Esto no es politiquería barata, es una crisis nacional

Y aunque no quería tocarlo, hay momentos en que callarse también es una forma de complicidad.

Esto no es un tema para politiquería barata ni para jugar al analista de café. Es un tema que exige conciencia.

Y aunque no quería tocarlo, hay momentos en que callarse también es una forma de complicidad.

El país que se desangra mientras se debaten mociones

Un policía asesinado. Un país sitiado

Ayer, a las 2:58 de la tarde, en una esquina de Batán de Limón —una de las zonas más golpeadas por la violencia criminal en Costa Rica—, dos hombres en motocicleta le dispararon a quemarropa a Gerson Rosales Cascante.

Tenía 28 años. Era padre de un niño. Estaba casado desde 2020.

Fue jugador de balonmano, representó con orgullo a Talamanca durante años, y ayer era un oficial de la Fuerza Pública de Costa Rica, haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer un policía en este país: proteger a la ciudadanía.

Y lo mataron.

Lo acribillaron en plena tarde. Sin esconderse. Sin miedo. Sin apuro.

Porque este país ha llegado a un punto donde los sicarios del narco ya no operan en las sombras. Ya no esperan la noche. Ya no le temen ni al uniforme, ni al Estado, ni a absolutamente nada.

Un video de seguridad captó el momento en que cuatro sujetos huyeron en dos motocicletas, uno portando lo que parece ser un arma larga.

A plena luz del día. En Batán. Como si nada.

Y seamos honestos: hace rato dejaron de actuar como si Costa Rica fuera su patio trasero.

Ya actúan como si fueran los dueños de la propiedad.

El abandono estatal que también mata

Pero como si el asesinato no fuera suficiente, vino la segunda humillación.

El oficial fue trasladado primero a la clínica local. Luego al Hospital Tony Facio. Y debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser trasladado vía aérea hasta San José porque en Limón no existían las capacidades médicas necesarias para atenderlo.

Un policía con múltiples disparos en la cabeza tuvo que ser montado en un helicóptero para intentar salvarle la vida porque la provincia donde recibió el ataque no cuenta con la atención especializada necesaria.

Eso no es una falla logística.

Eso es una radiografía brutal del abandono histórico de Limón.

Cuando finalmente llegó al Hospital Calderón Guardia, ya era demasiado tarde.

Presentó muerte neurológica y horas después se confirmó su fallecimiento.

Las mociones primero, la gente después

Cuando la burocracia bloquea soluciones

La respuesta tiene nombre, apellido y bancada.

El hospital arrastra un déficit histórico de especialistas. Incluso médicos han abandonado la zona tras sufrir amenazas y extorsiones del crimen organizado en Costa Rica.

Pero cuando surgió una iniciativa para traer médicos especialistas del extranjero y aliviar esa crisis, apareció ese maravilloso espectáculo tan típico de nuestra Asamblea Legislativa: la obstrucción convertida en deporte nacional.

Las entonces diputadas Montserrat Ruiz Guevara y Sofía Guillén Pérez, acompañadas por sectores de Liberación Nacional, impulsaron cerca de 150 mociones.

Recuerden esos nombres.

Ciento cincuenta. Cincuenta horas potenciales de debate.

Mientras más de 1,2 millones de personas esperan atención especializada.

Pero claro, había que proteger “principios”.

Había que cuidar “formas”.

Había que defender intereses gremiales.

Porque aparentemente para ciertos profesionales de la indignación selectiva, cómodamente instalados en una curul, el sufrimiento de la gente siempre puede esperar mientras ellos juegan a redactar mociones y posar de guardianes morales del sistema.

En 2025 el país tenía un déficit de 439 especialistas.

Faltaban radiólogos. Anestesiólogos. Médicos del trabajo.

Pero ahí estaban, bloqueando soluciones mientras recitaban discursos sobre justicia social.

Solidaridad, sí.

Pero con el gremio.

Nunca con el paciente.

Seguridad en Costa Rica: cuando defenderse ofende sensibilidades

Mientras ese circo legislativo seguía montado, surgió otra discusión que también expuso la enorme distancia entre la gravedad de la crisis y la tibieza política con la que muchos insisten en enfrentarla.

Durante campaña, Laura Fernández planteó abiertamente la posibilidad de suspender garantías individuales en zonas gravemente afectadas por el crimen organizado, como una medida extraordinaria para enfrentar escenarios donde el Estado está siendo superado por estructuras criminales.

Y apenas lo dijo, algunos sectores reaccionaron como si hubiera propuesto incendiar la Constitución en media Plaza de la Democracia.

