Lea bajo su propio riesgo

ADVERTENCIA: Si usted celebró la sentencia sin haberse leído ni un artículo de la Constitución, esto le va a caer como bofetada con un martillo.

Sala IV: cuando cuatro togas se creyeron treinta y ocho votos

Empecemos por lo obvio, porque en este país lo obvio siempre hay que explicarlo tres veces: tener toga no es sinónimo de tener razón, y tener micrófono en un canal de oposición no es sinónimo de saber leer un artículo constitucional.

Esta semana Costa Rica vivió el espectáculo circense de ver a cuatro magistrados convertirse, de la noche a la mañana, en legisladores de emergencia, mientras una oposición completa —esa misma que se pasa el año entero hablando de “instituciones” y “Estado de derecho” como si fueran mantras de yoga— salía corriendo a aplaudirles de pie sin pedir explicaciones, sin exigir fundamento, sin hacer una sola pregunta incómoda.

Y mientras tanto, del otro lado, aparece un abogado constitucionalista serio, con años de trayectoria y sin necesidad de gritar en cámara, que en doce minutos —doce, ni uno más— desbarata con cirugía de precisión todo el andamiaje jurídico de esta sentencia. Ese contraste, señoras y señores, es la radiografía perfecta de lo que somos hoy: un país donde el derecho constitucional se decide por aplausómetro de bancada y no por la letra fría de la Constitución.

Repasemos los hechos sin el maquillaje que le puso la oposición, porque aquí cada quien cuenta la película que le conviene y a mí me pagan —bueno, no me pagan, pero usted me entiende— para contarla completa. La Corte Suprema de Justicia mandó a la Asamblea Legislativa una nómina de candidatos a magistrados suplentes con dieciocho nombres, cuando el propio texto constitucional exige veinticuatro: dos candidatos por cada una de las doce plazas vacantes. Ese es el pecado original, el primer eslabón podrido de esta cadena, y no lo cometió el PPSO, no lo cometió Yara Jiménez, no lo cometió nadie del oficialismo.

Lo cometió la Corte Suprema de Justicia, la misma que después, en un alarde de cinismo institucional que debería darle vergüenza a cualquier jurista serio, le rechazó a la Asamblea la devolución de esa nómina defectuosa alegando que “no daba razones” — como si la razón más obvia y más constitucional de todas, que ningún candidato alcanzó los treinta y ocho votos que exige el artículo 121 inciso 1) de la Constitución Política, no fuera razón suficiente.

La Asamblea votó once veces. Once. Y once veces no hubo mayoría calificada. Eso no es un capricho del PPSO, eso es la Constitución funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar: con mayorías calificadas que existen precisamente para que nadie —ni el oficialismo, ni la oposición, ni un grupito de cuatro magistrados con ínfulas de deus ex machina— pueda imponer un nombramiento sin el respaldo político suficiente.

La Sala IV se puso la toga de legislador y nadie le tomó la medida

Aquí es donde entra Volio con el bisturí más filoso que le he visto usar en meses, y aquí es donde toda esa celebración eufórica de la oposición se les derrumba como piñata reventada en cumpleaños de pueblo. La Sala IV resolvió esto a través de un recurso de amparo.

Un amparo.

La herramienta procesal diseñada, por definición constitucional y legal, para proteger derechos fundamentales frente a actos administrativos concretos que lesionan a una persona específica.

No para meterse a corregir procesos de votación parlamentaria, que son —Volio lo dice sin rodeos y con total autoridad académica— actos de naturaleza política, sujetos a sus propias reglas internas y no al escrutinio de un amparo constitucional. La Sala IV tomó una herramienta que sirve para arreglar una fuga de agua y la usó para reconstruir la casa entera.

Y lo peor: ni siquiera existe una norma, ni en la Constitución, ni en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ni en ningún reglamento perdido en el sótano del Poder Judicial, que le dé a la Sala IV la facultad de ordenarle a la presidencia del Congreso qué debe poner en el orden del día. Volio lo reta directamente: pregúntenle a cualquiera cuál es la norma que habilita esto. Nadie se la va a poder citar. Nadie. Porque no existe. Es una orden dictada desde la nada jurídica, con la autoridad moral de quien se cree por encima de la separación de poderes que el propio artículo 9 de la Constitución consagra como pilar del sistema republicano.

El acto de magia

Y ahora viene el numerito de magia más descarado del año, el que a mí personalmente me parece de una audacia que rozaría lo cómico si no fuera tan grave: la Sala IV llamó “prórroga transitoria de integración” a lo que en la práctica jurídica más elemental es, lisa y llanamente, un nombramiento nuevo disfrazado con ropa prestada de emergencia. Los doce magistrados suplentes tenían su período vencido desde el 16 de diciembre de 2025.

Vencido.

Muerto.

Sepultado.

Finiquitado.

Uno no puede “prorrogar” algo que ya caducó, porque prorrogar presupone que hay algo vivo que extender en el tiempo, y aquí no había nada vivo: había un cargo caduco que requería, constitucionalmente, un nombramiento nuevo. Y ese nombramiento nuevo, según el artículo 164 de la Constitución Política —léalo usted mismo, está ahí, no me lo estoy inventando— es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa.

No de la Sala IV. No de cuatro magistrados con mayoría simple dentro de su propio tribunal. De la Asamblea. Punto. Lo que hicieron Cruz Castro, Rueda Leal, Araya García y Hess Herrera fue, en los hechos, sentarse en la silla del Congreso y nombrar ellos mismos a los suplentes, usando la palabra “prórroga” como quien usa una peluca para disimular que se está robando la identidad de otro poder de la República. Y por si el plato no estuviera ya suficientemente servido, resulta que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya tenía la solución perfectamente disponible para este vacío: cuando no hay suplente disponible, el magistrado propietario conoce el caso sin responsabilidad.

Esa norma existe.

Está ahí, publicada, vigente, esperando ser usada. Y la Sala IV, en vez de aplicarla, prefirió inventarse una figura jurídica de la nada, como si la Ley Orgánica del Poder Judicial fuera una sugerencia decorativa y no una norma vigente del ordenamiento costarricense.

¿Por qué no la usaron?

Volio lo dice con una honestidad que da hasta pena ajena por los que sí sabían y prefirieron el atajo: nadie sabe.

El coro de la oposición: “golpe de Estado” es malo, excepto cuando lo cometemos nosotros

Y aquí, señoras y señores, es donde el circo alcanza su punto más glorioso, porque mientras el Ejecutivo y la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, calificaron esta sentencia de “golpe de Estado” y anunciaron una querella por prevaricato contra los cuatro magistrados firmantes, la oposición completa —Frente Amplio, PLN, CAC, agarrados de la mano como corito de iglesia evangélica en vigilia— salió en bloque, casi al unísono, casi coreografiado, a defender una sentencia que ni ellos mismos se molestaron en leer con seriedad jurídica.

José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, tuvo el descaro monumental de acusar al oficialismo de “sabotear” al Poder Judicial, como si el señor no llevara meses de su vida política entera aplaudiendo cada obstrucción legislativa que a su bancada le convenga cuando el resultado los favorece.

Álvaro Ramírez, del PLN, calificó las declaraciones del Gobierno de “peligrosas e irresponsables” y soltó la frase del año, la que debería quedar grabada en piedra para la posteridad: que “hacer cumplir la Constitución jamás puede ser un golpe de Estado”. Qué belleza de sentencia, don Álvaro, lástima nada más que la Constitución que usted dice estar defendiendo con tanto fervor es precisamente la misma que la Sala IV se saltó, artículo por artículo, para llegar hasta esta sentencia.

Y Claudia Dobles, fiel a su libreto de siempre, encontró en esto otra oportunidad más para hablar de una “guerra abierta” del Gobierno, porque para ella todo, absolutamente todo lo que hace este oficialismo, es una guerra. Algún día alguien debería explicarle que no todo lo que le incomoda es una declaración de conflicto armado.

Miren la genialidad perversa del libreto, porque aquí está el corazón podrido de todo este asunto: durante meses, el bloqueo real, el bloqueo documentado en once rondas de votación fallidas, fue del PPSO negándose a votar por candidatos de una nómina que, dicho sea de paso, la propia Corte Suprema mandó incompleta desde el principio. Ese bloqueo, cuando lo protagoniza el oficialismo, la oposición lo llama “secuestro institucional”, “captura del Poder Judicial”, “amenaza a la democracia”.

Pero cuando cuatro magistrados se inventan una figura jurídica que no existe en ningún libro de derecho constitucional costarricense para sortear la voluntad legislativa y nombrar ellos mismos a los suplentes, ahí, milagrosamente, ya no es una amenaza institucional: ahí es “devolverle a los ciudadanos el acceso a la justicia”, como dijo con total solemnidad don Álvaro Ramírez.

La selectividad moral de esta gente tiene una elasticidad que envidiaría cualquier banda elástica industrial fabricada en serie.

Un bloqueo legislativo del oficialismo es fascismo en potencia.

Una usurpación de competencias legislativas por parte de la Sala IV, cuando favorece a la oposición, es la Constitución triunfando.

Aplíquese usted mismo el test: ¿de verdad cree en principios, o cree en resultados que lo favorezcan?

El miedo como estrategia política: cuando la mentira repetida mil veces se convierte en verdad de Facebook

Y aquí llegamos al fondo verdadero del asunto, al que nadie en ese corillo de opinólogos digitales quiere tocar porque les rompe el relato: esta oposición lleva más de un año construyendo, ladrillo por ladrillo, un discurso de pánico permanente —”la democracia está en peligro”, “el oficialismo quiere capturar las instituciones”, “esto es autoritarismo chavista”—, y cuando finalmente aparece una sentencia que, según un constitucionalista serio, carece de fundamento constitucional real, resulta que esa misma oposición se convierte de la noche a la mañana en su escudera más devota, sin hacer una sola pregunta, sin exigir una sola explicación jurídica, sin leer una sola línea de análisis crítico como el de Volio.

