Laura Fernández presenta paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad: protección a policías, “el que no trabaja no come” y el alto costo de mantener reos en prisión

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó este 16 de junio de 2026 ante la Asamblea Legislativa el primer paquete de seis proyectos de ley enfocados en la recuperación de la justicia y la seguridad ciudadana. Este conjunto de iniciativas, construido con criterios técnicos y en colaboración con los ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Paz, y Hacienda, busca endurecer las penas contra el crimen organizado, proteger a las víctimas y a los servidores policiales, y reformar el sistema penitenciario.

Entre las propuestas destaca la “Ley Gerson Rosales Cascante, Ley de Protección Integral a la Víctima y al Servidor Policial”, que busca brindar mayor respaldo legal a los oficiales que enfrentan agresiones en cumplimiento de su deber. Esta iniciativa crea presunciones de legítima defensa cuando los policías repelan ataques que pongan en riesgo su vida o la de terceros, extendiéndose también a policías municipales y personal de seguridad privada.

Protección a los policías: un tema prioritario

En Costa Rica, los cuerpos policiales enfrentan diariamente riesgos elevados en la lucha contra el narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado. La presidenta Fernández ha enfatizado que no es aceptable que un oficial deba costear de su propio bolsillo abogados para defenderse en procesos judiciales derivados de acciones en servicio. Los proyectos buscan evitar esta situación injusta y fortalecer la presunción de legitimidad en su actuar, permitiendo que los policías cumplan su labor sin temor a represalias legales infundadas.

Según datos oficiales del Ejecutivo, este paquete responde a la necesidad de actualizar las reglas del juego en materia penal y penitenciaria. “El Gobierno está haciendo todo lo que le corresponde. Ahora les toca a ustedes”, declaró la mandataria a los diputados, llamando a priorizar la tramitación de estas iniciativas en beneficio del pueblo costarricense.

“El que no trabaja, no come”: reforma penitenciaria

Uno de los ejes centrales del paquete es la obligación de los privados de libertad de trabajar y justificar el uso de recursos públicos. La frase “el que no trabaja no come” resume el principio de esta reforma: los reclusos deberán participar en actividades laborales productivas dentro de los centros penitenciarios, con el fin de reducir el costo que representa su mantenimiento para el Estado y fomentar su reinserción.

Datos del Ministerio de Justicia y Paz indican que el costo promedio de mantener a un reo en prisión ronda los 1.000 dólares mensuales (aproximadamente 1.100.000 colones). Este monto cubre alimentación, salud, alojamiento y servicios básicos, y representa una carga significativa para las finanzas públicas, superior incluso al salario mínimo de muchos trabajadores costarricenses. La reforma busca que los privados de libertad contribuyan económicamente y reduzcan esta dependencia del erario nacional.

Esta medida se alinea con un nuevo paradigma penitenciario que prioriza la responsabilidad individual y el uso eficiente de los recursos. No se trata solo de castigo, sino de generar valor y preparar a las personas para su eventual reintegración a la sociedad.

Los seis proyectos del paquete

De acuerdo con información oficial difundida por la Presidencia y medios como Teletica, los seis proyectos son:

1. Ley Gerson Rosales – Protección integral a víctimas y servidores policiales.
2. Ley de Mano Dura contra la Reincidencia Delictiva – Endurecimiento de penas para reincidentes.
3. Reformas para criminalizar la pertenencia a bandas criminales.
4. Medidas para agilizar procesos judiciales y registros de antecedentes (mantenerlos por 15 años).
5. Reformas a aterrizajes clandestinos y pistas vinculadas al narcotráfico.
6. Obligación laboral en prisiones y justificación del uso de la fuerza por parte de policías.

Estas iniciativas también incluyen el rechazo a que los propietarios o administradores de sitios usados para actividades ilícitas queden impunes, y endurecen las sanciones contra quienes obstaculicen la labor policial.

El desdén de la oposición

A pesar de la urgencia en materia de seguridad, sectores de la oposición en la Asamblea Legislativa han mostrado resistencia o desdén ante el paquete presidencial. Algunos diputados han cuestionado la velocidad de tramitación o han priorizado agendas políticas por encima del interés nacional. La presidenta Fernández ha sido clara: estos proyectos fueron elaborados con los mejores criterios técnicos y con experiencia de campo. “Les ruego en nombre del pueblo de Costa Rica que aprueben procesos de fácil tramitación”, expresó.

Esta actitud genera preocupación entre la ciudadanía, que exige respuestas concretas ante el aumento de la delincuencia. El Ejecutivo ha cumplido su parte al presentar iniciativas concretas; ahora corresponde al Poder Legislativo actuar con responsabilidad.

Datos de la Presidencia y páginas oficiales

Toda la información sobre este paquete proviene directamente de comunicados de la Presidencia de la República, el sitio oficial del Gobierno y declaraciones de la mandataria. El plan se enmarca en el compromiso de continuidad y fortalecimiento de la seguridad, tal como se ha venido impulsando en administraciones anteriores con énfasis en mano firme.

Expertos y autoridades del sector seguridad coinciden en que medidas como la protección efectiva a policías, la obligación laboral de reclusos y el endurecimiento penal son esenciales para recuperar la tranquilidad ciudadana. Mantener a un reo cuesta al Estado alrededor de 1.000 dólares al mes, mientras que un oficial arriesga su vida y, en ocasiones, su patrimonio personal para defender a la sociedad.

La implementación de “el que no trabaja no come” no solo alivia la carga fiscal, sino que promueve valores de responsabilidad y trabajo, pilares de una sociedad productiva. Costa Rica necesita que estos proyectos avancen sin dilaciones políticas. La bola, como bien dijo la presidenta Laura Fernández, está ahora del lado de los diputados. El pueblo espera resultados concretos en seguridad y justicia.