En un operativo reciente, oficiales de la Fuerza Pública volvieron a intervenir un campamento ilegal de extracción de oro donde localizaron 5.000 sacos con material minero y destruyeron 147 piletas de procesamiento. El procedimiento generó un enfrentamiento con aproximadamente 150 personas que utilizaron los mismos materiales y herramientas para oponerse a la acción policial.

Imagen cortesía de Policias de Costa Rica.

San José, 29 de mayo de 2026. El Director de la Fuerza Pública Raúl Rivera B, informa que las autoridades continúan intensificando los operativos contra la minería ilegal en la zona norte de Costa Rica. En las últimas horas, la Fuerza Pública ejecutó un nuevo procedimiento que permitió desmantelar un campamento clandestino dedicado a la extracción ilícita de oro, marcando el segundo golpe importante en menos de una semana contra estas actividades que amenazan el medio ambiente y el orden público.

Según información oficial, los oficiales llegaron al lugar tras recibir denuncias sobre la presencia de un campamento activo. Al ingresar, se encontraron con una infraestructura considerable: más de 5.000 sacos cargados con sedimento listo para procesar y 147 piletas construidas para el lavado y separación del oro. El volumen de material encontrado evidencia la escala de la operación ilegal, que podría haber generado un impacto ambiental significativo en la zona, incluyendo contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias químicas.

Durante el operativo se registró un momento de alta tensión cuando alrededor de 150 personas presentes en el campamento intentaron impedir el trabajo de los uniformados. Los individuos, en su mayoría de origen extranjero según reportes preliminares, utilizaron los mismos implementos de extracción —palas, mangueras y estructuras metálicas— para confrontar a la policía. A pesar de la resistencia, los oficiales lograron mantener el control de la situación sin reportar heridos de gravedad, procediendo al decomiso del material y la destrucción de las instalaciones improvisadas.

Este nuevo procedimiento se suma a una redada anterior realizada hace pocos días en un campamento cercano, donde también se logró el cierre definitivo de otra operación ilegal de extracción de oro. Las autoridades han señalado que estas acciones forman parte de una estrategia continua de la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad Pública para erradicar la minería ilegal en regiones fronterizas y protegidas, donde este tipo de actividades ha generado deforestación, contaminación por mercurio y cianuro, y conflictos sociales.

El viceministerio de Seguridad ha enfatizado que la presencia constante de oficiales en la zona norte busca no solo desmantelar campamentos, sino también prevenir su reestablecimiento. “No vamos a permitir que estas actividades ilegales sigan dañando nuestros recursos naturales ni poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades aledañas”, indicó un vocero oficial.

Los efectos de la minería ilegal van más allá del daño ambiental. Expertos consultados advierten que estas operaciones atraen a grupos organizados, generan competencia desleal con la minería formal —que en Costa Rica está prohibida en la mayoría de los casos— y representan un riesgo para la salud pública por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas. Además, el impacto en los ecosistemas fluviales afecta la biodiversidad y las actividades productivas legales como la agricultura y el turismo rural.

Desde la Presidencia de la República se ha manifestado respaldo total a las labores de la Fuerza Pública en este frente. La actual administración ha priorizado la seguridad ciudadana y la protección ambiental como ejes centrales de su gestión, lo que se traduce en mayor presupuesto y coordinación interinstitucional con el SINAC, el Ministerio de Ambiente y el Organismo de Investigación Judicial.

En el lugar se procedió a la destrucción controlada de las piletas y estructuras para evitar su reutilización. Parte del material decomisado será utilizado como evidencia en los procesos judiciales correspondientes. Hasta el momento se reportan varias personas detenidas por resistencia a la autoridad y por encontrarse en condición migratoria irregular, aunque las cifras exactas serán confirmadas en las próximas horas por el OIJ.

Vecinos de comunidades cercanas han expresado su apoyo a estas intervenciones, aunque también solicitan mayor presencia permanente de las autoridades para evitar que los campamentos regresen una vez que los operativos concluyen. Organizaciones ambientalistas han pedido endurecer las sanciones y agilizar los procesos judiciales contra los promotores de estas redes ilegales.

La lucha contra la minería ilegal representa uno de los mayores desafíos actuales en materia de seguridad y ambiente para Costa Rica. La Fuerza Pública ha incrementado sus patrullajes y operativos de inteligencia en las zonas más vulnerables, logrando en los últimos meses el cierre de decenas de campamentos y la incautación de toneladas de material.

Este último operativo demuestra que las autoridades mantienen la presión constante sobre estas actividades ilícitas. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre las personas detenidas y el destino del material decomisado.

Desde ElDiarioCR seguiremos informando sobre el desarrollo de estos operativos y sus implicaciones para la zona norte del país.

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