Asamblea Legislativa aprueba en segundo debate expediente 23.080: Nueva ley facilitará la empleabilidad de choferes en transporte público

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente 23.080, Ley para facilitarle a las ciudadanas y los ciudadanos la empleabilidad como choferes de transporte público. La iniciativa busca simplificar los requisitos y agilizar los trámites para quienes deseen incorporarse al sector, respondiendo a la demanda de mano de obra calificada en el transporte colectivo.

San José, 20 de julio de 2026. Con el voto favorable de la mayoría de las fracciones, el Plenario Legislativo dio luz verde en segundo debate al expediente 23.080, una reforma normativa que tiene como objetivo principal eliminar barreras burocráticas y facilitar el ingreso de más personas al mercado laboral como choferes de transporte público. La medida, impulsada desde el Poder Ejecutivo y con amplio respaldo en la Comisión de Asuntos Económicos, busca atender la escasez de conductores calificados que afecta actualmente el servicio en varias rutas del país.

De acuerdo con el texto aprobado, la ley introduce modificaciones al marco regulatorio vigente para simplificar los procesos de obtención de licencias y certificaciones especializadas. Entre los principales cambios destacan la reducción de tiempos en la tramitación de permisos, la actualización de los programas de formación y la flexibilización de algunos requisitos técnicos, manteniendo siempre los estándares de seguridad vial y profesionalismo que exige el servicio público.

La iniciativa responde directamente a las necesidades del sector transporte, donde empresas y cooperativas han reportado dificultades para cubrir vacantes de choferes. Esto ha generado en algunos casos reducción de frecuencias o sobrecarga de personal, afectando la calidad del servicio a los usuarios. Con esta ley se pretende ampliar la oferta de mano de obra calificada, promoviendo la generación de empleo formal y la reactivación económica en un sector clave para la movilidad nacional.

Desde la perspectiva institucional, la aprobación en segundo debate representa un avance concreto en la agenda de facilitación de empleabilidad que promueve el Gobierno de la Presidenta Laura Fernández. La norma alinea con esfuerzos previos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Consejo de Transporte Público para modernizar el sector y hacerlo más atractivo para nuevos trabajadores, incluyendo jóvenes y personas en reubicación laboral.

Implicaciones principales del expediente 23.080:

• Agilización de trámites: Se reducen plazos burocráticos para la obtención de la licencia de conductor profesional de transporte público.
• Formación accesible: Actualización y ampliación de programas de capacitación en instituciones técnicas y centros autorizados.
• Seguridad como prioridad: Se mantienen y refuerzan los exámenes psicotécnicos, médicos y de conocimiento teórico-práctico.
• Inclusión: Facilita el acceso a mujeres y otros grupos que tradicionalmente han tenido menor participación en el rol de choferes de buses.

Diputados de distintas bancadas destacaron durante el debate que esta ley contribuirá a mejorar la cobertura del transporte público, especialmente en zonas periféricas y rurales, donde la falta de conductores es más crítica. Una vez publicada en La Gaceta, la norma entrará en vigencia y permitirá que cientos de personas puedan incorporarse más rápidamente al mercado laboral.

El ministro de Trabajo y el presidente del Consejo de Transporte Público han señalado que esta aprobación es un paso importante hacia la profesionalización y dignificación del oficio de chofer de transporte público. Se espera que en las próximas semanas se emitan los reglamentos de implementación para que los beneficios sean efectivos a la mayor brevedad.

Esta ley forma parte de un paquete de iniciativas del Gobierno orientadas a reducir el desempleo y facilitar la inserción laboral en sectores con demanda insatisfecha. Su aprobación en segundo debate envía una señal clara de que las instituciones están trabajando de manera coordinada para resolver problemas concretos de la ciudadanía.

Fuente: Asamblea Legislativa de Costa Rica y Poder Ejecutivo (Expediente 23.080 – Comunicados oficiales).