Presentan querella contra cuatro magistrados de la Sala IV por presunto prevaricato

La presidenta de la República, Laura Fernández, junto con su gabinete y la fracción legislativa de Pueblo Soberano, presentaron este lunes una querella penal ante la Secretaría de la Corte Plena contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a quienes se les atribuye presuntamente el delito de prevaricato.

La acción legal se dirige contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, señalados por una votación dividida (4-3) mediante la cual se habría prorrogado el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, cuyo período había vencido en diciembre del año anterior. Los magistrados Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro salvaron el voto en esa resolución.

La querella se sustenta en el artículo 357 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios judiciales que dicten una resolución contraria a derecho. Quienes promueven la denuncia sostienen que el nombramiento y la remoción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia corresponden de manera exclusiva a la Asamblea Legislativa, según lo establecen los artículos 121 y 158 de la Constitución Política, que además fijan en ocho años el período de nombramiento.

Fernández declaró a la salida de la Corte que, a su criterio, cuatro magistrados no pueden imponer su voluntad por encima de los 57 diputados electos por votación popular.

Por su parte, el abogado Fabián Silva, integrante del equipo jurídico designado por la Presidencia, reconoció que el proceso penal es de trámite lento y no cuenta con efecto suspensivo sobre la resolución de la Sala Constitucional. Según explicó, la querella deberá pasar primero por el Ministerio Público y, por tratarse de magistrados, seguirá el procedimiento especial aplicable a miembros de los Supremos Poderes, cuya resolución final corresponde a la Sala Tercera, instancia encargada de determinar si existe mérito para abrir una causa penal formal.

Este trámite podría extenderse por varias semanas o meses. Mientras tanto, al no existir efecto suspensivo, los magistrados suplentes cuestionados continuarán ejerciendo funciones y la resolución de la Sala IV se mantiene vigente.

La resolución de fondo de este conflicto dependería, en gran medida, de que la Asamblea Legislativa vote la nómina de magistrados suplentes que la propia Corte le remitió hace ocho meses, votación que hasta el momento no cuenta con fecha definida en el Plenario.

Durante la presentación de la querella se registró la presencia de un grupo de ciudadanos en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia.