Diputados del partido de gobierno Partido Pueblo Soberano presentaron esta semana un paquete de proyectos de reforma constitucional que busca eliminar el control previo (refrendo) de la Contraloría General de la República sobre contratos y presupuestos estatales, trasladar por completo a la Asamblea Legislativa la selección de magistrados suplentes de la Corte Suprema y establecer un único período de 15 años para los magistrados, sin reelección, con requisitos más estrictos de edad y experiencia.

El oficialismo presenta estas iniciativas como una respuesta al actuar que considera débil e ineficaz del Poder Judicial, especialmente de la Sala Constitucional (Sala IV). La presidenta Laura Fernández y legisladores del PPSO han insistido en que existe descontento ciudadano por la lentitud en las resoluciones, la acumulación de casos y un supuesto sesgo en el tratamiento y la velocidad con que la Sala IV atiende ciertos asuntos, en un contexto de crisis de seguridad.

Este lunes 3 de agosto, grupos de ciudadanos se manifestaron frente a la sede del Poder Judicial en apoyo a la presidenta Laura Fernández y a la bancada oficialista, mientras presentaban la querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala IV. Fernández se dirigió a los asistentes y reiteró que “jamás cuatro magistrados usurpadores van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo”.

Las reformas requieren 38 votos en dos legislaturas consecutivas. El oficialismo cuenta con 31 diputados.

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