Poder Judicial pone nuevo obstáculo al proyecto “Cero Ocio”; requerirá 38 votos

El proyecto de ley “Ley de Cero Ocio en las Cárceles” (expediente 25.617), impulsado por la presidenta Laura Fernández y presentado el 15 de junio de 2026 ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, enfrenta un nuevo obstáculo proveniente del Poder Judicial. La iniciativa pretende obligar a la mayoría de las personas privadas de libertad a realizar labores productivas (dentro o fuera de los centros penitenciarios), previa evaluación de sus condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales, con el objetivo de eliminar el ocio, financiar parte de su manutención y destinar recursos a la reparación de las víctimas.

El dinero generado se repartiría de la siguiente manera: 35 % para la manutención del recluso, 35 % para un fondo de reparación a las víctimas, 20 % para apoyo a su familia y 10 % como ahorro que se le entregaría al salir. Las actividades previstas incluyen cocina, limpieza, cultivos, manufactura, carpintería, mantenimiento de espacios públicos y otras labores mediante convenios con entidades públicas y privadas. El proyecto se inspira en el modelo aplicado en El Salvador.

Este nuevo obstáculo del Poder Judicial eleva el umbral de aprobación a una mayoría calificada de 38 votos (dos tercios de los 57 diputados), en lugar de una mayoría simple. La medida complica el trámite en un momento en el que el propio Poder Judicial es objeto de fuertes cuestionamientos precisamente por su baja eficiencia: tanto en el manejo de recursos públicos como en la generación de soluciones efectivas contra la delincuencia. Críticas recurrentes apuntan a atrasos estructurales, problemas de gestión presupuestaria y una capacidad limitada para contribuir de manera ágil a la reducción de la criminalidad, lo que genera tensiones con los otros poderes del Estado.

El expediente sigue en trámite legislativo. El oficialismo ha buscado un procedimiento expedito, pero la exigencia de 38 votos representa un desafío adicional.