¿Por qué? Porque no les importa si el fallo tiene sustento constitucional. Les importa que el fallo les sirve para seguir alimentando el cuento de que el PPSO y la presidente Fernández son una amenaza institucional que hay que detener a cualquier costo, incluso al costo de aplaudir una sentencia que usurpa competencias del propio Poder Legislativo que ellos dicen defender con tanta pasión cuando les conviene.

Es desinformación con toga judicial: usan el prestigio simbólico de la Sala IV como sello de legalidad automática, cuando cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que la validez de una sentencia no depende de la autoridad que la firma, sino de si tiene fundamento normativo real. Y esta, según el propio análisis de Volio, no lo tiene.

Es autoridad sin sustento, poder sin norma, y aun así la oposición lo compra entero porque el paquete viene envuelto con el papel de regalo que ellos mismos necesitan para seguir vendiéndole miedo a un pueblo que cada vez tiene menos herramientas para distinguir entre una sentencia sólida y un manotazo político disfrazado de togas.

Cierre: entre la usurpación judicial y la mentira organizada, aquí no queda ni un solo poder con las manos limpias

Así que hagamos cuentas claras, sin maquillaje, sin filtro de Instagram y sin la narrativa prefabricada que cada bancada le vendió a su propia burbuja esta semana.

-Tenemos una Corte Suprema de Justicia que mandó una nómina incompleta y jamás corrigió su propio error, escudándose en excusas que no resisten ni el primer análisis.

-Tenemos una Asamblea Legislativa que, le guste o no le guste el resultado a la oposición, estaba dentro de su pleno derecho constitucional de devolver esa nómina defectuosa, porque el artículo 164 le pertenece a ella, no a cuatro magistrados con complejo de superhéroe institucional.

-Tenemos una Sala IV que decidió, por mayoría de cuatro contra el resto del tribunal, disfrazar un nombramiento nuevo de “prórroga transitoria”, inventándose una figura jurídica que no existe en ninguna norma vigente, ignorando deliberadamente un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya resolvía el problema sin necesidad de usurpar competencias ajenas, y usando un recurso de amparo —diseñado para proteger derechos individuales— como ariete para derribar la separación de poderes consagrada en el artículo 9 constitucional.

Y tenemos, coronando este pastel podrido, una oposición completa que en lugar de exigirle a la Sala IV fundamento jurídico real, en lugar de leerse aunque sea un análisis serio como el de Volio antes de abrir la boca en cámara, prefirió el aplauso fácil y coreografiado, porque el resultado les convenía para seguir sosteniendo, un día más, el relato del lobo feroz que ellos mismos llevan meses pintando en la pared para asustar a un pueblo que cada vez confía menos en sus propias instituciones y cada vez entiende menos por qué.

Aquí no hubo golpe de Estado de nadie contra nadie, como grita el oficialismo con su querella de prevaricato bajo el brazo. Pero tampoco hubo, contrario a lo que jura esa oposición unida en coro perfecto, un triunfo glorioso de la Constitución.

Hubo una Sala IV que se creyó con licencia divina para legislar desde el estrado sin que nadie del otro lado del país le pidiera explicaciones, y hubo una oposición entera que, en vez de exigir seriedad jurídica y rigor constitucional, prefirió el aplauso reflejo porque el resultado favorecía su narrativa del miedo permanente.

Y mientras tanto, el pueblo —ese mismo pueblo que estos señores dicen defender con tanta vehemencia cada vez que hay una cámara encendida— sigue sin enterarse de que la Constitución que todos invocan con tanta solemnidad es, precisamente, la misma que se saltaron para llegar hasta aquí. Que quede constancia: el problema nunca fue el bloqueo.

El problema es que ya nadie, ni siquiera quienes deberían custodiarla, se toma en serio la Constitución cuando estorba el resultado que quieren.

Fuentes:

La Nación — “Así responden Yara Jiménez y Pueblo Soberano a resolución de Sala Constitucional sobre elección de magistrados suplentes”

El Financiero — “Choque de poderes: Sala Constitucional frena bloqueo legislativo y desencadena un anuncio de acción legal del oficialismo”

La Nación — “Álvaro Ramírez sobre querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional: ‘Hacer cumplir la Constitución jamás puede ser un golpe de Estado'”

La Nación — “Frente Amplio: ‘Ellos son los que han intentado sabotear al Poder Judicial'”

Delfino.cr — “Oposición critica acusaciones del Ejecutivo contra la Sala IV”

La Nación — “Yara Jiménez, presidenta del Congreso, anuncia querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional: los acusa de prevaricato”

CRHoy — “Cuatro fracciones apelan nueva devolución de lista de magistrados; PPSO la rechaza”

Monumental — “Oposición señala de ‘peligroso’ que gobierno calificara de ‘Golpe de Estado’ decisión de magistrados de Sala IV”