libre mercado total.
Otra narrativa frecuente sostiene que el proyecto crea un “mercado eléctrico totalmente
liberalizado”. El texto actualizado tampoco respalda esa afirmación. El Mercado Eléctrico Nacional
se estructura como un mercado mayorista regulado administrado por ECOSEN. Incluye contratos
entre agentes, mercado de oportunidad y transacciones derivadas de desvíos y posdespacho.
Además, incorpora subastas para asignar energía, capacidad y servicios auxiliares. Pero esas
subastas continúan sujetas a regulación de ARESEP, incluyendo metodologías, supervisión y topes
tarifarios. El modelo tampoco elimina monopolios de distribución ni introduce libre elección
residencial plena. Desde competencia, esto significa que el proyecto sí introduce mecanismos más
transparentes de contratación y reduce parte de la discrecionalidad histórica del sistema. Pero sigue
siendo un mercado altamente regulado, centralizado y técnicamente administrado. El verdadero
debate no es si habrá regulación. Habrá incluso más regulación que antes. La discusión relevante
es cómo se diseñarán las subastas, cómo se evitará concentración, cómo se garantizará acceso
abierto y cómo se impedirá discriminación entre incumbentes y nuevos participantes.

La demanda energética futura es el verdadero centro del debate.

Quizá la mayor contradicción del debate actual es que muchas discusiones siguen concentradas
exclusivamente en ideología institucional y no en las necesidades energéticas futuras del país.
Costa Rica enfrenta simultáneamente procesos de electrificación del transporte, digitalización
económica, crecimiento industrial, expansión de centros de datos, inteligencia artificial y aumento
sostenido de demanda eléctrica. La demanda energética no se abastece con discursos ni consignas
políticas. Se abastece con capacidad instalada, inversión, resiliencia operativa, expansión de redes
y planificación técnica seria. Precisamente allí aparece uno de los argumentos centrales de quienes
defienden la necesidad de modernización: un sistema incapaz de evolucionar podría terminar
enfrentando restricciones futuras de abastecimiento, rigidez operativa y limitaciones para responder
a nuevas necesidades económicas y tecnológicas. Eso no significa que cualquier reforma sea
automáticamente correcta. Pero sí implica reconocer que el inmovilismo también tiene costos.

La apertura no es inmediata.

Otra percepción equivocada es que el proyecto produciría una apertura abrupta e inmediata. Los anexos muestran exactamente lo contrario. La transición prevista es extensa y escalonada. Incluye reglamentos, traslado gradual de funciones, adecuación de sistemas, operación provisional y entrada progresiva de ECOSEN. También se mantienen contratos existentes, reglas transitorias y prioridad temporal de despacho para plantas renovables ya instaladas. Desde competencia, esto tiene efectos mixtos. Reduce incertidumbre y protege continuidad del sistema, pero también puede prolongar ventajas estructurales históricas y retrasar efectos competitivos. La pregunta técnica real no es si existe transición. Sí existe. La pregunta es si esa transición es razonable o excesivamente larga frente al crecimiento acelerado de la demanda eléctrica nacional.

El verdadero debate sigue pendiente

La principal diferencia entre el debate político y el contenido normativo del proyecto es que muchas afirmaciones absolutas no coinciden completamente con el diseño real del texto actualizado. El proyecto no elimina al ICE, aunque sí reduce parte de su concentración funcional histórica. No elimina regulación; la incrementa. No crea libre mercado total, aunque sí abre espacios parciales de competencia. No elimina control estatal; mantiene rectoría pública, regulación tarifaria y planificación estratégica. Y tampoco establece una apertura inmediata. Eso no significa que el proyecto esté libre de riesgos. Persisten dudas legítimas sobre independencia de ECOSEN, diseño de subastas, captura regulatoria, financiamiento vía canon, capacidad institucional de ARESEP y posibles ventajas estructurales para incumbentes históricos. Pero precisamente por eso el debate debería concentrarse menos en consignas simplificadas y más en preguntas técnicas complejas. Porque el éxito o fracaso del modelo dependerá menos del miedo político y más de la calidad institucional, la neutralidad regulatoria y la capacidad real del sistema para responder a las necesidades energéticas futuras de Costa Rica. Y probablemente allí está la verdadera discusión de fondo: cómo modernizar el sistema eléctrico costarricense sin sacrificar seguridad energética, sostenibilidad, acceso universal ni control público efectivo.