A pesar del “…el proyecto de gobierno para crucitas es una cochinada…” segun FA, los diputados avanzan en negociaciones para destrabar proyecto sobre minería ilegal en Crucitas

San José, Costa Rica – Los diputados de las distintas fracciones políticas continúan avanzando en las negociaciones para desatascar el proyecto de ley que busca dar una solución definitiva al grave problema de la extracción ilegal de oro en la zona de Crucitas, en San Carlos, Alajuela. Según indicaron fuentes legislativas, el proceso “ha venido evolucionando” positivamente, como lo señaló el diputado Nogui Acosta, quien destacó los esfuerzos por alcanzar consensos que permitan avanzar con la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, liderado por la ministra de Ambiente y Energía, Laura Fernández, enfrenta desde hace semanas un importante congestionamiento legislativo debido a la presentación de numerosas mociones que han retrasado su discusión. Sin embargo, en las últimas jornadas se han registrado avances concretos. El Partido Liberación Nacional (PLN) retiró más de 70 mociones, lo que representa aproximadamente el 40% de las que mantenían bloqueado el expediente. Esta decisión ha sido valorada como un gesto de buena voluntad para facilitar el debate y la eventual aprobación de medidas que aborden la compleja situación en Crucitas.

No obstante, persisten diferencias políticas. El diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, criticó duramente la propuesta del Gobierno y la calificó como “una cochinada”, argumentando que no resuelve de fondo los problemas ambientales ni garantiza la protección efectiva de la zona.

Contexto reciente del problema de minería ilegal en Crucitas

La zona de Crucitas, ubicada en el cantón de San Carlos, ha sido durante más de una década un foco crítico de minería ilegal de oro. Este problema se intensificó tras intentos fallidos de explotación minera a gran escala en la década pasada, que generaron fuerte oposición ambiental y social. Tras la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica (Ley 10.032 y reformas posteriores), la extracción ilegal ha persistido, atrayendo a grupos organizados que operan fuera de la ley.

Los impactos ambientales son severos: deforestación masiva, contaminación de ríos y fuentes de agua con mercurio y cianuro, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad en una región de alto valor ecológico cercana a zonas protegidas. Además, la actividad ilegal ha generado conflictos sociales, riesgos para la salud de las comunidades cercanas, explotación laboral y problemas de seguridad, incluyendo la presencia de actores armados y crimen organizado.

En los últimos años, el Gobierno y las autoridades han intensificado operativos conjuntos entre el Ministerio de Ambiente (MINAE), la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial para desmantelar campamentos ilegales. Sin embargo, la minería informal regresa una y otra vez debido a la pobreza en algunas comunidades, el alto precio internacional del oro y la dificultad para vigilar un territorio extenso y de difícil acceso.

El proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa busca, entre otros aspectos, reforzar los mecanismos de control, endurecer sanciones, promover alternativas económicas sostenibles para las familias que dependen de estas actividades y mejorar la restauración ambiental de las áreas degradadas. La iniciativa del Ejecutivo pretende equilibrar la protección del ambiente con el desarrollo social de la región norte del país.