Lea bajo su propio riesgo

Advertencia:esta advertencia de hoy va dirigida al Gobierno: con razones o sin ellas, debería planificar mejor cómo maneja estos asuntos, antes de que un comunicado se convierta en tormenta mediática. No vengo a defenderlos, pero sí a exponer varias cosas que es necesario aclarar.

Costa Rica se baja del cohete: cierran la Agencia Espacial que nunca despegó

Hoy me tocó ese día y debo decir, que duele. Ese día donde toca sentarse, tomar aire, y tirarle duro a una decisión de este Gobierno, sin vueltas, sin maquillaje y sin buscarle el lado gracioso al asunto.

El Gobierno de la presidente Laura Fernández anunció que va a impulsar el cierre de la Agencia Espacial Costarricense, derogando la ley que la creó en 2021. Y antes de que alguien salga con el numerito de “es que Costa Rica nunca necesitó eso”, vamos a hablar en serio, con los hechos sobre la mesa, porque esto no es un capricho ideológico mío ni una rabieta gratuita: es una decisión que tiene razones de fondo legítimas, tiene consecuencias serias que nadie está discutiendo con la seriedad que merecen, y tiene, sobre todo, una alternativa obvia que este Gobierno no está poniendo sobre la mesa.

Vamos por partes.

Costa Rica tuvo, durante cinco años, una Agencia Espacial.

En un país donde conseguir una cita en la Caja toma más tiempo que planificar una misión orbital, tuvimos, en el papel, una institución dedicada al espacio. Y ahora, cinco años después, la propia ministra de Ciencia, Paula Bogantes, confirma lo que ya se sabía desde hace tiempo: la agencia “no ha pasado del papel”.

No hay director ejecutivo nombrado, no hay terreno para la sede, no hay presupuesto ejecutado, no hay reglamento que se pueda cumplir tal como está escrita la ley. Cinco años de absoluto vacío institucional.

Lo que dice el Gobierno (y no le falta razón)

Y aquí, mis estimados, es donde toca ser honestos aunque duela: el Gobierno tiene razón en el diagnóstico. La Ley 9960 fue una chapucería legislativa de 2021, aprobada con el mismo entusiasmo naíf con que se aprueban las cosas en este país cuando suenan bonito en el titular.

Se exigían requisitos imposibles para nombrar director ejecutivo. Se ató el financiamiento a un superávit libre de instituciones no financieras que nadie sabía cómo calcular ni de dónde saldría.

No había terreno para la supuesta sede en Guanacaste. No había estructura organizacional. Cinco años de absoluto vacío institucional, adornado con el nombre más pomposo posible: “Agencia Espacial”.

Así que cuando la ministra dice que esto fue una ley que nació muerta, no está exagerando. Está describiendo un cadáver institucional que llevamos media década velando sin enterrar.

Ahora bien. Que el diagnóstico sea correcto no vuelve automáticamente inteligente la solución, y aquí es donde este Gobierno, como buen heredero de la tradición nacional de resolver problemas complejos con la sutileza de un machetazo, decide que la respuesta a “esto no funcionó” es “entonces no hagamos nada, ni ahora ni nunca”.

Porque derogar la ley no es reformarla.

No es corregir los requisitos absurdos para el director.

No es destrabar el financiamiento.

No es negociar con las universidades públicas o el sector privado aeroespacial que sí existe en este país —sí, existe, pregúntenle a Ad Astra Rocket en Liberia, pregúntenle a Franklin Chang, que en su momento fue a la Asamblea a rogarle a los diputados que no mataran esto porque el negocio espacial mundial mueve miles de millones y setenta agencias internacionales ya están sentadas en esa mesa.

Derogar es simplemente cerrar la puerta, apagar la luz y decir “aquí no había nada que ver”. Es la política pública entendida como control-Z: si algo no funcionó al primer intento, borrar el archivo entero en lugar de editarlo.

Lo que se pierde con el cierre

Y seamos justos con el otro lado también, porque este espacio no es para el griterío gratuito: los contras de cerrarla son reales y hay que decirlos con la misma dureza.

Cerrar la agencia manda una señal internacional clara de que Costa Rica no tiene vocación de largo plazo en un sector que, guste o no, está definiendo la próxima década de innovación tecnológica, desde telecomunicaciones satelitales hasta observación climática, pasando por toda la cadena de proveeduría aeroespacial que países mucho más pequeños que el nuestro sí están aprovechando.

Perdemos capacidad de negociación institucional en foros internacionales —porque no es lo mismo sentarse como Micitt “atendiendo el tema de rectoría” que sentarse como agencia especializada con interlocución directa.

Y perdemos, sobre todo, la señal hacia adentro: la de decirle a un chiquillo de colegio científico que sueña con ingeniería aeroespacial que este país, aunque sea de papel, tenía una institución con su nombre puesto.

