Laura Fernández Delgado, lidera reunión con los tres Poderes de la República contra el crimen y escuchar a quienes “ponen el pecho a las balas”

En un esfuerzo sin precedentes por enfrentar la creciente ola de violencia e inseguridad que azota a Costa Rica, la Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, lideró una importante reunión con representantes de los tres Poderes del Estado. El objetivo principal: generar acciones inmediatas y coordinadas contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común que ha cobrado la vida de costarricenses, incluyendo agentes de la Fuerza Pública.

Durante la sesión de trabajo, la mandataria fue clara y directa: “La inseguridad se combate trabajando juntos. Las familias deben vivir en paz y los delincuentes deben estar en la cárcel. Queremos penas más fuertes y cero alcahuetería”. Fernández enfatizó que no se trata solo de discursos, sino de resultados concretos que devuelvan la tranquilidad a las comunidades.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la necesidad de basar las decisiones en evidencia técnica. La Presidenta solicitó que todos los presentes, incluyendo jerarcas de los tres Poderes, analicen de primera mano la realidad de la seguridad pública a través de especialistas. “Queremos ver mapas de calor, identificar claramente los puntos fuertes y las debilidades del sistema. Solo así podremos actuar con precisión”, señaló.

La jefa de Estado se comprometió personalmente: hacer todo lo que le corresponde como Presidenta de la República para fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.

Escuchar a quienes “ponen el pecho a las balas”

Un momento emotivo y contundente fue cuando la Presidenta insistió en la importancia de escuchar directamente a los servidores públicos en primera línea. “Es vital que escuchemos a los que ponen el pecho a las balas”, expresó.

Fernández planteó preguntas concretas que resuenan en la ciudadanía: ¿Por qué personas con múltiples detenciones no tienen causa penal formada? ¿En qué momento se perdió la calidad en la administración de justicia? La mandataria pidió un análisis profundo para identificar fallas estructurales y proponer soluciones.

En este contexto, recordó que las leyes en Costa Rica son percibidas como muy laxas por gran parte de la población. “La gente se cuestiona legítimamente por qué delincuentes pasan decenas de veces detenidos y son liberados fácilmente por decisiones judiciales”, apuntó. Este reclamo cobra mayor fuerza tras casos recientes como el asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, de 28 años, quien falleció tras un enfrentamiento con presuntos sicarios en Batán de Matina, Limón. Su muerte ha generado indignación nacional y ha sido citado como ejemplo de la urgencia de cambios profundos.

Reformas y coordinación interinstitucional

La Presidenta anunció que el Ejecutivo analizará proyectos y reformas que puedan remitirse oportunamente a la Asamblea Legislativa. Entre las posibles iniciativas se encuentran endurecer penas para delitos graves, tipificar con mayor rigor la pertenencia a bandas criminales, mejorar los mecanismos de prisión preventiva y agilizar procesos judiciales sin vulnerar garantías fundamentales.

“Necesitamos una justicia pronta y cumplida. No podemos permitir que el sistema se convierta en un círculo vicioso donde el delincuente es detenido hoy y liberado mañana”, afirmó.

La reunión también abordó la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Fernández ha impulsado iniciativas como “Fuerza Élite”, que busca reforzar operaciones semanales en zonas críticas, aplicar polígrafo a jerarcas policiales y fortalecer la lucha contra la infiltración del crimen organizado.

Contexto de una Costa Rica que clama por seguridad

Costa Rica, históricamente conocida como un oasis de paz en Centroamérica, enfrenta uno de sus mayores desafíos de seguridad en décadas. El aumento de homicidios, extorsiones y disputas territoriales ligadas al narcotráfico ha colocado la inseguridad como la principal preocupación ciudadana. Barrios enteros viven bajo temor, y familias completas han sido desplazadas por la violencia.

Especialistas consultados durante la reunión coincidieron en que el problema no se resuelve solo con más policías, sino con un abordaje integral: prevención, represión efectiva, rehabilitación de infractores y, sobre todo, una reforma profunda del sistema judicial que recupere la confianza pública.

La Presidenta cerró la sesión enviando un mensaje claro a la ciudadanía: “Costa Rica no será refugio de delincuentes. Vamos a recuperar nuestras calles, proteger a nuestras familias y garantizar que quienes arriesgan su vida por nosotros tengan el respaldo institucional que merecen”.

Esta reunión marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad del país. Analistas políticos coinciden en que el éxito dependerá de la voluntad real de los tres Poderes para dejar atrás diferencias y priorizar el bienestar colectivo. Mientras tanto, la población espera con expectativa medidas concretas que se traduzcan en menos delitos, más detenciones efectivas y justicia real.

La Casa Presidencial informó que se realizarán reuniones de seguimiento semanales y que en las próximas semanas se presentarán los primeros proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa. La ciudadanía, cansada de promesas, observa con atención si esta vez las palabras se convierten en hechos palpables.