Pero aquí hay algo que parece que varios diputados olvidaron, o quizá prefieren ignorar cuando la realidad les desacomoda el libreto:

La Constitución Política de Costa Rica ya contempla esa figura.

Es legal.

Existe precisamente para escenarios extraordinarios.

No es un invento autoritario. No es una ocurrencia de campaña. No es una fantasía tropical con complejo mesiánico.

Es una herramienta constitucional creada para momentos donde el orden público y la seguridad nacional están seriamente amenazados.

Y aun así, sectores del PLN, PUSC, Frente Amplio y otras agrupaciones adelantaron su rechazo casi automático.

Sin debate serio. Sin análisis profundo. Sin siquiera admitir que el país enfrenta una amenaza distinta a la de hace veinte años.

Porque mientras los sicarios asesinan policías a plena luz del día en Batán, algunos prefieren refugiarse en la comodidad del discurso.

No vaya a ser que actuar les arruine la pose institucional.

La indignación selectiva y el activismo performático

Protestar lejos para no mirar cerca

Y aquí viene una de las contradicciones más absurdas de nuestra época.

En este país sí aparecen marchas.

Sí aparecen pancartas.

Sí aparecen consignas ensayadas, megáfonos, publicaciones indignadas y perfiles teñidos de colores para solidarizarse con conflictos al otro lado del planeta.

Aquí sí vemos gente salir a las calles para exigir justicia por Palestina, por causas internacionales que, aunque importantes, ocurren a miles de kilómetros de distancia.

Porque resulta curioso, casi milagroso, cómo ciertos sectores desarrollan una sensibilidad quirúrgicamente selectiva.

Lloran por la violencia extranjera, pero guardan un silencio sepulcral cuando asesinan a un oficial costarricense cumpliendo su deber.

Se movilizan por conflictos internacionales, pero no salen a exigir seguridad para Limón, Puntarenas y San José.

Levantan la voz contra fuerzas de seguridad extranjeras, pero aquí parecen incapaces de reconocer que nuestros policías también son seres humanos.

Padres. Madres. Hijos.

Personas que salen cada día a poner el cuerpo a las balas mientras muchos opinan desde la comodidad del teclado y la superioridad moral de cafetería universitaria.

Porque para ciertos grupos, defender causas lejanas da prestigio.

Da likes. Da validación social.

Da esa deliciosa sensación de sentirse moralmente superiores sin tener que ensuciarse las manos enfrentando los problemas reales del país donde viven.

Exigir seguridad ciudadana en Costa Rica no da tantos aplausos.

Defender a la Fuerza Pública no luce tan revolucionario en redes.

La paz empieza por casa.

Y un país que no es capaz de defender a quienes lo protegen, tarde o temprano termina entregándoselo a quienes lo destruyen.

Cooperación internacional contra el narcotráfico

Costa Rica forma parte del Escudo de las Américas.

Una alianza regional para enfrentar al narcotráfico.

Y los resultados son concretos:

Más decomisos. Más inteligencia compartida. Más capacidad operativa.

Eso pasa en el mundo real.

No en ese universo alterno donde algunos todavía creen que al narco se le derrota con comunicados, eslóganes y cara de profunda preocupación frente a una cámara.

Pero para cierta izquierda local, cualquier cooperación internacional sigue siendo pecado ideológico.

Aunque del otro lado haya carteles con fusiles, dinero ilimitado y cero interés en debates académicos.

El llamado que Costa Rica ya no puede seguir ignorando

Gerson Rosales Cascante tenía 28 años.

Tenía un hijo. Tenía una familia. Tenía una vida.

Ayer salió a cumplir con su deber.

Y no volvió.

Pero esto ya no se trata solo de un policía caído.

Se trata de todos nosotros.

De cada ciudadano que sale a trabajar sin saber si regresará.

De cada familia que vive con miedo.

De cada comunidad que siente cómo el narco en Costa Rica le roba poco a poco su tranquilidad.

Ya basta.

Como ciudadanos tenemos la obligación moral de exigir seguridad real.

Exigir que las leyes se apliquen como deben aplicarse. Exigir castigos proporcionales para quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan comunidades. Exigir reformas penales serias. Exigir acción.

Porque un Estado que no castiga con firmeza al crimen termina premiándolo con impunidad.

Costa Rica no puede seguir respondiendo al avance del narco con comunicados tibios, cálculos políticos y debates eternos.

No se trata de ideologías. No se trata de partidos.

Se trata de algo mucho más básico:

El derecho de todos los costarricenses a vivir sin miedo.

Que Gerson descanse en paz.

Y que su muerte no se convierta en otra estadística más archivada entre mociones, discursos y excusas de salón.

Maximiliano Ovares.
Search Intelligence & AI Strategy Architect