Ese símbolo, insustancial como era en la práctica, valía algo. Cerrarlo sin reemplazarlo por nada concreto es, en el mejor de los casos, pereza institucional disfrazada de eficiencia; en el peor, es la confirmación de que a este país nunca le importó de verdad tener una política espacial, solo le importó tener el titular de que la tenía.

La alternativa que nadie quiere hacer

Así que aquí viene la parte que a este Gobierno, y a los anteriores, y a los que vengan, les cuesta entender: el problema nunca fue querer que Costa Rica tuviera gente formada en ingeniería aeroespacial.

El problema fue creer que la solución era inventar una agencia burocrática de papel en lugar de invertir directamente en las personas.

Entonces la pregunta lógica, la que nadie en Cuesta de Moras se está haciendo porque requiere más trabajo que firmar un proyecto de derogatoria, es: ¿y el dinero que nunca se giró, y el que se iba a girar, para dónde se va ahora? Porque si la respuesta es “para el fondo común de nada”, entonces esto no es una decisión de eficiencia, es simplemente resignación con membrete oficial.

Lo lógico, lo que un país mínimamente serio haría, es tomar esa plata fantasma que jamás llegó a financiar un edificio en Guanacaste y convertirla en algo que sí se pueda tocar: becas reales, específicas, competitivas, para estudiantes sobresalientes de universidades públicas y privadas que ya imparten ingeniería aeroespacial, mecánica, civil, electrónica orientada a sistemas satelitales.

No un fondo genérico que se diluye en el purgatorio de Hacienda, sino un mecanismo con nombre y apellido, auditable, con metas claras, que le diga a un estudiante del TEC o de la UCR: “aquí tiene la plata para especializarse afuera, y aquí tiene la obligación de traer ese conocimiento de vuelta”.

Y de paso, construyamos lo que sí falta: una plataforma seria de cooperación académica que conecte a estos estudiantes con universidades donde esta disciplina lleva décadas de ventaja.

El Caso real.

Y no, esto no es un ejercicio hipotético de “imagínese si tuviéramos gente así”.

Ya la tenemos. Ariana Argüello Cordero, Herediana de cepa, es la primera mujer latinoamericana y la primera persona costarricense en graduarse en Ingeniería en Sistemas Espaciales y Astronáutica en Rusia, formada en la Universidad Nacional Aeroespacial de Samara. Es un centro líder mundial en ingeniería aeroespacial, diseño de cohetes y construcción de satélites. Sí, allá en Rusia.

Léalo de nuevo: primera mujer de toda Latinoamérica, no solo de Costa Rica, en esa carrera, en esa universidad. Y lo logró sin agencia espacial, sin beca estatal con su nombre, sin ningún despliegue institucional detrás.

¡A puro mérito propio!

Imagínese lo que se podría lograr si, en lugar de sostener una ley zombi que nunca tuvo director ni terreno ni presupuesto, este país canalizara recursos reales hacia diez, veinte, cincuenta estudiantes más siguiendo ese mismo camino, pero con respaldo institucional real detrás en lugar de tener que abrirse paso solos en el sistema ruso, chino, europeo o estadounidense.

Pero no, eso requeriría trabajo de verdad: diseñar un programa de becas con criterios técnicos, negociar convenios académicos, dar seguimiento a resultados durante años, rendir cuentas de que la plata sí se usó.

Es muchísimo más fácil presentar un proyecto de derogatoria, decir que “la ley nació mal” —que es cierto— y darse una palmadita en la espalda por haber “limpiado” el aparato estatal de una institución fantasma, sin haber construido absolutamente nada en su lugar.

Así que felicidades, Gobierno: identificaron correctamente el cadáver.

Lo único que les faltó fue la parte difícil, la que de verdad importa, la de construir algo que valiera la pena en su lugar. Pero bueno, para qué apuntarle a las estrellas si ni siquiera hemos logrado despegar del papel.

Cierre

Y sí, hay que reconocerlo: crear una institución sobre el papel, sin director, presupuesto ni estructura para funcionar, estuvo mal. En eso el Gobierno tiene razón. Pero reconocer ese error no debería significar simplemente cerrar la puerta y seguir como si el tema hubiera terminado.

Si la agencia no funcionó, entonces invirtamos en lo que sí puede funcionar: becas, formación especializada, investigación, tecnología y cooperación internacional. Construyamos oportunidades para los estudiantes y profesionales que ya están demostrando que Costa Rica tiene talento para competir en esta área.

Porque el sector espacial no es una fantasía ni un lujo. Será parte de una industria tecnológica que durante las próximas décadas va a necesitar profesionales en ingeniería, robótica, telecomunicaciones, satélites y muchas otras áreas.

La Agencia Espacial puede desaparecer. La política espacial no debería hacerlo.

Porque una cosa es cerrar una institución que nunca despegó.

Y otra muy distinta es cerrar la puerta a una generación que apenas está empezando a mirar hacia las estrellas.