Policía libera acceso a playa pública en Punta Leona

La acción, respaldada por una orden judicial, buscaba garantizar el derecho constitucional al acceso público a las playas costarricenses

Policía libera acceso a playa pública en Punta Leona

Garabito, Puntarenas – En una operación que marca un hito en la defensa del acceso ciudadano a las costas nacionales, agentes de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Garabito retiraron este jueves 4 de junio de 2026 la barrera que bloqueaba el paso hacia Playa Blanca, en el área de Punta Leona. La medida, respaldada por una resolución judicial, reafirma el carácter público de las playas costarricenses y pone fin temporal a un conflicto que se extendió por más de 20 años.

El alcalde Francisco González Madrigal respaldó decididamente la acción y extendió una invitación directa a la población: “Invitamos a todos los que deseen ir a esa playa; nadie debería pedirle ningún tipo de información, es público; en ningún momento estamos ingresando a una propiedad privada”. El edil subrayó que se trata de una vía pública cuya apertura se había postergado durante décadas y que ahora, tras el rechazo de una medida cautelar, pudo ejecutarse.

Antecedentes del largo litigio

El enfrentamiento entre la Municipalidad de Garabito y el complejo turístico Punta Leona Beach Club & Nature Resort viene de lejos. La legislación nacional, particularmente la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, establece que las playas y un tramo de 50 metros desde la marea alta son de dominio público y deben permanecer accesibles para todos los habitantes y visitantes.

Sin embargo, en la práctica, diversos desarrollos turísticos han instalado controles, barreras y sistemas de vigilancia que, según denuncias locales, limitaban el ingreso libre. En el caso de Playa Blanca y Playa Mantas, la Municipalidad venía reclamando desde hace años la eliminación de obstáculos en una calle considerada pública según resoluciones administrativas y judiciales que datan incluso de principios de los 2000.

El alcalde González había realizado inspecciones previas en la zona, otorgando plazos al resort para regularizar la situación. El complejo turístico, por su lado, mantenía que los accesos controlados se encontraban dentro de su propiedad privada y que existían rutas alternativas para llegar a la playa. Tras varios recursos legales, una jueza rechazó recientemente la solicitud de medida cautelar presentada por Punta Leona, lo que abrió la puerta a la intervención municipal.

Desarrollo del operativo y momentos de tensión

La tarde de este jueves, un contingente de oficiales llegó al lugar con maquinaria para cumplir la orden. Al intentar remover la aguja de control vehicular, personal de seguridad del complejo intentó bloquear la acción, lo que derivó en un altercado físico.

Videos difundidos en redes sociales registraron empujones, golpes e insultos dirigidos hacia los uniformados. La Unión Nacional de Policías (UNP) manifestó su “repudio total” ante las agresiones, insultos y obstrucción a la labor policial, señalando que “una cadena de hoteles se cree dueña de nuestras playas y atractivos turísticos”.

Como consecuencia del enfrentamiento, varias personas —tanto oficiales como empleados del resort— resultaron lesionadas y recibieron atención médica en el sitio. Autoridades detuvieron a varios trabajadores del complejo, identificados como presuntos responsables de las agresiones contra los policías. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Una vez superada la resistencia, se completó la remoción de la estructura, dejando libre el paso peatonal y vehicular hacia la playa. El propio alcalde González se presentó en la zona para verificar el resultado y destacó la belleza natural del lugar, invitando a los costarricenses a disfrutarla de forma responsable.

Reacciones encontradas

Desde Punta Leona Beach Club & Nature Resort condenaron la intervención y continuarán por la vía legal, ya que consideran que el caso aún está en discusión en instancias judiciales.

Por su parte, el alcalde González insistió en que la acción se ajusta estrictamente a derecho y a resoluciones previas. “Estamos abriendo una calle pública que estuvo cerrada durante mucho tiempo”, reiteró.

Este caso refleja una tensión más amplia en Costa Rica entre el desarrollo turístico privado y el derecho ciudadano al disfrute de los recursos naturales. Mientras el turismo es un motor económico clave, las autoridades locales y nacionales buscan garantizar que las playas no se conviertan en espacios exclusivos.

Perspectivas a futuro

Con la barrera eliminada, se espera que Playa Blanca vuelva a estar plenamente accesible. Sin embargo, las autoridades municipales anunciaron que mantendrán vigilancia para evitar nuevos intentos de cierre. Quedan pendientes aspectos prácticos como estacionamiento, señalética y seguridad en la zona.

El episodio envía un mensaje claro: las playas de Costa Rica son patrimonio de todos los ticos y no pueden ser privatizadas de facto. El alcalde González ha posicionado este tema como prioridad en su gestión, buscando equilibrar inversión turística con el acceso democrático.

Para muchos residentes y visitantes, este jueves representa el cierre de una espera prolongada. El desafío ahora es que este acceso se mantenga abierto de manera permanente y ordenada, en beneficio de las comunidades locales y del turismo nacional.