Casi un millón de migrantes irregulares solicitan su regularización en España

Alrededor de 900.000 migrantes en situación irregular han presentado solicitudes para regularizar su estancia en España dentro del programa de amnistía impulsado por el Gobierno, casi el doble de lo que las autoridades esperaban inicialmente, según informó el Ministerio de Migraciones.

Antes del lanzamiento del programa en abril, se estimaba que participarían unas 500.000 personas. Sin embargo, la organización CEAR advirtió este lunes que la cifra superará el millón antes de que finalice el plazo, previsto para dentro de dos semanas. Hasta el momento, las autoridades han aprobado el 40% de las solicitudes, lo que equivale a unas 360.000 autorizaciones temporales de trabajo.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, criticó duramente la medida al considerarla “injusta, insegura e insostenible”. El principal partido de la oposición sostiene que esta regularización masiva solo incentiva a las mafias de tráfico de personas y carece de sentido mientras los servicios públicos para los españoles se deterioran progresivamente.

Los detractores de la iniciativa argumentan que este tipo de programas actúan como un “efecto llamada”, al generar expectativas de futuras amnistías y alentar nueva inmigración irregular. También señalan el aumento de la presión sobre la vivienda, la sanidad y otros servicios públicos.

A medios locales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el programa señalando que busca mostrar que “España es, ante todo, un país acogedor, y este es el camino que elegimos: dignidad, comunidad y justicia”.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez, explicó que el sistema tiene capacidad para tramitar hasta un millón de solicitudes entre abril y junio, aunque no todas serán aprobadas.

Este proceso se produce en un contexto de retrasos crónicos en el sistema de inmigración español, donde cientos de miles de personas procedentes de Colombia, Senegal y otros países llevan años esperando respuestas a sus solicitudes de asilo mientras trabajan en la economía sumergida.

La amnistía española contrasta con la tendencia en varios países europeos, donde los gobiernos han endurecido sus políticas migratorias ante la preocupación ciudadana. Según un informe reciente, España registró en 2024 el mayor crecimiento de población migrante en la Unión Europea, con un aumento de 700.000 personas (un 8%), alcanzando los 9,5 millones.

Contexto adicional Este tipo de regularizaciones no son nuevas en España, que ya ha aplicado varios procesos similares en las últimas décadas. Sin embargo, la actual llega en un momento de fuerte presión migratoria en el Mediterráneo y Canarias, y genera un intenso debate político sobre el equilibrio entre integración humanitaria y sostenibilidad de los recursos públicos. El Gobierno defiende que muchos de estos migrantes ya forman parte activa de sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería, mientras la oposición advierte de posibles riesgos para la cohesión social y el control de fronteras.